La devaluación de diciembre, el aumento de las tarifas (este miércoles se conoció un fuerte ajuste en la boleta de gas), el descongelamiento de los combustibles (en abril vuelve a subir) y el retiro de los controles del Estado en el conjunto de precios de la economía argentina (prepagas, por ejemplo) aplicadas por el presidente Javier Milei se están asentando en un nivel de pobreza que, en el último tramo del Gobierno de Alberto Fernández abarcaba al 41,7% de la población.
Se trata del porcentaje más alto para el dato nacional urbano desde finales de 2005, cuando el país comenzaba a organizarse tras la crisis del 2001.
En cantidad de afectados, la línea del 41,7% indica que en la Argentina, cuando Milei llegó a la Casa Rosada, había 12,3 millones de personas que viven en centros urbanos cuyos ingresos no les alcanzaba para comprar la canasta básica total (CBT).
Extrapolado a todo el país, se trata de unos 19,7 millones que no pudieron cubrir con sus salarios la compra de alimentos, indumentaria, transporte y el pago de los servicios, entre otras cosas.
Para peor, la fuerte caída de los salarios y de las jubilaciones en términos reales, en paralelo con un aumento de precios (que sólo entre diciembre y febrero acumuló el 73% en Córdoba), anticipan un escenario socioeconómico mucho más complicado para este año.
En este sentido, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó en febrero pasado que la pobreza en la Argentina habría llegado en enero al 57,4% de la población argentina, impulsada por el fuerte aumento de la inflación y del costo de la CBT y de la CBA (Canasta Básica Alimentaria), que marca el umbral de la “línea de indigencia”, muy superiores a los ingresos familiares.
Según las estimaciones de la UCA, la población indigente ya habría alcanzado el 15% en enero y la tasa de pobreza, el mencionado 57,4%.
Volviendo al Indec, entre julio y diciembre pasado, el nivel de indigencia también aumentó, al llegar al 11,9%, frente al 9,3% del semestre anterior. En el segundo semestre de 2022 la pobreza había sido del 39,2%.
Además, se conoció que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,8%.
En relación con el primer semestre de 2023, la incidencia de la pobreza subió tanto en los hogares como en las personas: 2,2 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.
En lo que respecta a la indigencia, el organismo estadístico que sigue encabezado por Marco Lavagna (no cambió con la llegada de Milei), evidenció un aumento de 1,9 puntos en los hogares y de 2,6 en las personas.
Pobreza en Córdoba
Volviendo al dato del segundo semestre de 2023 publicado este miércoles por Indec, el informe dice que en el Gran Córdoba había 625.712 pobres y 141.275 indigentes, el 39,2% y 8,9% de la población, respectivamente.
En el caso de la pobreza, se trata de un número casi idéntico al del mismo semestre de 2022, cuando el Indec midió 627.257 pobres en este aglomerado urbano.
Los indigentes, por el contrario, sí subieron de forma notable entre una medición y otra. A finales de 2022 la indigencia (gente a la que no le alcanza para comprar la CBA) abarcaba a 109 mil personas y, el semestre pasado, a 141 mil, un incremento interanual de más de 30 mil cordobeses.
Lo que se viene
La caída del salario se profundizó en enero. Los salarios aumentaron 16,4% ese mes, pero perdieron frente a la inflación por tercer mes consecutivo. Ese mes, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) había registrado un alza mensual de 20,6%.
Esa información de ayer del Indec (mala para el poder adquisitivo de los argentinos), se suma a que en este semestre el escenario de empleo también se está complicando y, todo, impactará en la pobreza.
Esta semana se conoció que terminales automotrices de Córdoba clave están con problemas. Renault, por caso, informó que no renovará 270 contratos a eventuales en su planta de Santa Isabel debido a la caída del 30% en lo que va del año en la demanda de vehículos nuevos en el mercado nacional.
Javier García, responsable de relaciones públicas de Smata Córdoba, pintó un panorama complicado en materia laboral que anticipa un aumento en los datos de pobreza en la próxima medición. “El tema es que es un efecto cascada, si las automotrices no fabrican, las Pymes que producen en Córdoba para ellas también se quedan sin demanda y es muchísima gente la que vive de la fabricación de autos”, dijo.
Por otra parte, otro efecto indirecto que apunta García: “Los que se quedan sin trabajo o están suspendidos tienen menos ingresos que antes y ya no consumen como lo hacían; pierden todos”.
