El bloque de diputados de Unión por la Patria oficializará en las próximas horas el pedido de juicio político contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente, que derivó en una estafa calculada en unos 87 millones de dólares. El kirchnerismo quiere ir a fondo en la investigación y no descarta acordar con otros espacios de la oposición que proponen alternativas menos extremas, como la creación de una comisión investigadora.
En conferencia de prensa, el líder parlamentario de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el episodio como “un escándalo sin precedentes” y “una estafa de enorme escala” que puede tener “consecuencias graves para la Argentina” y “trasciende fronteras”. Por eso, consideró que “requiere una respuesta institucional de la misma proporción”.
Los diputados del bloque están convencidos de que el escándalo golpea duro a Milei, porque tocó a la propia base libertaria. Para dimensionar la preocupación del Gobierno, algunos aseguraron haber recibido llamados del asesor Santiago Caputo para frenar un intento de juicio político. No obstante, el proyecto ya está casi listo para ser ingresado. No hubo fisuras en la decisión, que se tomó el sábado en una reunión virtual convocada de urgencia.
Aunque consideran que el juicio político es el mecanismo “que más se adapta” a la circunstancia, están dispuestos a negociar con otros bloques para que la investigación contra el presidente prospere como sea, en el ámbito del Congreso y no del Poder Ejecutivo, como pretende Milei al involucrar a la Oficina Anticorrupción.
“Compartimos el deseo de llevar a fondo una investigación. Hay otros que no quieren. En lugar de hacer oposición del oficialismo, son oposición de la oposición”, advirtió Martínez, en un tiro por elevación al PRO y la UCR. Los únicos que, hasta el momento, no impulsaron ninguna iniciativa concreta para dilucidar la polémica.
“Los argentinos tienen que saber si tienen un presidente estafador, o si pasa una estafa por sus narices y no se da cuenta”, aseveró el líder de Unión por la Patria. “El presidente está confundiendo su rol, lo ha desvirtuado”, aportó el massista Ramiro Gutiérrez. “Los propios militantes de Milei sienten vergüenza de lo que pasó”, remató la kirchnerista Vanesa Siley.
Al pedido de juicio político de Unión por la Patria se suma otro ya presentado por los diputados más intransigentes del bloque Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto. Sus impulsores son los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, junto a la cordobesa Natalia De la Sota, quien suele moverse con independencia entre los representantes del PJ local.
En los bloques de la oposición dialoguista promueven alternativas menos extremas para darle intervención al Congreso sin caer en un juicio político, que por un lado necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras (en Diputados para acusar, y en el Senado, para juzgar), y por otro tiene, como fin último, la destitución del acusado.
Democracia para Siempre, el bloque de radicales disidentes a Rodrigo De Loredo, presentó este lunes un proyecto para crear una comisión investigadora sobre la conducta de Milei. A diferencia del juicio político, puede aprobarse con mayoría simple, por lo que tiene más posibilidades de avanzar.
La bancada propone que la comisión esté integrada por 15 diputados y que sea presidida por el partido opositor con mayor cantidad de legisladores (en este caso, Unión por la Patria). El proyecto, encabezado por el diputado Pablo Juliano, le da al cuerpo tres meses desde su conformación para producir “sus informes, dictámenes y conclusiones”.
“Si como consecuencia de la investigación, o en el transcurso de ésta, se advirtieran supuestos de mal desempeño o delitos de acción pública, la comisión deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales”, indica el proyecto.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió también había propuesto una comisión investigadora, pero este lunes eligió el camino de la Justicia y presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo.
En Encuentro Federal, los diputados que no quieren ir por el juicio político (entre ellos el propio Pichetto y el cordobés Oscar Agost Carreño) optaron por presentar un pedido de informes. El texto no fue acompañado por los diputados más fieles al gobernador cordobés Martín Llaryora, que hasta el momento no promovieron ni apoyaron ninguna iniciativa.
El pedido está dirigido al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Incluye 23 preguntas donde buscan determinar qué funcionarios o asesores participaron en la estrategia de difusión de la criptomoneda, si existieron contactos previos entre los promotores del token y el entorno del Gobierno, y si allegados al oficialismo obtuvieron beneficios económicos.
Por último, el Frente de Izquierda salió a pedir, a través del diputado Nicolás Del Caño, que Milei sea interpelado en el Congreso “para brindar informes verbales acerca de la escandalosa promoción de una estafa millonaria desde sus redes sociales”. En su proyecto de resolución, solicitan que el evento se transmita por cadena nacional.
El PRO y la UCR son los dos principales bloques que, hasta el momento, no promovieron ninguna iniciativa parlamentaria. “Urgen aclaraciones oficiales, sino será el Parlamento quien deberá posicionarse al respecto”, amenazó el bloque de De Loredo. El macrismo, por su parte, pidió investigar el caso “a fondo”, pero rechazó un juicio político “en esta instancia”. En Unión por la Patria leyeron esa última aclaración como una especie de amenaza a Milei.
