“La historia del peronismo es la historia de los sindicatos, no nos equivoquemos. Siempre han sido socios políticos y militantes de sus respectivos intereses. Le pasó a (Raúl) Alfonsín, que padeció paros salvajes, les pasó a las gestiones radicales en la provincia, nos pasó a nosotros cuando fuimos gestión en la Municipalidad. Si el gobierno es peronista, los gremios son funcionales”.
La frase es del legislador provincial Marcelo Cossar, que fue primero viceintendente y luego secretario de Modernización en las intendencias de Ramón Mestre.
Y agrega: “Es lo que ocurre ahora en la ciudad. No es que el intendente Llaryora está luchando cuerpo a cuerpo con el sindicalismo duro de Córdoba. Es una puesta en escena. La verdad es que son socios políticos y han caminado juntos las seccionales de la Capital en la última elección local. Ahora estamos viendo los resultados de esa alianza”.
La afirmación está dirigida al Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac). El exfuncionario mestrista asegura que en la campaña de 2019, los Saillén –los hombres fuertes de ese gremio– tuvieron una participación activa a favor de Llaryora y de la diputada nacional Alejandra Vigo.
Lo indiscutible es que el Surrbac ya no se muestra combativo como unos años atrás. Y eso que en la gestión de Mestre no le fue nada mal: Julio Mauricio Saillén y Pascual Catrambone afianzaron su poder en el sindicato, en las empresas que se sumaron al servicio de recolección y en el ente municipal Esop, hoy Córdoba Obras y Servicios (Coys).
Por ejemplo, toda la comisión directiva del gremio recaló en el ente. Y todos cobraban sueldo, incluso los que tenían licencia gremial. En la actualidad, desde el Coys aseguran que sólo se pagan los sueldos de quienes trabajan, y que las licencias gremiales las paga el Surrbac.
También es cierto que, en 2019, la Justicia comenzó a investigar al Surrbac, pidió la intervención al sindicato y a la obra social y procesó y detuvo a Saillén y a Catrambone. En las distintas causas judiciales, también hay exfuncionarios de la administración Mestre.
Saillén pretende reasumir la conducción del gremio, pero la Justicia le negó esa posibilidad días atrás. Si bien mantiene el poder a través de sus hijos Juan y Franco, no tiene el mismo perfil de antes. Todo lo contrario: asegura que cumple horario de trabajo y de modo permanente manifiesta su actitud de colaboración y difunde las acciones del municipio en materia de higiene urbana en tono casi propagandístico.
“Franco y Juan están intentando cambiar la imagen del gremio. Por eso colaboran como lo hacen con nosotros”, comentó en estricto off the record una alta fuente municipal.
Esa colaboración es evidente: el Surrbac aceptó pagos no remunerativos al inicio de la gestión Llaryora y semanas atrás también fue el primer sindicato en aceptar la tarjeta Activa, por la que siete mil pesos del sueldo de los recolectores se pagarán a través de ese programa que lanzó Llaryora para reactivar los comercios de cercanía, y que es resistido por el Suoem.
Buena parte de esa relación entre el Surrbac y el municipio se resuelve a través del Coys, el ente que dirige Victoria Flores.
Ese ente municipal contaba hasta diciembre de 2019 con la misma cantidad de empleados que en la actualidad –unos 1.300– y sólo realizaba tareas de barrido manual de la ciudad. Hoy, tras una inversión de casi 350 millones de pesos en equipos, con el mismo personal multiplicó la cantidad de servicios que presta. La colaboración del Surrbac es clave para ese cambio.
La Voz pidió un entrevista con representantes del sindicato, pero no obtuvo respuesta.
