El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) sin apoyo del PRO, que opone resistencia a esa iniciativa y, en cambio, concentra sus esfuerzos en la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, donde buscará aprobar la ley de ficha limpia que prohibiría a la expresidenta Cristina Kirchner ser candidata en 2025.
En una de las habituales reuniones de coordinación parlamentaria, funcionarios nacionales le notificaron al jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, que mandarían el proyecto para eliminar las Paso. La decisión ya estaba tomada a pesar de los malos pronósticos en cuanto a los votos, que no están asegurados, y los tiempos, pues una ley de esas características no podría tratarse en año electoral.
Cuando, meses atrás, el Gobierno tanteó a jefes de bloque dialoguistas por este tema, tanto desde el PRO como desde la UCR y Encuentro Federal pusieron objeciones. El bloque amarillo tiene un proyecto propio, encabezado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que plantea un camino intermedio: en lugar de eliminar las Paso, transformarlas en PAS, en decir, que no sean obligatorias sino optativas.
Pero lejos del debate que ahora quiere instalar la Casa Rosada, el PRO se mantiene firme en su propia “agenda institucional” con la Ficha Limpia, una ley que impediría que Cristina sea candidata en los comicios legislativos del año próximo a raíz de la condena confirmada esta semana por la Cámara de Casación Penal.
El PRO apuró el pedido de sesión el último martes, en conjunto con La Libertad Avanza y la UCR, veinticuatro horas antes de la sentencia contra Cristina. Al frente del tema está la diputada Silvia Lospennato, quien batalla por la Ficha Limpia desde 2016 y este año, después de varios intentos fallidos, logró que el gobierno de Javier Milei le haga un lugar en la agenda, en el marco del “toma y daca” entre La Libertad Avanza y el macrismo.
A la medida de Cristina
El dictamen de mayoría, que suscribieron el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, incorpora un agregado al artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prohibir que sean candidatas las personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Es un supuesto que calza a la perfección con la situación actual de Cristina, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
“La condena dictada por la Cámara de Casación, además de una pena de prisión y un decomiso, establece como condena la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Pero esa sentencia no se encuentra firme, seguramente va a ser apelada. Por lo tanto Cristina, en estas condiciones, podría ser candidata. Eso solamente podría cambiar si el Congreso aprueba la Ficha Limpia”, explicó a La Voz la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), otra impulsora de la ley.
Stolbizer precisó que “las dos sentencias condenatorias en la doble instancia es lo que todos los pactos y convenios internacionales de Derechos Humanos establecen”, y agregó: “En la medida en que eso sea ley, entonces eso sería el único impedimento para que Cristina o cualquier persona con una doble condena por los delitos vinculados con la administración del Estado puedan ser candidatas”.
Discusión por la letra chica
Aunque los votos para la aprobación en general estarían garantizados, el bloque radical Democracia para Siempre, que lidera Pablo Juliano, tiene diferencias sobre los dos ejes de la ley (el momento procesal para la inhabilitación y los delitos que quedarán alcanzados). Son 12 diputados que cuentan para la definición en el recinto, donde se necesitan 129 votos por tratarse de una reforma electoral.
En su dictamen, firmado por Juliano y el exjuez formoseño Fernando Carbajal, fijan como regla que haya sentencia de tribunal de instancia única, aún cuando no haya doble conforme.
Sobre este punto, Unión por la Patria (que denuncia proscripción contra Cristina y también tiene un dictamen propio) quiere que la prohibición entre en vigencia solo con condena firme, pero esta posición es levantada en soledad.
La otra discusión tiene que ver con los delitos. El texto de Lospennato solo habla de corrupción (cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y administración fraudulenta), pero Democracia para Siempre y el kirchnerismo quieren ampliar el listado.
En ese sentido, la propuesta de los radicales disidentes es la más audaz: quiere incluir todos los delitos con pena de más de tres años de prisión. “¿Por qué un pedófilo podría ser candidato?”, se preguntó ante La Voz un integrante de ese bloque, que piensa plantear esa idea en la sesión.
Si el proyecto resulta aprobado pasará al Senado, que dados los tiempos solo podría tratarlo si el Poder Ejecutivo lo incluye en el llamado a sesiones extraordinarias. Si la ley no sale antes, habría margen para tratarla en 2025 antes del cierre de listas para las todavía vigentes Paso. Esa fecha es el 25 de mayo.
En la Cámara alta, Unión por la Patria tiene un bloque consolidado de 33 senadores y muchos se mostraron con Cristina en el Instituto Patria luego de la condena. Les faltarían cuatro votos para rechazar la ley. Aunque lo logren, Cristina podría quedar proscripta si la Corte Suprema de Justicia confirma finalmente el fallo de Casación, aunque hay dudas con los tiempos.
