El Gobierno nacional anunció la semana pasada dos medidas que según economistas presentan un “fuerte impacto negativo en el déficit fiscal” y también en las finanzas de las provincias, algo que sólo podría revertirse si se dan una serie de supuestos en la aplicación con éxito de aquellas decisiones.
Se trata de la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la devolución del IVA para el consumo de bienes esenciales, acciones con las cuales el ministro de Economía, Sergio Massa, intenta levantar el aplazo social ocasionado por el fuerte salto inflacionario.
Estas medidas regirán únicamente para lo que queda de este 2023 (100 días), pero Massa estira los plazos para el año próximo, cuando en la Casa Rosada ya esté instalado un nuevo Gobierno.
“Sin embargo, en un contexto de alta inflación, las mismas muestran una gran imprudencia e irresponsabilidad ya que al profundizar el déficit fiscal aumentan el riesgo de descontrol inflacionario. Asimismo, las medidas generarán mayor inflación en los próximos meses con lo cual el alivio que proveen será efímero”, alertó el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El trabajo del director del IIE, Ariel Barraud, considera que un elemento clave de las medidas es que el nivel de gobierno que las decide y anuncia no es el único que afronta los costos fiscales asociados a la menor recaudación neta que generarán.
Esto es así porque en este caso se afectan los ingresos de los dos principales impuestos de la estructura de recaudación a nivel país, que a su vez fondean la mayor parte de la masa coparticipable automáticamente con las provincias.
Barraud explica que en el caso de Ganancias, $60 de cada $100 recaudados terminan en la esfera provincial a través de la Ley de Coparticipación y modificatorias.
Por su parte, el IVA tiene asociado un reparto legal tal que llega a las provincias $54 de cada $100 que se paga del tributo por operaciones económicas en todo el territorio argentino.
Estas mismas cifras deben considerarse cuando se tienen en cuenta cuántos pesos no se recaudarán como consecuencia de las medidas en marcha.
La queja cordobesa
El gobernador Juan Schiaretti fue uno de los pocos que alertó sobre las consecuencias de las medidas para las arcas provinciales, aunque en el acto recogió críticas de parte de quienes sostienen al candidatura presidencial de Massa, inclusive de intendentes cordobeses que adhieren al kirchnerismo.
En otra instancia, cuando el gobierno de Mauricio Macri quiso disminuir el impacto de tributos coparticipables, fueron los propios gobernadores los que le salieron al cruce y plantearon un recurso judicial. Ahora nada de eso sucede.
Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba, explicó ante una consulta de La Voz la naturaleza del problema.
“Que hay que bajar la presión tributaria en la Argentina es indudable. Pero hacerlo en las actuales condiciones inflacionarias y sin contar con una compensación financiera es extremadamente contraproducente”, planteó.
Como dice el informe de la Bolsa, “el ministro consideró que a la mayor parte del esfuerzo lo deberán hacer las provincias y sus municipios”.
“La organización federal nuevamente fue vapuleada. Pero lo más preocupante es la parte a cargo de la Nación que se financiara con mayor emisión monetaria. Agregar emisión cuando la inflación mensual ya está en los dos dígitos es temerario”, advirtió.
Más emisión e inflación
La puntualización viene al caso porque ese paquete que depende de la emisión tiene más cosas adentro: un bono de $37,000 mensuales a jubilados y pensionados que cobren la mínima, una suma fija de $60,000 para empleados públicos (y el sector privado), un refuerzo de $25,000 por única vez a empleadas de casas de familia del cual el 50% será reembolsado por el Estado y un refuerzo de ingresos de $20,000 para los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo y un refuerzo de $10,000 a $23,000 en la Tarjeta Alimentar.
Barraud puntualiza que buena parte de la supervivencia de ambas medidas está atada a la suerte electoral de Massa. Es difícil que se mantengan si ganan Patricia Bullrich (JpC) o Javier Milei (LLA). Pero la Argentina ha demostrado que muchas veces es complejo torcer lo que ya está escrito, la historia del “transitorio” impuesto al cheque así lo demuestra.
El trabajo del IIE estima que el costo fiscal de la elevación del piso de ganancias es de $1 billón (un millón de millones de pesos), mientras que el techo de las devoluciones de IVA se acercaría a los $500 mil millones. Es decir que ambas medidas tienen un impacto negativo directo sobre la recaudación equivalente al 1% del PIB.
Cabe explicar que el monto tope de devolución de IVA es de $18.800 por persona con un universo potencial de 9 millones de personas,
Aquí vale una larga explicación para darle dimensión al impacto de las medidas. “La anualización de las mismas, es decir lo que ocurriría si formaran parte de una política tributaria permanente, implicaría una menor recaudación de Ganancias por unos $3 billones, y un monto de devolución de IVA que haría caer la recaudación neta del tributo en $1,25 billones. Estos valores anuales, sumados, equivalen a un 2,8% del PIB”, advirtió Barraud.
Cómo ponen los que ponen
Las provincias y CABA corren con el costo del 58% de las medidas a través de una menor coparticipación, mientras que el 42% restante es aportado por menor recaudación para el nivel nacional, de hecho, el Tesoro Nacional aporta el 36% y ANSES completa con el 6% restante a través de menores ingresos tributarios, menciona la Bolsa.
En lo que queda del año, las provincias se repartirán $ 866 mil millones menos.
“La distinta estructura de recaudación y autonomía provincial se refleja en el hecho de que el menor monto ingresado por coparticipación equivale al 2% de la recaudación propia de CABA, al 11% de la de Córdoba, pero en el caso de jurisdicciones con baja recaudación relativa como Formosa, por ejemplo, implican un monto que representa el 76% de la recaudación anual”, subraya el economista del IIE.
Además, en promedio las provincias resignarán financiamiento del 2,8% de sus gastos primarios, con una heterogeneidad en la afectación entre las distintas jurisdicciones.
El economista Nadin Argañaraz le asigna una chance a que las provincias no pierdan plata hasta fin de año, siempre y cuando el esquema funcione.
“Bajo el supuesto que los 20 millones de personas hagan uso pleno del reintegro, el costo mensual sería de $376.000 millones, equivalente a $1.128.000 millones (0,63% del PIB) hasta fines de noviembre cuando vence”, explicó.
Cuando las personas consumen $89.500 durante un mes, terminan de recibir los $18.800. “Al consumir el reintegro, el fisco nacional, los fiscos provinciales y municipales cobran tributos. En este trabajo se considera un 22% de recaudación conjunta de IVA y Ganancias, un 5% de ingresos brutos provincial y un 3% de TISH municipal”, puntualiza.
Es decir que sobre los $376.000 millones mensuales, “la Nación recauda el 10% (46% de la suma de IVA y Ganancias), Provincias y CABA el 12% (54% de la suma de IVA y Ganancias), Provincias por ingresos brutos el 5% y municipios por TISH municipal el 3%”, detalló.
