Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal e integrante de la máxima instancia penal federal del país, se refirió a la crítica necesidad de cubrir los cargos vacantes en el Poder Judicial argentino.
En un diálogo con Romina Manguel en A Confesión de Parte por FM Milenium, el magistrado solicitó que se cubran las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el cargo de Procurador General de la Nación, destacando que estas definiciones son cruciales para la estabilidad institucional del país.
Según Borinsky, la necesidad de completar la Corte Suprema es “fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”. El juez fue enfático al señalar que una Corte incompleta no sólo“ralentiza la actividad”, sino que también “se debilita la confianza pública”. La Corte debe estar completa para “dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina”.
La importancia de un jefe de fiscales
En cuanto al cargo de Procurador General de la Nación, el juez recordó que este puesto “está vacante hace nueve años” y que, si bien actualmente hay un procurador interino que es el más antiguo, un puesto tan sensible “no debería quedar sin definición”.
Borinsky subrayó el impacto directo de esta figura, ya que “el jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”. Para el magistrado, el cargo de Procurador General es “fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.
Otro punto crucial que Borinsky puso sobre la mesa es la necesidad de sumar un penalista al máximo tribunal. El juez fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte”. Esta presencia es clave no sólopara los temas que dominan la agenda pública actual, sino también por la complejidad de los delitos federales y los grandes casos sensibles. El magistrado argumentó que históricamente las Cortes argentinas tuvieron penalistas entre sus miembros, y que las máximas instancias en todos los países cuentan con al menos un experto en derecho penal.
La urgencia de actualizar la ley penal
Borinsky vinculó directamente la discusión institucional sobre las vacantes con la reforma legal que impulsa el oficialismo: la aprobación de un nuevo Código Penal. El juez sostuvo que un código de 1921 ya no “refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy”.
El proyecto de nuevo Código Penal busca “actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”. Esto incluye no
endurecer penas en delitos de corrupción y económicos, sino también incorporar de manera expresa figuras que antes carecían de entidad legal, como el cibercrimen, la violencia de género, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.
El nuevo código propuesto es significativamente más extenso, pasando de 312 a casi 900 artículos, triplicando el contenido para “sistematizar y clarificar”. Borinsky explicó que las actuales leyes dispersas generan dificultades, incluso para jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido.
Al concluir, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica, afirmando que “la discusión ya no es entre mano dura y garantismo” porque “todos los jueces aplican la Constitución”. Para Borinsky, el foco debe estar en la “aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.
El magistrado finalizó reiterando que la Justicia requiere “definición política e institucional” además de recursos e instrumentos jurídicos. En su opinión, “No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”.
