La intencionalidad es admitida por propios y extraños: Cristina Fernández de Kirchner dividió el bloque del Frente de Todos con la única intención de no quedar en minoría en el organismo que designa y remueve los jueces, por la sencilla razón de que para la vicepresidenta la agenda judicial es más que prioritaria.
Conocedora del Derecho Constitucional, la líder del Frente de Todos sabe que su maniobra va exactamente en contra del espíritu de equilibrio de estamentos y poderes que la reforma de 1994 planteó para el Consejo de la Magistratura. Pero ya lo sabía en 2005, cuando impulsó los cambios que recién el año pasado la Corte declaró inconstitucionales.
Lo que hizo la entonces senadora nacional y esposa del presidente Néstor Kirchner era casi un calco de lo que llevaron adelante de arranque varias gestiones: diseñar una arquitectura político-legal para que el Poder Judicial quedara sujeto del Ejecutivo. En Córdoba lo hemos conocido de sobra en cada una de las administraciones desde el regreso de la democracia.
La maniobra violenta una serie de principios básicos. Primero, el de la ley que establece que de los cuatro miembros por cada cámara ante el Consejo, dos son para el oficialismo y dos para la oposición; segundo, el de la Constitución, que exige ciertos equilibrios en el organismo de designación de magistrados; tercero, el de la representación democrática, al alterar los bloques consagrados por el voto popular.
¿Dividido 10?
Y es en este punto donde el tema nos lleva a esta manganeta de subdividir bloques, que implica una abierta alteración de la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas.
Es ahí donde el escandalizado Juntos por el Cambio carece de autoridad para hacer planteos, porque parceló en distintas bancadas la representación parlamentaria que obtuvo con una sola lista.
O sea, los ciudadanos votaron de manera claramente mayoritaria en las últimas elecciones legislativas nacionales una lista sábana que decía “Juntos por el Cambio” o “Frente de Todos”. No había en esa boleta asteriscos o paréntesis que aclarasen de dónde cada uno de los integrantes de la nómina había llegado a esa coalición electoral.
Pero los de Juntos por el Cambio usaron un artículo del reglamento que alude a que “cuando un partido político existente con anterioridad a la elección de los diputados tenga sólo uno o dos diputados en la Cámara, podrán ellos asimismo actuar como bloque”. Y armaron 10 bloques en Diputados, con un interbloque. No había en ninguna urna de la Argentina 10 listas de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.
Pero fueron más allá de eso de los partidos preexistentes y terminaron dividiéndose en el interior de los propios partidos, como pasó con los radicales encabezados por los cordobeses Mario Negri y Rodrigo de Loredo.
Ese mismo artículo del reglamento habla de “afinidades políticas”, y de eso se valió Cristina.
Es que hay varios negocios detrás del armado de bloques. El que hizo Cristina está claro: intentar la mayoría en el organismo que nombra y echa jueces. Pero hay otros. Tienen que ver con nombramiento de personal, cargos, participación en comisiones y negociación de votos para ciertas leyes, entre otros.
Y es así como se termina sometiendo la voluntad popular al arbitrio de los negocios de la política, sea el de querer controlar la Justicia o el de acomodar a un militante con un cargo.
