Legisladores del Frente Cívico presentaron en la Unicameral un proyecto de ley que busca declarar la “Emergencia Funcional, Operativa y Salarial” del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba por el plazo de un año.
La medida, que podría prorrogarse con un informe fundado al Legislativo, apunta a atender una crisis que, según los autores, afecta seriamente la prestación del servicio de justicia.
La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo provincial, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y con consulta a los gremios y colegios profesionales, a implementar medidas urgentes. Entre ellas, garantizar la continuidad del servicio, recomponer los salarios en forma progresiva, mejorar las condiciones laborales y edilicias, y avanzar en una mayor transparencia en la gestión judicial.
Los autores denuncian que “la situación de los empleados judiciales es dramática” y sostienen que “algunos salarios están por debajo de la línea de pobreza, incluso con título de abogado y varios años de antigüedad”. El proyecto menciona que un ingresante cobra actualmente $850.000 netos, mientras que un agente con cinco años de antigüedad apenas supera los $1.100.000, cifras que consideran insuficientes para cubrir el costo de vida.
Fundamentos
En los fundamentos, se describe un panorama crítico en Córdoba: oficinas colapsadas con la misma cantidad de personal desde hace más de una década pese al aumento de causas, falta de capacitaciones por parte del Estado, condiciones edilicias deplorables y renuncias masivas (una por día durante el último año, según el texto).
El proyecto también contempla la suspensión de cualquier medida que limite el derecho a huelga y manifestación durante la vigencia de la emergencia, y propone la creación de una Mesa de Diálogo Institucional con participación del TSJ, el Ejecutivo, la Legislatura y representantes gremiales.
“La administración de justicia es un servicio esencial que hoy está altamente resentido”, se lee en el documento. Los legisladores apuntan directamente al Gobierno provincial y al TSJ como responsables de una “crisis estructural” y acusan al oficialismo de aplicar “microcirugías estéticas” en lugar de políticas estructurales.
La propuesta llega en el marco de un conflicto creciente en el Poder Judicial cordobés, con protestas, asambleas y paros impulsados por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y empleados autoconvocados. Según el gremio, los judiciales han perdido un 40% de poder adquisitivo en el último año.
“La ausencia de brújula ha quedado al desnudo”, concluyen los legisladores del Frente Cívico, que reclaman medidas urgentes para evitar el colapso del sistema judicial provincial.
