El gobierno del presidente Javier Milei oficializó el veto a las leyes clave que establecían un aumento en las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, llevando las firmas del Presidente y de todo su Gabinete.
La decisión, que ya había sido anunciada por el mandatario el mismo día de la aprobación de las leyes en el Senado el pasado 10 de julio, ahora deberá ser tratada por el Congreso de la Nación.
La oficialización del veto y el impacto inmediato
La oficialización del decreto presidencial suspende de manera inmediata el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2%. Adicionalmente, se frena el incremento del bono, que pasaba de $ 70.000 a $ 110.000 y que además iba a comenzar a actualizarse por inflación.
La moratoria previsional, que buscaba reabrir por dos años la posibilidad de jubilarse para personas sin los 30 años de aportes, también fue alcanzada por esta decisión presidencial.
En cuanto al ámbito de la discapacidad, el veto detiene el proyecto impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia en esta área hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esta iniciativa buscaba reforzar las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio, y establecía su compatibilidad con empleos formales siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.
Los argumentos del Gobierno
El argumento central del Presidente para desestimar estas leyes es que su implementación “rompería el equilibrio fiscal”.
Milei ha sido enfático en su postura, declarando incluso antes de la oficialización que “vamos a vetar” y, en caso de que el veto no se sostenga, lo “vamos a judicializar”. El mandatario subrayó que la “política del superávit fiscal es permanente”.
Además del fundamento económico, el decreto publicado este lunes destacó la existencia de “graves vicios reglamentarios” en la votación del Senado.
El documento menciona que la sesión del 10 de julio de 2025 se llevó a cabo sin que se hubiera citado previamente a los integrantes del H. Senado de la Nación, lo cual es un requisito para el correcto funcionamiento de la Cámara Alta.
Otro punto de objeción expresado es que el tratamiento de los proyectos fue habilitado mediante una votación que, según el Reglamento del Senado, debía computarse con una mayoría de dos tercios de los votos, y no con una simple mayoría.
Se argumentó que esta votación fue resultado de una “ilegítima interpretación del Reglamento” realizada durante la sesión, la cual otorgó carácter de dictamen a documentos que “carecían de los requisitos esenciales”.
Estas irregularidades fueron señaladas por la Secretaría Parlamentaria, que por Resolución N° 1/25, no otorgó validez jurídica como dictámenes a los documentos en cuestión.
El futuro del veto: la pelota en el Congreso
Tras la oficialización de la medida por parte del Poder Ejecutivo, la decisión presidencial deberá ser refrendada por el Poder Legislativo. Para sostener el veto, el Gobierno necesita asegurar 86 votos en el Congreso, en el caso de que todos los diputados estén presentes.
Cabe recordar que la ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 votos a favor, 67 negativos y 19 abstenciones, con 28 ausentes, mientras que la emergencia en discapacidad tuvo 34 ausencias en su votación.
La resolución final de este conflicto, que impacta directamente en miles de jubilados y personas con discapacidad, queda ahora en manos del debate y las votaciones parlamentarias.
