La escena de desconcierto se replica en cada una de las provincias, pero se destaca especialmente en Córdoba, porque es el lugar donde Javier Milei sacó más votos y mantiene los más altos índices de aprobación de todo el país. Y porque la provincia es gobernada por una fuerza que no tiene una referencia política nacional ordenadora.
El peronismo cordobés está enredado en el laberinto de Javier Milei.
No hay un solo dirigente político cómodo ante la lógica de desprecio que el presidente libertario manifiesta de modo permanente contra el Estado, contra sus instituciones y contra los políticos que moldearon ese Estado defectuoso y omnipresente al que Milei, en lugar de intentar hacerlo virtuoso, pretende aniquilar.
Lo real es que lo está haciendo, mientras el desconcierto es la única reacción que muestra el resto de la dirigencia.
Eso es muy notorio en Córdoba y la incomodidad se va tornando extrema en la administración de Martín Llaryora. Luego de ser el blanco de la furia presidencial –y de sus furibundas huestes en redes sociales– por el supuesto liderazgo en una rebelión de gobernadores que terminó frustrando la “ley ómnibus” original, el gobernador cordobés acusó recibo.
Tras los cruces iniciales, el Panal impuso un tono conciliador que por momentos se acerca a la candidez. “Si a Milei le va bien, nos irá bien a todos”, reitera el gobernador, que además repite que la “ley bases” –de ómnibus le queda poco– debe aprobarse y el “pacto de mayo” debe firmarse. El gobierno de Milei, en cambio, no alteró nunca su objetivo de “dejar sin un peso a las provincias”. También lo está haciendo.
El Presidente cortó sus ataques personales y el ministro Guillermo Francos consume horas de conversaciones con los gobernadores que sirven para restablecer “el diálogo”, pero son inconducentes para los intereses de las provincias. Lo real es que el efecto de las decisiones de la Casa Rosada impacta de lleno en el territorio que deben atender los gobernadores, por todas las vías posibles: el empobrecimiento generalizado que generó la “licuadora” suma problemas sociales y mayores costos a los estados provinciales y municipales, que además cuentan con menos ingresos por los recortes aplicados por la Nación y por la baja de la recaudación que impone la brutal recesión que generan las medidas nacionales.
Costos locales
Ese es el marco general: el Gobierno celebra sus éxitos en la macroeconomía –hay advertencias hasta del FMI sobre la insustentabilidad de un ajuste tan drástico–, pero el resultado de la gestión Milei es de quebranto para la Provincia. En los tres primeros meses del año, la coparticipación creció 204%, unos 70 puntos porcentuales menos que la inflación, y también cae la recaudación propia de la Provincia. Los envíos no automáticos que recibía Córdoba ya eran bajos durante la gestión de Alberto Fernández y tienden a nulos en la gestión Milei.
Lo mismo ocurre con la obra pública nacional, que Milei celebra haber “erradicado de cuajo”.
Se eliminaron los subsidios nacionales al transporte del interior del país mientras los costos de las prestaciones se multiplicaron, por lo que la Provincia gasta el triple en boletos sociales. La reducción de los subsidios a la energía anticipa gastos que en breve deberán asumir las arcas provinciales para que no queden a oscuras los sectores más vulnerables de la población. Y se analizan medidas para evitar el cierre masivo de comercios por no poder pagar la luz.
La eliminación del Fondo de Incentivo Docente dejó esa erogación en manos de la Provincia y lo mismo ocurrió respecto de los alimentos para comedores populares.
Los resultados del ajuste de Milei también empiezan a medirse en desempleo. Hay afectación en los rubros principales de la industria y en plena Semana Santa siguen las notificaciones de caída de contratos de estatales, que superarían los 150 en esta primera etapa. Milei es el primer presidente que hace política con los despidos: ante empresarios, en la semana dijo que ya había echado a 50 mil estatales y que cortaría 70 mil contratos.
La cifra real de contratos rescindidos es del 10 por ciento de lo que anunció el Presidente.
Caja sin fondos
El último ataque de la motosierra es contra las cajas de jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales. La dinámica de las decisiones nacionales quedó otra vez expuesta. El ministro Luis Caputo ya habría ordenado desde enero el incumplimiento de la ley que desde 2016 establece envíos de Anses a las cajas provinciales.
Ahora, además, por decreto se pretende derogar dos artículos de la Ley de Presupuesto 2023, que establecían la obligatoriedad de actualizar esos envíos: en los hechos no cambia nada, porque Milei nunca mandó un peso a las cajas provinciales. Pero la medida blanquea la decisión de no restablecer los envíos que ya se habían cortado “de pecho”.
Sobre esa sucesión de hechos consumados, ayer el ministro Francos intentó calmar las aguas con 13 gobernadores que ya articulan la estrategia para recurrir a la Corte. Francos explicó que el Gobierno no piensa hacer lo que ya está haciendo.
Resultado: cada mes el Tesoro de la Provincia debe aportar unos $ 10 mil millones que deberían ir a otros fines para suplir los recursos que Anses no manda a la Caja.
Pero eso no es todo: además, Llaryora enfrenta la indignación de los estatales por haber subido los aportes previsionales y la indignación de buena parte de los jubilados por haber reinstaurado los diferimientos de los aumentos.
Puede haber más indignación a futuro: hay varias medidas en análisis para cubrir el bache de la Caja. Casi todas suponen más costos para los cordobeses que jamás serán beneficiarios del sistema previsional provincial, y supondrán más costo político para Llaryora.
Aunque sean la consecuencia de las medidas que la mayor parte de los cordobeses le aplauden a Milei: ese es el laberinto político en el que se encuentra el peronismo cordobés, que ni siquiera puede criticar esas medidas nacionales que están desfinanciando a la Provincia sin sufrir la reprobación del electorado más mileísta del país.
