El Tribunal de Cuentas de la Provincia intimó al Ministerio de Justicia para que, en el plazo de 15 días, sume al expediente administrativo los “antecedentes, patología, historia clínica y receta, con fecha cierta de cada paciente” detenido que recibió vasodilatores (sildenafil y tadalafilo), anticonceptivos y medicamentos para la alopecia.
Tanto el sildenafil como el tadalafilio se indica en casos de hipertensión pulmonar y en la hiperplasia prostática benigna, más allá del tratamiento para la disfunción eréctil, explicó el Servicio Penitenciario Córdoba.
La polémica
El Tribunal de Cuentas de la Provincia, controlado por el juecismo, cuestiona cuatro ítems de un lote de medicamentos adquiridos por el Servicio Penitenciario.
Los medicamentos bajo la lupa por parte de la oposición son: Magnus 100 (sildenafil, vasodilatador), Magnus 36 (tadalafilo, vasodilatador), Momentum (tadalafilo, vasodilatador), Flocres (finasteride, para la alopecia), Norgestrel Max (anticonceptivo de emergencia) y los anticonceptivo Kali y Femexin 28.
En el caso de Magnus 36 por 20 mg., la factura cuestionada es por 948.961 pesos; la de Magnus 100 mg., 317.944 pesos; y no está detallado cuánto costó el Momentum 5 mg., puesto que fue adquirido junto con otras drogas.
El total de la compra cuestionada es de 1.131.33 pesos. Los proveedores son la farmacia Moderna y la droguería Líder, informó Beltrán Corvalán, vocal del Tribunal de Cuentas por la mayoría juecista. Las facturas corresponden a los años 2023 (Magnus 100 mg.) y 2024 (el resto de los medicamentos cuestionados).
La información fue solicitada por la Fiscal del Tribunal de Cuentas, Malena Martínez. Se trata de la hija de Ernesto Martínez, una de las principales espadas de Luis Juez. Los vocales del organismo son Corvalán y María Fernanda Leiva, también del riñón del líder del Frente Cívico. En minoría está la schiarettista Silvina Rivero.
La explicación del Gobierno
El jefe de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salani (MP 24153/7), detalló que el sidelafil se utiliza para el tratamiento de un paciente con hipertensión pulmonar, que es una de las prescripciones posibles.
“Si bien esta droga se utiliza para tratar la disfunción eréctil, en el Servicio Penitenciario no se usa para eso, sino para la hipertensión pulmonar”, dijo Salani.
El otro vasodilatador cuestionada por el Tribunal de Cuentas, el tadalafilo, “se usa para el prostatismo” y es “indicado por servicios de urología de hospitales externos” al Servicio Penitenciario.
El jefe de sanidad del Servicio Penitenciario detalló en un informe que en 2024 cuatro internos tenían indicadas estas medicaciones, dos por hipertensión pulmonar y otros dos por hiperplasia prostática. Este año son sólo tres.
Efectivamente, el vademécum confirma que esas drogas están prescriptas para la hipertensión pulmonar y para la hiperplasia prostática benigna. Por eso la oposición reclama los diagnósticos que se corresponden con la medicación “suscripta por un profesional competente del área de salud”.
Anticonceptivos
En cuanto al uso de “la píldora del día después” (anticonceptivo de emergencia), el médico explicó que el SPC cuenta con stock del mismo porque “hay internas a las que les fallan los métodos anticonceptivos físicos”.
“Tenemos que tener esta medicación para casos de urgencia”, dijo el funcionario, quien también aclaró que los anticonceptivos tradicionales se utilizan para tratamientos crónicos en el caso de las internas que tienen visitas conyugales.
Respecto del uso que se le da en el servicio médico del SPC a los anticonceptivos sin estrógenos, Salani detalló que se utiliza para producir la amenorrea.
En cuanto al uso del finasteride (que tiene entre sus prescripciones el tratamiento de la alopecia), Salani dijo que son recetados por urólogos externos al Servicio Penitenciario.
Salani agregó que entre los medicamentos poco usuales que adquiere el SPC hay “cremas humectantes, champús para internos que tienen psoriasis y preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual”. Estos productos cuentan, de acuerdo con la explicación que dio el SPC, con “requerimientos judiciales de que esto así se cumpla.
