Por unanimidad (65 votos afirmativos), el Senado finalmente dio marcha atrás con el último aumento de dietas, que las había llevado a $ 9 millones, y las congeló hasta fin de año. Paralelamente, quedó en “stand by” la discusión de un proyecto de Unión por la Patria que busca ponerle un “tope” a la remuneración de los tres poderes del Estado.
Todo sucedió tras un breve debate en ausencia de Victoria Villarruel, quien se retiró del recinto antes de la votación de la movilidad jubilatoria. La vicepresidenta fue quien convocó a la sesión para que los senadores dieran la discusión “de frente”, en un intento de tomar distancia de una decisión que, además, fue duramente criticada por el presidente Javier Milei.
El proyecto aprobado suspende “toda actualización que se realice en el valor del módulo, establecido en la DR 8/24, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024″. De esa manera, quedó sin efecto el último aumento y volvieron a “desengancharse” las dietas de los senadores de la paritaria legislativa.
En consecuencia, las dietas volvieron a los valores de julio. Según consta en recibos a los que accedió La Voz, los senadores cobrarán $ 4,5 millones netos de dieta más otros $ 1,9 millones netos por gastos de representación, es decir, $ 6,4 millones. Sumando el plus por desarraigo, el monto total asciende a $ 7,4 millones de bolsillo.
La iniciativa fue encabezada por el salteño Juan Carlos Romero, autor intelectual del polémico “enganche” aprobado en abril. Acompañaron con sus firmas Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza); José Mayans y Juliana Di Tullio por Unión por la Patria; Eduardo Vischi y Pablo Blanco por la UCR; Guadalupe Tagliaferri por el PRO; Carlos Espínola por Unidad Federal; y Carlos Arce por el Frente de la Concordia Misionero.
“Muchos estamos convencidos de que no debería ser una tarea de la Presidencia, y menos del Poder Ejecutivo, indicar a este cuerpo cuáles son los ingresos de los senadores. Es el cuerpo el que debe considerar esto. Pero tampoco estaba en nuestro ánimo que sea una decisión definitiva”, argumentó Romero.
El legislador explicó que la idea es que esta suspensión de la actualización de las dietas en base al valor del módulo que se negocia en las paritarias legislativas “funcione como una transición hasta fin de año, hasta encontrar la verdadera solución para los tres poderes del Estado”.
En ese sentido, los senadores aprobaron que vuelva a comisión un proyecto del kirchnerismo que establece que ningún funcionario de cualquiera de los tres poderes del Estado puede ganar más de 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Mayans denunció que hubo presiones para que esa ley no avanzara. “Desde que se anunció que se iba a tratar, me llamaron del cuerpo diplomático”, reveló en el recinto. “Es verdad que recibimos llamados de los diplomáticos”, coincidió Romero.
El jefe del bloque Unión por la Patria hizo una extensa reivindicación del rol de los senadores y criticó a periodistas que hablan del tema con “ignorancia supina”. “Un senador tiene que dejar su provincia para venir acá (a Buenos Aires), y tiene que tener con qué hacerlo”, se defendió Mayans.
Otro de los que tomó la palabra fue el jefe del bloque PRO, Luis Juez, quien pedía dar marcha atrás con el “enganche” desde que se aprobó la polémica resolución a mano alzada en el mes de abril. Juez y los senadores libertarios se habían desligado de esa votación, aunque en ese momento no manifestaron su rechazo en el recinto.
“Esto es lo que tendríamos que haber hecho hace cuatro meses”, enfatizó el cordobés. “La política tiene niveles de desprestigio monstruosos, y si nosotros contribuimos a ese desprestigio con actitudes que no podemos explicar, esto es lo que tenemos que hacer. Sin sonrojarnos, sin apasionarnos, con miradas distintas, pero discutirlo así. Cuando lo hacemos de manera corporativa y a espaldas de la gente, las reacciones son las que hemos tenido, y que nos ponen en un lugar incómodo”, completó.
Desde La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni (el senador que se volvió protagonista por su rechazo al pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia) no solo respaldó el proyecto de Mayans sino que propuso que el “tope” salarial baje de 20 a 10 salarios mínimos.
“En el proyecto de Mayans está contemplada toda la casta de los tres poderes. Este es el tipo de ley que necesitamos para hacer verdadera justicia social”, afirmó.
También intentó despegarse de la resolución que ahora quedó suspendida. “Yo no estaba ni enterado de que se iba a dar ese aumento de sueldo. Se dio en 46 segundos. No me lo contaron porque saben cómo pienso”, dijo, y desató murmullos en el recinto.
