Aunque el tratamiento del veto a las leyes de jubilaciones y discapacidad comenzará por la Cámara de Diputados y aún no tiene fecha, el kirchnerismo empieza a ejercer presión desde el Senado. El bloque de Unión por la Patria exigió este martes a los diputados que ya votaron a favor de esas normas que vuelvan a hacerlo, porque de lo contrario “serán nuevos Kueiders”.
La alusión fue al exsenador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue expulsado del Congreso a fines del año pasado por un presunto hecho de corrupción, en el que se sospecha del cobro de coimas del Gobierno nacional a cambio de votar a favor de la Ley Bases.
Qué dijo el kirchnerismo
Unión por la Patria hizo la advertencia en una conferencia de prensa donde los senadores instaron a los diputados a reunir los dos tercios de los votos para insistir con las leyes. Si lo consiguen, el debate pasará al Senado y el bloque que dirige el formoseño José Mayans, que tiene fuerte influencia de la expresidenta Cristina Kirchner, garantizó que sus 34 integrantes rechazarán el veto.
En ese sentido, mencionaron con nombre y apellido a los senadores de otros bloques que también acompañaron las normas, como los cordobeses Luis Juez (con la excepción de la moratoria) y Alejandra Vigo. “Tienen que volver a votar estas leyes. Si no lo hacen, tendremos nuevos Kueiders”, sentenció el camporista porteño Mariano Recalde.
Aunque apuntó a otras fuerzas, el mensaje también puede leerse como una advertencia interna. Si bien todo Unión por la Patria acompañó las leyes en Diputados, hubo algunos ausentes de Santiago del Estero y Catamarca, que ahora son clave.
En la Cámara alta, la ley de recomposición de los haberes en un 7,2% y de aumento del bono a $ 110 mil fue aprobada por unanimidad (52 votos afirmativos, ninguno negativo y 4 abstenciones), al igual que la emergencia en discapacidad (55 votos afirmativos). La restitución de la moratoria recibió menos apoyo (39 votos a favor, 14 en contra y una abstención).
Ninguna de las iniciativas recibió votos en contra porque La Libertad Avanza se fue del recinto para no convalidar la sesión, que habían calificado como inválida porque no existió una convocatoria formal. El senador por San Luis Fernando Salino reparó en ese detalle y sostuvo que “el propio veto del presidente legitima la sesión”.
Recalde, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fue el encargado de defender las dos leyes jubilatorias. Según el legislador, las medidas tienen un costo fiscal del 0,24% del PBI, “la mitad” de lo que significó la disminución del impuesto a los Bienes Personales y “la baja de retenciones a la Sociedad Rural”.
“Es mentira que no hay plata, el mentira que sea una decisión irresponsable del Congreso, y es mentira que afecte el equilibrio fiscal”, lanzó Recalde, al repasar una a una las fuentes de financiamiento contempladas en la ley de recomposición.
Entre ellas figuran la eliminación de diversas exenciones y beneficios impositivos; sobrecargos y comisiones que el FMI ya no cobra a la Argentina; y la reasignación de partidas de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). “Hay plata para espiar a los que marchan y a opositores, pero no para los jubilados”, lamentó.
Recalde advirtió que “apenas asumió Milei, le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. Les robó el 20% del poder adquisitivo, les robó los medicamentos gratis y empezó a cobrar el IVA de la canasta básica de alimentos. O sea que los jubilados tienen menos ingresos y más gastos”. Agregó que “no llegan a fin de mes” porque la jubilación mínima equivale al “49% de la canasta básica”, mientras que a fines de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el poder, significaba el “94,4%”.
