En estos días, la situación del sistema de salud argentino volvió a escena por dos decisiones del Gobierno en el marco del ajuste de gastos que encara el ministro de Economía, Sergio Massa.
Esos episodios fueron: la anulación de fondos destinados a adquirir vacunas adicionales de Sputnik contra el Covid-19 “que no son necesarias producto de los bajos niveles de contagio” y el quebranto del Fondo Solidario de Redistribución, que cuenta con unos 13.400 millones de pesos con destino específico para las obras sociales.
La Argentina, coinciden expertos de diversas orientaciones, cuenta con uno de los sistemas de salud más amplios de América latina, conformado con la participación del sector público y del privado.
Esa integración incluye tanto a clínicas, sanatorios y hospitales como a obras sociales, mutuales y prepagas. También a la cadena de producción y comercialización de medicamentos, e inclusive a la formación de profesionales de la medicina y de auxiliares.
De algún modo, la pandemia demostró que hay que agregar a la lista ramas industriales dedicadas a la producción de equipamiento e insumos de alta calidad, exportables, como electrónica o respiradores que se producen en Córdoba.
Este beneficio accesible para la enorme mayoría de los argentinos -32.307.789 habitantes cuentan con una cobertura directa y 12.472.886 acuden a hospitales públicos de diferente jurisdicción- colisiona con un iceberg que agranda su tamaño a medida que pasan los años y las crisis: el desfinanciamiento.
Ese complejo universo fue abordado días atrás en Mendoza en el 1º Encuentro de Medios y Farma, organizado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), del que participó La Voz.
Si bien se trata de una organización que representa a los laboratorios extranjeros, las exposiciones marcaron distancia con los típicos planteos vinculados con la falta de divisas para importar o los precios, y se centró en una temática amplia que se lleva nada menos que el 9,4% del producto interno bruto. Es equivalente al valor de la cosecha argentina 2021/2022.
En salud, todos los números son gigantescos
En salud, todos los datos económicos son gigantes. De esos 36 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial, unos 11 mil millones terminan en la compra de medicamentos, con lo cual, a números gruesos, 25 mil millones se utilizan para el funcionamiento del sistema, la infraestructura y el equipamiento.
Pero, al contrario de lo que muchas veces se supone, no es el Estado el que más fondos pone para que este universo conformado por varias constelaciones funcione. Son los hombres y las mujeres con algún tipo de cobertura y los empleadores, los que lo financian.
Vale recordar que esos aportes implican el 9% del salario total que cobra el dependiente, de los cuales un 3% los pone el mismo trabajador y el 6% la patronal. La Afip recauda todo y luego deriva alrededor de un 80% a las obras sociales y otro 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -el que Massa dice que está quebrado- dirigido a pagar prestaciones de discapacidad.
El sector público aporta 2,4 puntos del PIB al conjunto del sistema, número que según especialistas debería ser mayor ya que se da la siguiente paradoja: Argentina detenta uno de los cinco mejores sistemas de salud de la región, pero su Estado es uno de los cinco que menos plata pone para que funcione ese esquema de altas prestaciones.
Ese desequilibrio tuvo sin embargo una gran excepción.
Fue durante la pandemia de Covid-19 cuando más recursos públicos se volcaron en vacunación, internaciones y tratamientos. Pero, atravesada semejante contingencia mundial, el esquema retomó su trayectoria habitual.
Quiebra técnica
“El sistema está quebrado. De las 290 obras sociales hay menos de un tercio que con lo que recaudan pueden pagar el Programa Médico Obligatorio (PMO). El resto no está en condiciones de pagarlo, por lo tanto no pueden cumplir sus obligaciones y desde el punto de vista técnico están quebradas”, sostiene Rubén Torres, titular del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud y también de la Federación Latinoamericana de Hospitales.
Según datos de esa entidad, hay 114 obras sociales, que con sus recursos cubren el PMO. Otras 176 no alcanzan a financiarlo, lo que significa casi el 70% del total de afiliaciones que existen.
Las obras sociales que cubren a 16,2 millones de personas y las compañías de medicina prepaga, con 1,8 millones de asociados, están obligadas a cubrir el PMO. En cambio, no lo están las entidades de salud vinculadas al sector público.
Por ejemplo, el Pami, que atiende a más de cinco millones de argentinos; las 24 obras sociales provinciales, con otros 7,2 millones; o las que dependen del sector público nacional, provincial o municipal, incluidas Fuerzas Armadas, de seguridad y universitarias, con 2,1 millones de adherentes, están exceptuadas.
La presión recae, claramente, en el sector privado, que afronta como puede la demanda y cada tanto se enfrenta con planteos judiciales o legislativos por la atención de enfermedades “raras” o “catastróficas”, como también se las denomina, porque su cobertura puede demandar decenas de millones de pesos en un solo caso y en un corto período de tiempo.
