El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei.
Sin embargo, en un movimiento que refleja el estancamiento fiscal, el Ejecutivo suspendió de inmediato su aplicación.
Mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, se oficializaron las Leyes 27.795 y 27.796, respectivamente.
No obstante, el Gobierno no habilitó las partidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
La postura del Ejecutivo
Al igual que ocurrió con la ley que declaró la emergencia en discapacidad, la puesta en marcha de estas normativas queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto nacional.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, había señalado previamente que el Parlamento “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”.
El Poder Ejecutivo mantiene la postura de que el propio Congreso, idealmente a través del Presupuesto 2026, debe definir cómo aumentar los recursos.
La suspensión de la aplicación se fundamenta en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 sobre ejecución del gasto público.
La Procuración del Tesoro ya advirtió que intentar ejecutar la Ley universitaria sin recursos sería incompatible con la ley y podría generar responsabilidad funcional.
Cuánto cuestan las leyes
La Ley 27.795 busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
Los cálculos oficiales estiman que su ejecución total costaría $ 1,07 billones en 2025, y más de $ 2 billones para 2026.
En cuanto a la Ley 27.796 (emergencia pediátrica), esta declara la emergencia sanitaria, busca recomponer salarios del personal sanitario e incentivos fiscales, y declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Su costo fiscal estimado es de $ 196.270 millones.
El decreto advierte que, si bien la norma sugiere reasignar partidas dentro del Ministerio de Salud, este ya presenta un déficit de $ 102.400 millones.
Según el Ejecutivo, implementar la ley sin fuentes de financiamiento claras implicaría desfinanciar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o los programas de prevención de enfermedades.
