A pocas horas del cierre de alianzas, el PRO Córdoba atraviesa una disputa interna marcada por un fallo judicial y por la decisión del macrismo de avanzar en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
El nuevo capítulo se abrió el lunes, cuando se conoció una resolución de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que confirmó un fallo anterior que dejaba sin efecto la intervención decidida por el presidente del partido, Mauricio Macri.
La resolución respondió a una nueva presentación judicial realizada por Oscar Agost Carreño, presidente del PRO Córdoba, quien cuestionó una segunda intervención partidaria impulsada por Macri el 31 de julio.
Una “intervención partidaria” es una medida por la cual una autoridad superior del partido, o incluso un órgano judicial, asume temporalmente el control de una estructura local, generalmente por conflictos internos o irregularidades.
En su resolución, la Cámara remarcó que el fallo tiene “pleno efecto ejecutorio”; es decir, que debe cumplirse de manera inmediata, sin que la presentación de un recurso extraordinario (como un planteo ante la Corte Suprema, por ejemplo) suspenda su aplicación.
Hasta allí, no había sorpresas. Días atrás, la Justicia Electoral ya había invalidado la primera intervención nacional. Pero el conflicto se renovó cuando Macri ordenó una segunda intervención y designó al exintendente de Pinamar Martín Yeza como interventor.
Agost Carreño, entonces, denunció ante la Cámara que esa nueva intervención desconocía el fallo vigente. El tribunal le dio parcialmente la razón: sostuvo que la segunda intervención no tenía validez porque “no había sido efectivizada”, es decir, no se había concretado al momento de la presentación.
La interpretación de ese punto divide a los dos sectores en pugna. Consultado por La Voz, Agost Carreño consideró que la Cámara buscó aclarar que su pedido de “tutela inhibitoria” (un amparo judicial para impedir la concreción de la intervención) no tenía sustento, ya que el fallo seguía vigente.
Y que la CNA emitió la notificación a los jueces María Servini y Hugo Vaca Narvaja para que cumplan lo resuelto, porque el fallo está firme y debe ejecutarse.
Pero desde el sector macrista lo niegan. “La Cámara dice que la segunda intervención no había sido efectivizada porque la presentación de Agost Carreño se hizo en el mismo momento. Pero la intervención es válida y la confirmación llegará este miércoles a la Justicia de Córdoba”, afirmaron fuentes legales cercanas a ese espacio.
Y aclaran, según su interpretación, que no es una “resolución” sino una “comunicación” que no tiene fuerza legal.
¿Qué dice la CNE? “Es una resolución”, respondieron ante la duda.
No solo eso. Además, este mismo miércoles, el sector alineado con Macri hizo una presentación judicial en Córdoba para formalizar la inscripción en un frente con La Libertad Avanza. “La decisión política está tomada. Solo falta resolver lo legal”, dijeron a este medio.
La raíz del conflicto
La disputa comenzó en diciembre del año pasado, cuando Macri decidió intervenir el PRO Córdoba y designó a Laura Alonso como interventora.
En junio, la jueza federal con competencia electoral, María Servini, convalidó esa intervención. Pero un mes más tarde, la Cámara Nacional Electoral la dejó sin efecto.
La presentación que logró revertir esa decisión había sido impulsada por el propio Agost Carreño, enfrentado con la conducción nacional del PRO, quien acusó a la cúpula partidaria de “actuar de manera injusta y arbitraria”.
A pocos días del cierre del cronograma electoral, Macri intentó una segunda jugada: designó a Yeza para que se hiciera cargo del partido en Córdoba.
La decisión, como se dijo, se tomó el 31 de julio y fue seguida por una reunión virtual entre Macri, Yeza y dirigentes locales, donde se empezó a definir la estrategia electoral.
Qué viene ahora
La resolución de la Cámara se vuelve determinante por la inmediatez del cierre de alianzas (este jueves), que en Córdoba implica definiciones políticas que dividen aguas entre Macri y Agost Carreño.
Por eso, la Cámara dispuso que su decisión fuera informada en forma urgente al Juzgado Federal con competencia electoral en Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
También ordenó enviar una copia de la presentación original de Agost Carreño al juzgado federal con sede en la Capital Federal.
El objetivo es que ambas jurisdicciones estén al tanto de la situación legal del PRO cordobés y puedan actuar en sintonía con los plazos electorales vigentes. Y definan quién tendrá la lapicera para firmar, o no firmar, una alianza en Córdoba con el partido de Javier Milei.
