El Gobierno nacional reguló el precio de las cuotas de la medicina privada y dispuso que durante los próximos seis meses los aumentos de las cuotas sean por inflación y tomando como base los valores de diciembre de 2023.
En consecuencia, las empresas deberán recalcular (rebajar) el valor de sus cuotas, que según estimaciones oficiales sufrirían una caída del orden del 33% en las cuotas mensuales.
De esta forma, a partir de mayo los asociados recibirán facturas con menores montos, pero hay dudas respecto de si se les devolverá lo que pagaron de más entre enero y abril. Eso depende de una medida cautelar que está en manos de la Justicia.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Comercio tras un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que determinó que las empresas alcanzaron un “acuerdo colusivo” para subir los precios.
La colusión es una práctica en la que empresas que compiten en un mismo mercado, acuerdan aumentar o fijar precios, reducir la producción, repartirse el mercado o bloquear el ingreso de nuevos competidores, con el objetivo de incrementar los beneficios de las empresas participantes
Tras el dictamen de la CNDC la Secretaría de Comercio decide la regulación de los precios, pero la dependencia a cargo de Pablo Levigne aclaró que no tiene competencia para ordenar que se devuelva lo abonado en exceso.
En forma paralela a esta medida, la Superintendencia de Salud presentará en la Justicia una medida cautelar para que las compañías tengan la obligación de reintegrar lo abonado por sobre lo que surge de la nueva fórmula.
Tampoco hay definición sobre aquellos afiliados que en los últimos cuatro meses tuvieron que darse de baja por no poder afrontar los aumentos de las cuotas. En principio, quedaría en poder de cada empresa definir qué hará con ese conjunto de personas, que se estima alcanzaría a unas 500.000.
Cabe apuntar que la medida no es para todo el sistema de salud prepago sino para un conjunto de empresas que alcanzan al 75% de ese universo.
Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la mencionada medida cautelar son las empresas de medicina prepaga: Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint de Servicios, Osde, Unión Argentina de Salud (UAS); y Claudio Fernando Belocopitt, en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical SA y de la UAS.
Por su parte, Belocopitt rechazó las acusaciones de cartelización que realizó el Gobierno y defendió los aumentos comparando lo que sucedió con otros sectores de la economía, incluso áreas manejadas por el Estado como los peajes.
En distintas declaraciones periodísticas, el empresario sostuvo que si bien los aumentos de las prepagas en los últimos meses estuvieron por encima de la inflación, si se toman los últimos tres años el ajuste se encuentra por debajo de la suba de precios.
Por otra parte, reclamó que el Gobierno forme una mesa de análisis en la que se incluyan a los diferentes actores del sistema de salud.
La medida dictada por el Gobierno no alcanza a clínicas, laboratorios, médicos o establecimientos que realizan estudios clínicos, con lo cual queda la incógnita de cómo las prepagas financiarán esos servicios ante una caída de los recursos.
Pese al origen libertario del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la regulación dispuesta por la Secretaría de Comercio y destacó la labor de los funcionarios.
Desde Estados Unidos donde se encuentra para participar de la Asamblea de Primavera del FMI y a través de su cuenta de “X”, el jefe del Palacio de Hacienda resaltó que se tomó la medida “utilizando las herramientas institucionales” y subrayó que “resulta un alivio para la clase media”.
Esta es la segunda embestida del Gobierno contra el sector privado por el tema precios. A principios de marzo, el presidente, Javier Milei y Caputo arremetieron contra empresas alimenticias y supermercados por ajustar sus precios en promociones por cantidad y no por porcentaje sobre cada producto.
Tanto el incremento de los alimentos como el de las cuotas de la medicina privada están enmarcados en los parámetros del DNU 70/2023 que permanece vigente.
La medida preventiva dictada por Comercio ordena además cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
Las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas también deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual.
