La cordobesa Soher El Sukaria, designada a mediados de agosto como interventora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, quedó en el centro de otra polémica. Luego de que la oposición cuestionara su designación “a dedo”, se conoció que esta semana nombró como funcionarios del organismo a cinco miembros de su círculo íntimo e integrantes del PRO de Córdoba que ganarán sueldos de hasta $3.500.000, lo mismo que un legislador provincial de Córdoba.
Los nombramientos fueron efectuados entre el 18 y el 19 de septiembre, y sobresale el de Pablo Steinaker como secretario general de la Defensoría. Steinaker es secretario privado y mano derecha de El Sukaria, y ganará $3.500.977,56, el equivalente a un secretario de la Cámara de Diputados, sin el concepto de desarraigo.
La dirigente del riñón macrista designó además a tres directores generales, que pasarán a percibir $3.354.721,11 (también, en este caso, equivalente al salario de un director de la Cámara baja sin desarraigo). Son Edith María Luisa Córdoba, nombrada como directora Administrativa; Lucía De Bernardi en el área de Protección de Derechos; y Adolfo “Fito” Enrique Almada en Planificación Estratégica e Investigación.
Córdoba es contadora y miembro del tribunal de cuentas del PRO a instancias de El Sukaria. De Bernardi es abogada, “coach ontológica” y líder de la Juventud del PRO de Córdoba Capital, también cercana a la macrista. Y Almada es asambleísta provincial del partido y comerciante de artículos de informática en Tancacha, en Tercero Arriba.
El listado de designaciones se completa con Emiliano Sebastián Herrera, colocado en “planta temporaria” para “cubrir tareas de asistencia directa y asesoramiento a la titular interina del organismo”. Herrera es abogado laboralista, exjefe de despacho de El Sukaria y presidente de la Seccional Segunda del PRO Córdoba. Ganará $1.771.711,331, el equivalente a 845 módulos, la unidad de medida que se negocia en la paritaria legislativa nacional.
Defensa de El Sukaria
La Voz consultó a El Sukaria, quien defendió las designaciones al explicar que fue nombrada como interventora para auditar a esa dependencia en la que trabajan 143 personas que íntegramente fueron nombradas por el kirchnerismo y La Cámpora. “Fueron designadas cinco personas con perfiles profesionales adecuados. ¿Cómo voy a conducir y auditar un organismo sin poder controlar sus áreas administrativas y sin asesoramiento legal?”, indicó.
La exconcejal por la ciudad de Córdoba también indicó que la información trascendió porque esta semana firmó una resolución que obliga a todo el personal a trabajar de manera presencial. “Para poder realizar la tarea que me fue asignada tengo que contar con firma habilitada de mi equipo y con profesionales capaces de manejar los recursos y proveerme la información necesaria”, explicó.
El Sukaria también indicó que hasta ahora no encontró ninguna razón para que la Defensoría del Público siga existiendo a futuro. “Lo que se observa es que se trata de un organismo creado para apretar o condicionar a los medios de comunicación críticos al kirchnerismo”, dijo la funcionaria, que atribuyó a ese sector político la difusión de los datos de las personas que acaba de designar.
Denuncia de Carro
la polémica fue encendida por el diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. “No combaten la casta, la agrandan. El Sukaria nombró a cinco militantes del PRO Córdoba en la Defensoría del Público”, denunció, y agregó que los elegidos carecen de “formación en comunicación y experiencia en auditoría”.
Carro había cuestionado la designación de El Sukaria como interventora de la Defensoría, un organismo creado con la Ley de Medios y dedicado a defender los derechos de las audiencias, que el PRO quiere cerrar (hay un proyecto de ley presentado por la diputada Silvana Giudici con ese objetivo). La misión de la exconcejal es realizar una auditoría patrimonial y funcional del organismo para finalmente determinar si corresponde una readecuación o su disolución definitiva.
Carro había advertido que la dirigente macrista (que en su nuevo cargo percibe el equivalente a un diputado nacional, $4.413.601,25) fue nombrada “a dedo” por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, siendo que la elección del titular le corresponde a una comisión bicameral del Congreso con participación plural de las fuerzas políticas. Esa bicameral se encuentra inactiva desde mediados de 2021.
“Hubiera correspondido que cumplieran con la ley. Que constituyeran la bicameral y que fuera ésta la que designara al defensor o defensora. Incluso se lo podría haber hecho con el mandato de una auditoría”, afirmó Carro en diálogo con La Voz. Para el legislador, “el problema es que no tienen los votos”.
“No quieren auditar, quieren colocar a sus planeros VIP para llenarse los bolsillos mientras los jubilados la sufren. Y al mismo tiempo, mientas destruyen el sistema de medios públicos, ocultan la distribución de pauta y recortan el acceso a la información pública, vuelven inoperante una institución creada para defender los derechos de las audiencias”.
También Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, fue crítico de la designación de El Sukaria y, al igual que Carro, reclamó la conformación de la bicameral que debe seleccionar al nuevo titular del organismo, que dejó vacante en junio la periodista Miriam Lewin.
