La decisión ya está tomada por el oficialismo y esta semana abrirá el debate en la Legislatura de Córdoba para lo que se conoce como una “ley antipiquete”. En realidad, se trata de una modificación del Código de Convivencia Provincial que el PJ ingresó en las últimas horas.
La legisladora justicialista y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, confirmó a La Voz el ingreso del proyecto que buscará en su espíritu que se respecte el derecho a huelga, pero que al mismo tiempo se cumpla con la posibilidad de libre circulación en protestas y manifestaciones. La Comisión de Seguridad sesionará este jueves, a las 14.
El debate se reactivó con fuerza la semana pasada, cuando el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pidió “reglas claras”. Sobre todo después que la Cámara de Acusación resolviera el sobreseimiento de seis dirigentes sociales que habían protagonizado una protesta en 2023.
En esta oportunidad, el oficialismo está dispuesto a ir más a fondo que en 2023, cuando se debatieron en la Legislatura un proyecto del justicialista Juan Manuel Cid y otro del radical Dante Rossi.
Cid no había logrado en ese momento convencer a todo el bloque justicialista, entre los más schiarettistas y los legisladores y dirigentes sindicales, como José Pihen. Ahora el llaryorismo ingresa nuevamente la propuesta y será la legisladora Fernández quien llevará adelante el debate.
“Apoyamos el derecho a protestar, pero también el de transitar libremente. Inspirados en el proyecto del exlegislador proponemos regular los cortes de calle en Córdoba con normas claras sobre tiempos y lugares, respetando fallos judiciales. Queremos convivencia y respeto para todos”, expresó.
“No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de ordenar las protestas para que no afecten el bienestar de los vecinos. Proponemos normas que definan tiempos, lugares y formas de manifestación. El derecho a reclamar es igual al de transitar en paz. Esta regulación respaldada por fallos judiciales recientes busca evitar conflictos y garantizar convivencia, con sanciones justas para quienes bloqueen arbitrariamente. Queremos una Córdoba donde todos los derechos se respeten”, insistió.
Los cambios
El proyecto del PJ sobre el Código de Convivencia Provincial (ley 10.326) tiene varias modificaciones, aunque uno de los cambios apunta concretamente a las protestas y al uso del espacio público, bajo el capítulo: “Respecto de la Tranquilidad Pública”.
En el artículo 80 bis (Desórdenes Públicos) se establece que serán sancionados con trabajo comunitario, multas pecuniarias y arresto de tres días “por cualquier motivo o invocación, sin autorización de la autoridad competente (Ministerio Público Fiscal), alteren o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos”.
Y se establece que la sanción se “elevará al doble cuando la interrupción del tránsito afecte el paso por avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajero”.
También fija que “los montos recaudados por la aplicación de las sanciones serán destinados a resarcir a los comerciantes, instituciones y actividades laborales” que se vean perjudicadas por las marchas.
Otro punto que suma el proyecto es el artículo 125 (Promoción de la acción), ya que “tanto el personal policial, como cualquier autoridad para el juzgamiento de contravenciones, como juez con competencia, deberán arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos de la contravención cometida”. Por lo que se los faculta para “intervenir en el proceso contravencional”.
De esta forma, tanto la autoridad de aplicación (Ministerio Público Fiscal) como policías o jueces deberán arbitrar las medidas para “hacer cesar los efectos de la contravención cometida”.
Entre los fundamentos para las modificaciones se precisó que se respeta el derecho de peticionar (Constitución Nacional y Provincial), aunque se establece que “también es una realidad incontrastable que los reclamos que pretendan hacerse a las autoridades de cualquier orden -nacional, provincial o municipal- no deben cercenar irrazonablemente otros derechos, como la libre circulación y el derecho a trabajar”.
“Resulta claro que no existe colisión de derechos dado que nadie podría sensatamente cuestionar la licitud de circular por la vía pública, la posibilidad de ir a trabajar. Y a la inversa, ninguna norma consagra derecho alguno a interrumpir o demorar arbitrariamente el tránsito ni alterar la paz social”, se resaltó.
Otras modificaciones
El proyecto toma también de la idea original que serán sancionados con trabajo comunitario, multas o arresto de tres días a “los que depositaren, arrojen o acumulen escombros, residuos o basura” en lugares públicos o privados. Además de que se aplicaran faltas para los que “hurguen los contenedores de basura, remuevan escombros o residuos... ensuciando el espacio público o privado”.
Las sanciones se elevarán también para los que hagan “deposiciones en espacios públicos o privados”. En este caso hay faltas que llegan hasta el arresto de 10 días.
Faltas más severas por evadir controles
Además, se le sumará al Código de Convivencia la propuesta de sanciones más severas para los que burlen los controles policiales.
Tal el caso conocido el fin de semana, cuando una camioneta violó un operativo de Policía Caminera, en el que un conductor atropelló a un efectivo. En estas situaciones, el artículo 105 fija para las conducciones peligrosas desde 10 días de trabajo comunitario, hasta sanciones económicas más elevadas y 30 días de detención.
“Ante el alarmante aumento de agresiones contra la Policía Caminera durante controles de tránsito y alcoholemia, proponemos modificar el Código. Incorpora la evasión de controles policiales como una contravención con sanciones y la inhabilitación de hasta 120 días, que se duplican si se pone en riesgo la integridad de los agentes. Buscamos proteger a nuestro personal policial y garantizar la seguridad de todos los cordobeses”, dijo Fernández.
Otros proyectos
Además de la propuesta del PJ, hay un proyecto de ley presentado por legislador Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) que establece que se “garantice la libre circulación”, y fija “el impedimento de corte parcial total” de rutas o calles. Además de instruir a la Policía “a la intervención inmediata” frente a la imposibilidad para circular.
Mientras que el radical Dante Rossi volvió a presentar una iniciativa que “sugiere” delimitar algunas cuadras del área central para impedir que se realizan cortes. De esta forma, fija que entre las arterias Marcelo T. de Alvear-Figueroa Alcorta, Humberto Primo-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan no se realicen protestas.
