Pese a que la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad en marzo de 2023 la ley que permite la reparación de los legajos laborales de agentes de la administración pública provincial que desaparecieron o fueron asesinados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura, hasta ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia recibió una única solicitud de reparación. Es la que corresponde al subcomisario desaparecido Ricardo Fermín Albareda.
Con ese acto habría comenzado la secuencia que terminó a principios de agosto en el asesinato de la viuda de Albareda, Susana Montoya, a manos de su hijo Fernando Albareda, detenido como único responsable de ese crimen. La indemnización de 76 millones de pesos que la familia reclamó a la Policía tras ese reconocimiento sería una de las causas de ese desenlace.
Según lo que se informó desde la Provincia, se trató de la única actuación en el marco de la ley 10.874 de reparación de legajos.
El juicio por la causa Albareda fue paradigmático en la Justicia Federal de Córdoba, ya que permitió visibilizar el accionar represivo de la Policía, particularmente del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, D2. El subcomisario y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ricardo Fermín Albareda, fue secuestrado en Cruz Roja y Nores Martínez por personal del D2 y llevado a la denominada Casa Hidráulica, ubicada en márgenes del lago San Roque, donde lo torturaron brutalmente hasta su muerte, en la sospecha de que mantenía contactos con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Por esos hechos, en 2009 fueron juzgados y condenados Luciano Benjamín Menéndez (prisión perpetua), Rodolfo Aníbal Campos (prisión perpetua), César Armando Cejas (prisión perpetua), Miguel Ángel Gómez (16 años) y Calixto Flores (absuelto primero y luego condenado a seis años). Con ese antecedente judicial, la Provincia consideró que correspondía la reparación del legajo del subcomisario Albareda.
Así, en marzo de 2024, un decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora, los ministros Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, ordenó al Archivo Provincial de la Memoria que proceda a la reparación del legajo de Albareda, que al momento de su desaparición, revestía como subcomisario en la División de Comunicaciones de la Policía.
“Ricardo trabajó en la Dirección de la Policía de Tránsito Municipal y se desempeñó como subcomisario de la Policía de la Provincia. Además, militaba en el PRT. Fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979, torturado y asesinado en el Centro Clandestino Casa de Hidráulica a la vera del Lago San Roque. Tenía 37 años y aún continúa desaparecido”, indicaba el parte de prensa del acto de homenaje que el 24 de mayo pasado organizaron la Provincia y la Municipalidad de Córdoba al entregar el legajo reparado a su familia. Albareda había sido exonerado de la Policía tras su desaparición y la reparación de su legajo significó la restitución del estado policial.
Trámite administrativo
De inmediato, la viuda de Albareda –que fue asesinada a principios de mes– y su hijo Fernando, iniciaron un trámite administrativo en la Policía de Córdoba para que se otorgue el ascenso post mortem por mérito extraordinario que corrende a los caídos en servicio. Ese reconocimiento tiene un correlato económico, que en este caso ascendió a 76 millones de pesos. La indemnización aún no fue pagada, ya que antes de que eso ocurriera Montoya fue asesinada y su hijo fue detenido como único acusado.
El 10 de mayo pasado, una resolución firmada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, consideró procedente el ascenso a Comisario de Albareda, con fundamento en el artículo 41 inciso b) de la Ley N° 9728 (del personal policial) y su Decreto Reglamentario N° 763/2012, a partir de la fecha del Decreto 120/2024.
“En cuanto a la solicitud de pago del subsidio previsto en el art. 114 de la Ley N° 9728, corresponde su otorgamiento a ambos comparecientes, teniendo en cuenta para su cálculo el importe del haber mensual correspondiente al grado al que fuere ascendido el extinto señor Ricardo Fermín Albareda”, dice la resolución.
Además, se concede el pedido de modificación de los haberes que percibía Montoya, en su condición de viuda del personal policial desaparecido. La totalidad de los beneficios suma 76 millones de pesos. Por estas horas se espera que un dictamen jurídico determine si corresponde el pago, en qué cuantía y a quiénes, dado el asesinato de Moyano y la detención de Fernando Albareda. La mujer tenía otro hijo y nietos de una hija fallecida.
No obstante, no es la ley provincial de repación de legajos la que establece el pago de indemnizaciones. En el caso Albareda, el subsidio se concedió en virtud de la ley que rige al personal policial, que prevé el ascenso automático de los fallecidos en actos de servicio.
Larga historia a nivel nacional
La reparación de legajos comenzó a nivel nacional en 2006, en el marco de la política de Memoria, Verdad y Justicia. Desde entonces, los organismos de derechos humanos comenzaron a reconstruir qué había pasado con los trabajadores desaparecidos en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación. Seis años después, la tarea fue ratificada por el decreto 1199/2012, que dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de más de 130 estatales. A la fecha, son más de 500 los legajos reparados.
Ante cada reparación del legajo original por parte del Estado, se entregó una copia a la familia en un acto público en el lugar de trabajo, con los trabajadores actuales y los excompañeros. También se impulsó desde el Estado nacional que los hijos de esos trabajadores desaparecidos o asesinados puedan incorporarse en esas dependencias.
A nivel nacional, en diciembre de 2021 el Senado de la Nación también transformó en ley, por unanimidad, la repación de legajos para el sector privado. La norma dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de las y los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado, que revistaban como personal en relación de dependencia de empresas privadas.
En los fundamentos de esa legislación se lee que la reparación documental del legajo de un desaparecido significa que, a partir de ese acto administrativo, figure el verdadero causal del cese de la relación laboral, es decir, que han sido desaparecidos y/o asesinados por razones políticas. Se suele dejar constancia de que no que dejaron de ir a trabajar por su propia voluntad (lo que se deduce por ejemplo del término “Abandono de Servicio”). O, cuando figura que han renunciado, se deja asentado que no lo han realizado por propia voluntad. Es decir, se registra que fueron forzados a la dimisión por la persecución política, que les impedía continuar asistiendo a sus trabajos porque era un lugar donde podían ser localizados, secuestrados y desaparecidos con mayor facilidad por las fuerzas represivas.
