El peronismo cordobés atravesó una semana inicial de negación de la derrota del 26 de octubre, cuando Provincias Unidas quedó lejos de la estrepitosa irrupción nacional que buscaba pero seguía celebrando que tenía un diputado más. Es común en los duelos: después de la negación, suele venir el enojo. Le sigue la aceptación. Y más tarde llega la hora de pensar en todo lo que hay que cambiar.
En eso está el oficialismo provincial. El proceso recién comienza y todo indica que llevará varios meses, porque están recalculando todo: el discurso, las acciones y algunas piezas de los equipos con los que harán frente al avance libertario.
En el despacho principal del Panal, consideran que el escenario más desafiante es que el 2027 enfrente al peronismo cordobés con 28 años en el poder y a una fórmula de candidatos libertarios “puros”. Se preparan para eso: observan la paciente construcción del diputado Gabriel Bornoroni y advierten que la cordobesa Alejandra Monteoliva ocupará la cartera de Seguridad, desde donde Patricia Bullrich tuvo un rápido ascenso. Todavía no hacen hipótesis sobre sus adversarios tradicionales, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
La reacción del peronismo se comenzó a advertir desde la segunda semana poselectoral. Lo primero fue un anuncio de reducción de agencias; lo segundo, el cambio de actitud del gobernador de Córdoba respecto del gobierno de Javier Milei. Martín Llaryora entendió –tal como sus antecesores lo hicieron en su momento, tras derrotas similares– que no podía contradecir a su electorado: pasó de la fase híper crítica de la campaña a una actitud de colaboración y búsqueda de negociación con una Casa Rosada que también atraviesa una fase dialoguista atípica.
Lo real es que no cambiaron las concepciones políticas de ninguna de las partes y siguen pendientes todos los temas que generaron conflictos entre la Provincia y la Nación en los casi dos años que pasaron.
Esas discusiones resurgirán en el Congreso durante el debate del presupuesto: el proyecto de Milei no da respuestas a ninguno de los planteos de las provincias. Claro que si La Libertad Avanza sigue adquiriendo votos a través de la anexión de legisladores radicales y del PRO, y si continúa la diáspora de gobernadores de Unión por la Patria, es posible que Milei ni siquiera necesite discutir demasiado.
Con diferencias y todo, en el Panal consideran que la relación institucional con la Nación está en uno de sus mejores momentos: no hay plata, pero tampoco hay obstáculos en materia de gestión, y la conducción económica de Luis Caputo nunca pone trabas en materia de endeudamiento. Sin esperar nada más que eso de la Nación, Llaryora entendió que era la hora de las decisiones puertas adentro.
Volver al origen
El cambio que empieza a configurarse en el Gobierno provincial se hizo público en el Presupuesto 2026, que el lunes pasado entró en la Legislatura.
El “Plan histórico de reducción de impuestos” es un nombre ampuloso, pero lo real es que sólo tiene un antecedente: la rebaja del 30% con la que José Manuel de la Sota fundó el peronismo cordobés.
El año que viene no habrá ninguna suba real del Inmobiliario y la mayoría de los frentistas recibirá cedulones más bajos que en 2025. Se mantienen todas las exenciones y los descuentos, y la Provincia da un primer paso hacia la reducción de Ingresos Brutos, con una quita del 30% para el 64% de los comercios, los más chicos. También hay tasa cero para las pymes que inviertan. En total, la administración resigna 600 millones de dólares.
En el mismo acto, Llaryora se encolumnó con el discurso liberal de la baja de impuestos al que adhiere el 100% del empresariado cordobés. Pero además dejó a la oposición política sin su principal bandera: “Bajá los impuestos” es la respuesta automática de todos los bots libertarios cada vez que aparece un mensaje del gobernador en redes sociales, pero también es el principal reclamo de los legisladores cordobeses y de todo opositor que se precie.
Pero 600 millones de dólares no son poco dinero en un año clave de la gestión provincial. En el ministerio que conduce Guillermo Acosta, sostienen que se trata de un acto de confianza en el crecimiento de la economía, que compensaría la caída de ingresos. Quienes son menos optimistas consideran que la Provincia se financiará en el mercado interno en los meses venideros y aguardará a que el resto de los gobernadores tomen deuda externa para ir después a los mercados internacionales. El presupuesto que baja impuestos también le permite a la Provincia tomar deuda por hasta 2.590 millones de dólares y 400 mil millones de pesos.
Justicia poselectoral
También se empiezan a observar cambios fuera del Panal. En una misma semana, la Justicia cordobesa emitió dos señales que muy probablemente hubiesen sido otras si el 26 de octubre el resultado hubiera sido diferente.
El fiscal del fuero Penal Económico y Anticorrupción Franco Mondino allanó con estrépito la Legislatura de Córdoba 10 meses después del escándalo del exconcejal Guillermo Kraisman y la presunta empleada fantasma. Lo hizo en busca de otros posibles casos de sueldos pagados a personas que no trabajan, y luego de que se presentara un jury en su contra por no haber investigado el patrimonio del exlegislador Oscar González, quien se encuentra detenido porque la Justicia federal sí se preguntó si era lícito el enriquecimiento del otrora poderoso dirigente del PJ.
El fuero anticorrupción es la principal fuente de desprestigio del Poder Judicial de Córdoba: ¿será un indicio de que algo empezará a cambiar en ese ámbito? ¿O será una sobreactuación acordada?
El jueves pasado hubo otra señal judicial, desde Traslasierra. La Justicia de Villa Dolores le negó al mismo González la suspensión del juicio a prueba que había solicitado a los fines de no sentarse en banquillo de los acusados en la causa por el trágico choque de las Altas Cumbres. ¿Hubiese sido igual la resolución si el resultado electoral era otro? Son situaciones que no deberían estar vinculadas. Casi nadie en Córdoba duda que sí lo están.
El “recalculando” del oficialismo se realiza con especial detenimiento y preocupación en la Municipalidad de Córdoba. Las severas dificultades financieras que enfrenta la administración de Daniel Passerini se combinaron con un esquema de gestión errático en áreas que cuatro años antes hicieron la diferencia que llevó a Llaryora a la gobernación. Provincias Unidas perdió por casi 20 puntos en la Capital: ya no hay discusión sobre el problema político.
Tampoco hay un plan de acción definido. Llaryora descree de los dobles comandos, y además conoce mejor que nadie el problema financiero que heredó su sucesor. Passerini no quiere escuchar hablar de “salvataje”. El plan será acordado. El resultado posiblemente defina el resultado provincial de 2027.
