Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición rechazaron el juicio político a los jueces de la Corte Suprema y complican los planes del Gobierno, que promoverá la destitución de los magistrados. Aún sin los votos, el oficialismo espera que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto y convoque a sesiones extraordinarias para tratarlo.
El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que buscará que el Congreso remueva de sus cargos a los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por una sucesión de hechos que, según la alianza gobernante, son de “gravedad institucional”.
Entre ellos figuran el fallo que restituyó la vieja composición del Consejo de la Magistratura, la sentencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por la coparticipación, y los chats entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero y hombre de confianza de Rosatti.
Sin embargo, la oposición ya le cerró la puerta a la iniciativa en el Congreso, donde se requieren dos tercios de los votos, es decir, 172 para acusar en la Cámara de Diputados, y 48 para juzgar en el Senado. Al oficialismo le faltan 55 votos en el primer caso, y 13 en el segundo, por lo que el apoyo de aliados no sería suficiente.
Juntos por el Cambio adelantó su negativa en un comunicado. “La trasnochada pretensión del presidente de la Nación y el kirchnerismo de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”, denunció la coalición.
“Estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad. En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida”, lamentó la alianza.
El comunicado fue firmado por todos los partidos que integran Juntos por el Cambio, incluida la Coalición Cívica, que desde 2017 viene presentando sucesivos pedidos de juicio político contra uno de los jueces de la Corte, Lorenzetti, apuntado por Elisa Carrió por supuesto mal desempeño.
La oposición del Interbloque Federal
También se opuso a la destitución de los jueces de la Corte el Interbloque Federal, que tiene ocho miembros. Esa bancada, que busca mostrarse por fuera de la polarización, también había rechazado otro juicio político impulsado por la UCR contra Fernández, por cumplir de manera “parcial” el fallo que ordenó pagarle el 2,95% de la coparticipación a la Ciudad.
“Tanto el oficialismo como la primera oposición saben que no tienen los votos para llevar a cabo y coronar un juicio político. Lo que están haciendo es política. Y haciendo política lo que hacen es poner en riesgo o bastardear la institucionalidad”, advirtió el jefe de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez.
Para el schiarettista, la iniciativa del Gobierno “en un giro de espiral más del presidente para dejarla tranquila a Cristina (Kirchner), y así seguir en esta lógica que sigue retroalimentándose del monstruo de dos cabezas que es la grieta”.
El oficialismo, a la espera
En Diputados, el Frente de Todos está “en estado de guardia” y espera que el Ejecutivo publique el decreto de convocatoria a extraordinarias, que podría incluir el pedido de juicio político. Sería el primer paso para iniciar el debate en la comisión homónima, que es presidida por la oficialista entrerriana Carolina Gaillard.
“Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme y la decisión del presidente tiene que ver con eso. El juicio político es una de las herramientas que tiene el Ejecutivo, que tenemos los diputados y que establece la Constitución para investigar, determinar responsabilidades y en tal caso proceder a este juicio”, aseguró Gaillard.
En comisión, el Frente de Todos podría avanzar con un dictamen favorable, porque solo necesita mayoría simple y el bloque cuenta con 16 integrantes sobre un total de 31. Juntos por el Cambio tiene 14 (siete del PRO, cuatro de la UCR, dos de la Coalición Cívica y uno de Evolución), y llegaría a 15 con Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del Interbloque Federal.
Según los pasos reglamentarios, primero debe abrirse un sumario y la comisión tendría 60 días para realizar una investigación y determinar responsabilidades. En ese proceso, los diputados podrían citar a los jueces de la Corte y a testigos, recabar documentación y otras medidas de prueba. Finalmente, debería firmarse el dictamen y tratarse en el recinto.
Ahí es donde se encuentra el mayor obstáculo, ya que sin Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios.
