Desde la madrugada del miércoles, mientras miles de personas se congregaban en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional mantuvo un seguimiento constante de la situación, aunque sin intervenir de manera directa.
El presidente Javier Milei permaneció en la residencia de Olivos durante toda la jornada y evitó expresarse públicamente, algo inusual en su estilo habitual de comunicación a través de redes sociales, especialmente en X.
A pesar de su silencio, Milei mantuvo contacto con su equipo más cercano y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien asumió el rol principal en el monitoreo del operativo de seguridad. En paralelo, en la Casa Rosada se reunió la “mesa chica” del Gobierno para coordinar respuestas institucionales ante una manifestación que había sido anunciada con anticipación y que, por su magnitud, generaba tensión política.
La estrategia oficial fue clara desde el inicio: evitar una confrontación directa del Presidente con la protesta, pero asegurar el control del mensaje. “La centralidad esperará que decante la situación de Cristina… El Gobierno sigue su agenda con normalidad”, deslizó un vocero a medios acreditados, en línea con la intención de aislar la movilización del esquema de gestión.
Desde temprano, Bullrich supervisó personalmente el despliegue de fuerzas federales en puntos clave, como Casa Rosada, Congreso y Tribunales, donde se reforzó la presencia de efectivos, de vallas y de móviles de Gendarmería.
Aunque el Ejecutivo intentó aplicar el protocolo antipiquetes, rápidamente reconoció que su cumplimiento sería parcial, debido a la dimensión de la movilización.
Las autoridades se limitaron a garantizar la circulación en arterias principales, como la avenida 9 de Julio, y evitar cortes prolongados.
La ministra de Seguridad dejó claro que el Gobierno no permitiría “la tiranía de la calle”, una frase que fue reproducida por múltiples medios y acompañada por imágenes de controles en rutas y accesos a la ciudad, donde se fiscalizaron colectivos y vehículos que transportaban a manifestantes.
Según fuentes oficiales, el operativo priorizó la protección de edificios institucionales y el mantenimiento del orden público, sin intervenir directamente en la concentración.
El discurso oficial se concentró en las figuras de Bullrich y del vocero presidencial, Manuel Adorni. La ministra advirtió que el kirchnerismo buscaba desplazar al sistema institucional por la fuerza, describiendo la marcha como “al filo de las actitudes democráticas”. Incluso planteó que una ocupación prolongada del espacio público podría ser leída como un intento de tomar el poder desde la calle.
Adorni, por su parte, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la aplicación del protocolo antipiquetes “hoy y siempre”. También destacó que el Gobierno no permitiría que “un sector político marcara la agenda electoral”.
En redes sociales, el vocero cuestionó con signos de pregunta (“?”) expresiones de militantes kirchneristas utilizando signos de interrogación para marcar distancia.
Mientras transcurría la manifestación, el Gobierno mantuvo su agenda. En el plano económico, la jornada dejó dos datos positivos para la gestión. Por un lado, el sector público nacional registró en mayo un superávit primario de $ 1,69 billones (0,2% del PBI) y un superávit financiero de $ 662 mil millones, acumulando resultados positivos en los primeros cinco meses del año. Por otro, el Indec informó un aumento interanual del 19,2% en las ventas en centros de compras durante abril, con picos del 22% fuera del área metropolitana.
