El gobierno de Alberto Fernández tomó distancia del paro por 48 horas que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició este miércoles en el interior del país para reclamar una mejora salarial y apuntó que son las administraciones provinciales las que deben atender esas demandas.
“El Ministerio de Transporte está al día con el Fondo Compensador del 2022. Cualquier aumento que tengan que hacer las empresas provinciales corren por las provincias”, indicaron en la cartera que conduce Alexis Guerrera ante la consulta de este medio.
Así, la Casa Rosada evadió cualquier responsabilidad sobre el conflicto que se inició ante el fracaso de las negociaciones salariales entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
El gremio difundió el martes un comunicado para ratificar la medida de fuerza y para insistir con su reclamo: quieren que se replique en todo el país el aumento que definieron con las empresas del sector en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A saber, el acta del entendimiento que se firmó el 23 de septiembre establece una recomposición escalonada para llevar el salario básico a $200 mil en diciembre. Además, otorga para lo que resta del año una gratificación no remunerativa de $40 mil, a pagarse $15 mil en octubre, $15 mil en noviembre, y $10 mil en diciembre.
“Del mismo modo que se realizaron las gestiones estatales para alcanzar un acuerdo para los trabajadores del AMBA, exigimos que se oficie para los del Interior del País, por la premisa de ‘Igual remuneración por igual tarea’. Por eso exigiremos mayor compromiso y participación de los gobernantes y del Ministerio del Interior, que son en definitiva quienes deben enfocarse en la resolución del conflicto”, planteó el texto que firmó Roberto Fernández, el secretario general de la UTA.
La confirmación del paro coincidió con la exposición del ministro Guerrera en la Cámara de Diputados, en el marco de las deliberaciones sobre el Presupuesto 2023. Allí el funcionario nacional volvió a escuchar quejas por el nivel de las partidas que reciben las provincias para financiar el servicio de transporte de pasajeros.
Una de las que promovió esas demandas fue la diputada cordobesa del bloque PRO Laura Rodríguez Machado, quien le remarcó al ministro que “acá hay una falta de federalismo absoluta en la distribución de subsidios al transporte”.
“Los números con la inflación no nos dan, no nos dan. En el interior, la municipalidad y la provincia también subsidian el transporte y, sin embargo, no alcanza”, completó Rodríguez Machado.
El Presupuesto 2023 indica que la asistencia al transporte automotor en el interior ascenderá a $66.000 millones, pero el número no satisface las demandas provinciales. Guerrera repasó en la Cámara baja la evolución de la distribución de las partidas para el AMBA y para el resto del país.
Los gráficos que presentó el ministro indican que los subsidios para el transporte en el AMBA registraron una variación de 113% desde el 2019, mientras que las partidas para el resto de los grandes conglomerados urbanos aumentaron 991% en el mismo período.
Por lo pronto, los $66.000 millones proyectados para el próximo año son insuficientes porque suponen un aumento de apenas 43,5% (respecto a los $46.000 millones que se utilizaron este año) y los pronósticos oficiales señalan que la inflación saltará al menos 60% en 2023.
La diputada santafesina del PRO Germana Casas preguntó cuáles eran las propuestas que analizaba el gobierno para “rediseñar el sistema de asignación y distribución de compensaciones tarifarias a los efectos de generar mecanismos que permitan disminuir las asimetrías entre los sistemas de transporte de AMBA y del interior del país”, tal como se planteó en el proyecto de ley.
Al respecto, Guerrera insistió con el planteo que realizó el ministro de Economía Sergio Massa y recordó que el Presupuesto contempla en uno de sus artículos “la posibilidad de que los convenios que venimos firmando sean distintos y podamos incorporar distintas cláusulas que vayamos consensuando, que nos acompañen y ayuden a una mejor distribución de los subsidios”.
“Nosotros tenemos algunas ideas. Me parece que no es el lugar para discutirlas porque son discusiones por un lado de tecnicismos y por el otro de política, pero no se resuelven en una alocución de un ministro, sino que se necesita de un debate profundo de todos los actores y fundamentalmente también por parte de las provincias”, completó.
