El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificaron los términos más duros del acuerdo vigente pese a la presión pública de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por una revisión integral del programa de Facilidades Extendidas en curso.
La única concesión realizada por el organismo multilateral es la flexibilización de las metas de acumulación de reservas por efectos de la sequía.
La férrea posición del FMI quedó expuesta cuando además le reclamó al Gobierno que busque la forma de compensar el gasto adicional que impone la sanción de la moratoria previsional.
Al 31 de marzo, el Banco Central debía alcanzar un monto mínimo de reservas de U$S 5.500 millones, U$S 500 millones más que los sumados a fin de 2022. Para 2023 debían conseguir U$S 9.800 millones de libre disponibilidad. Pero todos los cálculos quedaron desfasados por la persistente ausencia de lluvias y ante tamaño hecho inesperado el FMI aceptó cambios.
Si bien los nuevos parámetros ya fueron acordados, se conocerán cuando el Directorio del organismo apruebe el documento que le elevará el staff técnico. Se estima que la reducción en la obligación para este año será de alrededor de U$S 2.000 millones.
Durante el último fin de semana la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó “unidad política” para una revisión completa del pacto con el FMI.
Sin embargo, apenas 48 horas después se conoció el texto acordado que mantienen las bases del programa original.
“No creo que nos reclamen algo porque hicimos un trabajo de varias semanas para conseguir la modificación en el tema de reservas y sobre los otros puntos en discusión”, señalaron fuentes cercanas al ministro de Economía, Sergio Massa.
El reporte realizado por el grupo que lidera Luis Cubeddu que será puesto a consideración de la cúpula del organismo incluye la aprobación de los parámetros al 31 de diciembre de 2022 y dispara un desembolso de U$S 5.300 millones.
Esa votación podría demorarse entre dos y tres semanas, con lo cual la Argentina deberá afrontar los pagos al FMI que operan el 21 y 22 de marzo por U$S 2.700 millones con reservas. De todas formas, en el Palacio de Hacienda no descartan alguna alquimia legal para postergar las fechas y que calcen con el giro previsto.
El comunicado emitido por el staff ratificó que la Argentina debe reducir a 1,9% del PBI su déficit fiscal y confirmó que la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional (emisión monetaria) no podrá superar al 0,6% del PBI.
“Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos”, indicó el documento, que añade que se avanzará en la quita de subsidios. Esa reducción planea eliminarlos para los sectores de mayores recursos desde mayo y para el sector comercial hacia fines de año.
El FMI también puso el foco en el impacto de la moratoria previsional y le reclamó al gobierno “medidas tempranas y decididas” para un gasto que calificó como “imprevisto” ya que no estaba contemplado en el texto que se autorizó en marzo de 2022.
Sobre el combate contra la inflación, el Gobierno se comprometió a mantener tasa de interés real positiva, lo cual obra como un freno para el nivel de actividad.
Asimismo, se acordó que no se podrán utilizar reservas para continuar con el programa de recompra de deuda anunciado en enero. Tampoco podrán emitir instrumentos de deuda externa para intervenir en los mercados cambiarios paralelos.
Al respecto, en Hacienda aclararon que se buscarán fuentes alternativas de financiamiento para poder continuar con el rescate de bonos.
Como datos adicionales, en Economía consideran como positivo que el FMI dejó abierta la puerta para la implementación de un nuevo dólar soja para fortalecer las reservas.
“En el futuro, será esencial mantener políticas sólidas y adaptarlas según sea necesario a la evolución de las condiciones externas e internas”, señaló el FMI, al tiempo que sostuvo que “las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”.
Si bien en Economía se mostraron conformes con los términos alcanzados, los funcionarios remarcan que los próximos 20 días serán clave para definir el resto del año.
La cantidad de lluvias acumuladas, pero también su distribución geográfica” serán fundamentales para realiza un diagnóstico mucho más certero del impacto de la sequía y su réplica en la economía.
La próxima revisión se iniciará en los primeros días de mayo y auditará los números al 31 de marzo y abarcará las proyecciones para el segundo semestre, período condicionado por el calendario electoral.
