El presidente Javier Milei edificó la arquitectura legal de su primera parte de gestión en dos instrumentos muy abarcativos: un megadecreto de necesidad de urgencia (DNU) y el proyecto de “ley ómnibus” “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
El DNU está parcialmente en vigencia mientras que el Gobierno retiró la ley del Congreso después de que los sectores con los que había acordado en general la norma comenzaron a rechazar el articulado en particular.
Se abrió una etapa de confrontación política por parte del Presidente, que no sólo hizo todo tipo de acusaciones a los llamados opositores “dialoguistas”, sino que aplicó severos recortes que afectan a las provincias gobernadas por referentes de esa oposición más dialoguista.
Por eso, caída la “ley bases” y con el Gobierno buscando una ingeniería que le permita avanzar en reformas parciales sin pasar por el Congreso, la gran duda es qué va a pasar con el DNU.
Hay que recordar que la normativa vigente establece una serie de pasos para ese tipo de decretos, que entran en vigencia con fuerza de ley, pero deben ser ratificados por al menos una cámara del Congreso para que se sostengan.
Si Diputados y el Senado no lo convalidan, cualquier DNU se cae.
Limitación
Si uno se asoma al convulsionado escenario actual, el clima parece ser muy poco favorable para su aprobación. Pero en política las cosas nunca son lineales y hay un abanico de posibilidades que se abren.
En el oficialismo reconocen que el momento es harto complejo como para lograr una votación favorable.
Y ponen al Senado, donde el kirchnerismo hace rato apura el tratamiento del DNU, como la cámara con más posibilidades de rechazo.
Pero, en Diputados, los oficialistas de La Libertad Avanza y sus aliados más fieles del PRO ortodoxo creen que no están dadas las condiciones para un segundo rechazo en tan poco tiempo de gestión libertaria.
Que se deberían recrear algunas condiciones para volver a aquella votación en general de la “ley ómnibus”, con 144 votos a favor.
Pero el agua que corrió bajo el puente después de aquel viernes 2 de febrero a la tardecita llena más de un dique.
Con un Presidente que manda al psicólogo a gobernadores, trata de corruptos, traidores, ventajistas y privilegiados a los que le votaron en contra en particular de la mega ley, el escenario político se complica bastante para el oficialismo.
Por eso, la salida suena a intermedia. La apuesta libertaria es que Diputados nunca llegue a tratar en el recinto el DNU y con eso se dé lo que conoce como “sanción ficta”.
O sea, que el DNU siga vigente como hasta ahora, salvo en los artículos que suspendió la Justicia, como el de la reforma laboral.
Es decir, ya no irían por la aprobación, sino por el no tratamiento.
Esto podrían aceptarlo los “dialoguistas” si es que en algún momento se recupera una negociación.
Pero el temor del oficialismo pasa por otro lado. Que le concedan la sanción ficta del actual DNU, pero que reformen la actual ley que regula ese tipo de decretos de modo tal que sea mucho más estricta en la validación del Congreso y que limiten las temáticas sobre las cuales se puedan dictar.
Esto preocupa al oficialismo, ya que lo condicionaría en lo que le queda de la gestión para apelar a este tipo de normas en un Congreso en el que está en abierta minoría, haya o no alianza formal con un sector del PRO.
Entre los “dialoguistas”, madura la idea de una nueva ley que limite los DNU y están estudiando cómo sortear el condicionamiento de la actual norma que obliga a aprobar o rechazar todo el decreto sin poder desglosarlo por capítulo.
Alquileres
El DNU está vigente desde el 29 de diciembre, salvo en un capítulo que es medular: la reforma laboral. Hay un fallo de cámara que lo declaró inconstitucional y la última palabra en ese sentido la tendrá la Corte Suprema de Justicia.
La Corte es, justamente, la otra instancia que puede frenar el mega-DNU. A diferencia del Congreso, el Poder Judicial puede rechazar en parte el contenido de la norma.
Ese amplio decreto refiere a alquileres, a controles de precios, a transformaciones de empresas públicas, a regulaciones aduaneras, a modificaciones al Código Civil y Comercial, a autorización para transformar en sociedades anónimas a los clubes de fútbol, a obras sociales, a medicamentos y a cuestiones ambientales, entre otras cosas.
La incógnita es qué ocurriría si el Congreso baja una norma que está rigiendo.
Uno de los temas más concretos es el de los alquileres. La derogación de la anterior ley ha tenido resultados concretos y volvería a regir la cuestionada anterior normativa.
Oficialistas y “dialoguistas” coinciden en que, si se rechaza el DNU, el Congreso debería dictar en el mismo momento una ley que derogue la normativa que volvería a regir.
Francos va el martes a Salta y se reunirá con gobernadores
En un contexto de tensión de la Casa Rosada con los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, realizará el martes próximo su primera visita al interior para mantener un encuentro con varios mandatarios provinciales.
El titular de la cartera política nacional fue invitado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los calificados como “traidores” por el presidente Javier Milei tras la caída de la “ley ómnibus”.
El encuentro será en Salta y la excusa será la conmemoración de los 211 años de la Batalla de Salta.
Francos viajará solo, en avión de línea, el mismo martes, cuando se haga primero el acto por la mañana y luego la reunión, que será a “agenda abierta”, según dejaron trascender fuentes oficiales, de acuerdo con el diario La Nación.
La lista final de asistentes aún no está completa, pero entre quienes se espera que asistan estará el peronista Raúl Jalil, de Catamarca, y Hugo Passalacqua, de Misiones. Es muy probable que se sume el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el peronista con mejor relación con la Casa Rosada.
Desde el entorno de Francos admitieron que busca recomponer la relación, luego de una semana de enfrentamiento del Presidente con varios gobernadores. Dicen que el ministro habla seguido con el chubutense Ignacio Torres.
