Hace apenas una semana, Martín Llaryora sacaba pecho ante sus principales adversarios políticos por la fortaleza del “modelo Córdoba”. Al abrir las sesiones legislativas, aseguró que la Provincia había realizado en 2024 un ajuste todavía más fuerte que el de la Nación y que lo había hecho sin quitarles fondos a los municipios, ni cortar la obra pública ni restringir servicios o programas sociales.
Las cuentas que muestra el ministro de Economía de la Provincia, Guillerno Acosta, indican que ese ajuste del que habló Llaryora se hizo el año pasado retrasando ostensiblemente los sueldos de los empleados públicos, manteniendo pisadas las jubilaciones y recortando el ritmo de la inversión pública, que venía muy elevado tras el año electoral.
Pese a ese recorte, se inauguraron dos autovías y la Provincia hace gala de tener en marcha una obra en cada pueblo o ciudad del interior, y ahora anuncia grandes inversiones en la Capital –se anunció un altonivel de 600 metros y 47 mil millones de pesos para avenida Vélez Sársfield– para fortalecer la complicadísima gestión de Daniel Passerini.
Esa imagen de Córdoba contrasta a más no poder con el corte abrupto de la obra pública nacional, que generó un verdadero derrumbe de actividad en la construcción –la caída en 2024 fue del 27,4%– y la pérdida de miles de puestos de trabajo, que suman al número cruel de 185 mil empleos formales destruidos en el primer año de la gestión de Javier Milei.
No obstante, en apenas una semana quedó claro que el modelo que promocionan Llaryora puertas adentro de la provincia y Juan Schiaretti puertas afuera está bajo asedio desde la llegada del gobierno libertario. Lo está en términos económicos y también en términos políticos, sin que sean muy relevantes siquiera los nombres de los adversarios locales.
Múltiples riesgos
Los factores de riesgo son numerosos y amenazan con confluir en simultáneo en el tormentoso año de las elecciones legislativas, que nunca son sencillas para el peronismo cordobés y que podrían ser especialmente complicadas si Schiaretti mantiene su negativa a ser candidato a diputado.
El factor más inconveniente para el “modelo Córdoba” es el modelo Milei. La motosierra libertaria se ensañó especialmente con las provincias en 2024, con la eliminación de los subsidios al transporte del interior, del Fondo de Incentivo Docente y de la obra pública. Todo eso fue remediado a nivel fiscal con un ajuste proporcional de la administración local, pero el incumplimiento total de la Anses con las cajas previsionales de 13 provincias es muy difícil de sobrellevar a futuro para las arcas locales: a cifras actuales, son más de 20 mil millones mensuales los que la Nación le retiene a Córdoba desde el inicio del gobierno de Milei sin que la Corte Suprema de Justicia haya movido un dedo.
En 2024 fue el hachazo de los recursos nacionales. En 2025 es la condena sumaria a toda suba de impuestos: demás está decir que la inmensa mayoría de las provincias y de los municipios presupuestaron incrementos que cubren la inflación y que también apuntan a cubrir parte del bache que dejó el ajuste nacional. El tribunal libertario es impiadoso: pena máxima para toda suba de impuestos.
El tema es que el incremento del Inmobiliario aplicado por Llaryora no es una suba cualquiera: tan estrafalario es el coeficiente usado que debía tener un tope máximo de 172,5% y en cambio llega a porcentajes que multiplican varias veces esa cifra, tanto en el Urbano como en el Rural, pero sobre todo en las cuentas vinculadas a actividades productivas.
O el Gobierno sobreestimó la buena relación que mantiene con las cámaras y entidades empresarias o pensó que los contribuyentes no comparan los cedulones. El argumento de que apenas el 1% de las cuentas tiene aumentos superiores a los anunciados es indemostrasble, y lo que era un problema con cada uno de los constribuyentes hoy es un problema político que la oposición está dispuesta a maximizar: hay legisladores que convocan abiertamente a la rebelión fiscal, la Rural de Río Cuarto intenta escalar el conflicto con amplio apoyo político y los paliativos de los diferimientos rápidamente resultan insuficientes.
El oficialismo logró postergar por 45 días las embestidas de la oposición en la Legislatura pero el Panal tiene un problema de magnitud con mucho más del uno por ciento de los contribuyentes.
Competencia opositora
Luis Juez y Rodrigo de Loredo compiten sin descanso entre sí y la meta es siempre la misma: quién logra infligir el daño mayor a la administración Llaryora. El resultado de esa anticipada contienda no está tan claro aún, pero el esfuerzo de ambos es titánico, permanente y cada vez más altisonante. Hasta la semana pasada también competían para ver quién lograba estar más cerca de Milei: se impuso Juez por amplio margen, con la foto en Olivos.
La embestida opositora contra la Provincia recorre todos los ítems del libreto libertario. La semana pasada, además de los cuestionamientos a la suba de impuestos, De Loredo acusó a Llaryora de haber pasado a planta permanente a más de 4.000 empleados públicos. El dato no era correcto, porque eran efectivizaciones de la gestión anterior, pero además eran puestos concursados y en su inmensa mayoría se trataba de profesionales de la salud. Antes de esos nombramientos, De Loredo había criticado con igual enjundia la falta de personal en los hospitales.
Desde esta semana irrumpirá otro eje en la áspera discusión política cordobesa. La UCR y el juecismo hicieron suyo el reclamo de jubilados provinciales que exigen el fin de los recortes que las sucesivas leyes previsionales del peronismo aplicaron sobre el 82% móvil que alguna vez tuvieron los empleados públicos cordobeses al jubilarse. Lo harán en el momento más crítico del desfinanciamiento nacional a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
El siguiente desafío llegará muy pronto. Los empleados públicos intentarán recuperar lo perdido y el inicio de clases será una prueba difícil de superar: el nivel de enojo de los docentes es creciente y generalizado.