“Esa exigencia del PMO es uno de los graves problemas de un sistema que dice proteger a los más desprotegidos, pero no se los garantiza. Sí les garantiza la cobertura completa a quienes tienen aseguramiento con obra social o medicina prepaga”, indica Torres.
Así, las obras sociales, en su mayoría en manos de sindicatos, y las prepagas, “están en imposibilidad de financiar un sistema que es uno de los mejores de Latinoamérica y al que los argentinos estamos acostumbrados por cobertura y acceso”, agrega.
La consecuencia se traduce en honorarios bajos por las prestaciones profesionales o el estiramiento de pagos a clínicas y sanatorios, lo cual derivó en el cierre de decenas de establecimientos, sobre todo en el interior del país. Córdoba es una de las provincias más afectadas por este fenómeno en la última década.
Otro dato: si se toma todo el gasto que existe en salud, cada argentino necesita en promedio unos 1.400 dólares para su atención, de los cuales el Estado hoy invierte alrededor de 107 dólares.
¿Qué peso tienen en las erogaciones situaciones como la supuesta corrupción en la administración de obras sociales o la atención a pacientes extranjeros en puntos limítrofes? Torres desdramatiza: “No niego que pueda existir corrupción y hay que combatirla, pero no es la causa del desfinanciamiento del sistema. Así las maneje la Virgen María, libre de cualquier tipo de corrupción, las obras sociales no pueden soportar los gastos”, explicó.
Y en cuanto a los extranjeros, señaló que en toda América latina se atiende la emergencia extrema, “ahora unos pocos atienden cualquier cosa a cualquier extranjero, como sucede en la Argentina. Eso es impensable en Bolivia o Chile”, dijo.
De cualquier forma, llegar a un entendimiento está a nivel de los estados. “Es muy difícil en un bien como la salud, decirle a alguien: usted no puede atenderse. Es un tema para discutir entre los líderes políticos de la región”, explicó Torres quien sin embargo observó que todo el sistema “requiere una reforma, pero no una refundación”.
Remedios en su laberinto
El ecosistema de medicamentos impacta con fuerza en los costos. Las tres entidades que nuclean a los 230 laboratorios (60% de capital nacional) mantienen acuerdos de venta directa con cuatro grandes obras sociales, señaló Natalia Gandolfi, gerenta de Acceso de Caeme.
La cordobesa Apross, con 604 mil afiliados del sector público provincial y los municipios, entra en ese esquema que permite conseguir rebajas que van del 35% hasta el 70%. Las otras son Ioma, Osep y Pami. Esta última, a partir de 2019, puso en marcha la cobertura del 100% para jubilados y pensionados que incluye 177 principios activos en 3.600 productos, recordó Gandolfi.
Pero la foto es enorme, describe Rodrigo Bérgamo, de la consultora IQVIA Argentina, que analiza los datos del mercado y cuando se incluye la variable formación de precios, se complejiza más todavía. “La cadena de comercialización es compleja y fragmentada, con una fuerte cobertura nacional”, señala.
Existen unas 14 mil farmacias en el país que se quedan con el 10 al 20% de las ventas de productos de venta libre y cuidado personal, y entre el 50 y el 65% de la venta de medicamentos de prescripción, por ejemplo, para afecciones cardiovasculares, diabetes y antibióticos.
Pero, y aquí está el detalle, entre el 30 y el 45% de la venta de estos medicamentos éticos (los más costosos) pasan por el canal institucional, es decir, clínicas, sanatorios y hospitales.
En términos de unidades, las farmacias tradicionales (de barrio o cadenas) expenden el 96% de las unidades y el resto pasa por el circuito institucional que, sin embargo, a la hora de contar pesos obtienen el 43% de la facturación.
Precios y bonificaciones
Cómo se compone el precio de los medicamentos es un laberinto difícil de desentrañar y, si se quiere, una deuda con la transparencia del mercado. Bérgamo explicó que, en la teoría, por cada 100 pesos de costo en la puerta del laboratorio (hay 230 en el país), se debe añadir el 21% de IVA.
La droguería (existen cuatro grandes que se llevan el 90% de la venta y 300 mayoristas) aplica un 16% de margen, con lo cual a la farmacia llega a 140,36. Esta le agrega un 25% y queda al público en 175,45 pesos. Es ahí cuando entran a la cancha los “descuentos comerciales”.
Según los datos del mercado relevados por IQVIA, cuando se disponen estas bonificaciones, por cada 100 pesos, el producto llega a la farmacia a 119 (el margen de la droguería cae a un seis por ciento), y esta lo entrega al cliente con un margen real del 17,6%.
Así, el valor final queda en 140,36 pesos. Sobre este precio, vienen los descuentos a cargo de las obras sociales.
