Hay un contexto que es indispensable tener en cuenta para analizar el prolongado conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios estatales: la caída de la recaudación y salarios que pierden contra la inflación.
En este escenario, los gobernantes cuidan la caja para no caer en déficit, y los trabajadores reclaman mejorar sus ingresos.
El trasfondo es la economía nacional. Por eso, en los últimos días se escuchó en el Centro Cívico y en el primer piso de Tribunales I, sede del Tribunal Superior de Justicia(TSJ), una conclusión coincidente: “Los trabajadores estatales deberían ir a reclamarle a Milei”.
Esa definición culpa a la economía nacional por la situación. Es un modo de tirar la pelota afuera. Aunque también hay condimentos locales en este conflicto.
Los funcionarios llaryoristas están convencidos que los estatales –por tener estabilidad laboral garantizada– reclaman aumentos por sobre el promedio que se discute en el sector privado.
Mientras que los gremios consideran que para el gobernador los salarios son un gasto, que no le reditúan electoralmente. De allí, la dureza Martín Llaryora a la hora de negociar.
La solución no aparece en el horizonte cercano, pero no hay conflicto salarial que no haya terminado.
Optimismo oficial
El Gobierno provincial está cerca de firmar con el SEP. Es probable que no pase del martes próximo. Será un acuerdo con el segundo gremio estatal más numeroso, después de los docentes (UEPC), que arregló la paritaria en marzo pasado.
Aunque si la inflación no baja, es probable que la UEPC pida volver a negociar. Eso sería recién en julio. Hoy, en el Centro Cívico piensan en los próximos días.
La situación de los judiciales es más compleja. Los empleados provinciales reclaman la “equiparación” salarial con sus pares de la justicia federal.
Este conflicto se parece bastante a lo que sucedió en el año 2022 en el sector de Salud provincial: muchos profesionales disconformes con sus salarios, a lo que se agregó una fuerte injerencia de los autoconvocados, que desconfían de las representaciones gremiales.
Aunque en el caso de los judiciales, el gremio que conduce el peronista Federico Cortelletti se puso al frente de los reclamos. Los próximos días serán claves.
En el Gobierno hay optimismo de que podrá acordar con el segundo gremio más numeroso. Aunque el próximo jueves los estatales estarán unidos en el reclamo en las calles, toda una preocupación para la gestión llaryorista.
