El Gobierno se ilusiona con el escenario que se abrirá tras las elecciones y apura las reformas ansiadas por el presidente Javier Milei, como la laboral y la tributaria. Los proyectos están en manos del Consejo de Mayo y ya tienen fecha de envío al Congreso: el 15 de diciembre, cinco días después del debut de la nueva conformación parlamentaria, que dejará a La Libertad Avanza con bloques más robustos en ambas cámaras.
Así lo anunció este martes el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien supo ser el colaborador más estrecho del cordobés Rodrigo De Loredo. El funcionario anticipó los nuevos proyectos del Poder Ejecutivo al participar de una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto a su par Maximiliano Fariña, secretario de Transformación.
Cacace adelantó ante los diputados que el 15 de diciembre mandarán al Congreso las reformas que están bajo tratamiento del Consejo de Mayo, y convocó a “todos los bloques” a “trabajar juntos” para darle luz verde a esas iniciativas. “Tenemos que ir por más. Y para ir por más necesitamos que ese el común denominador sea más alto”, alentó.
El secretario enumeró el decálogo en el que se está trabajando: “La inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar al 25% del PBI; la educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la modificación de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; la reforma previsional; y la apertura del comercio internacional”.
En ese sentido, recordó que “estos no son puntos del Gobierno, sino que fueron suscriptos por 18 gobernadores y se están discutiendo en el ámbito del Consejo de Mayo. Y vamos hacer el 15 de diciembre el envío de esos proyectos con la idea de que los trabajemos juntos”.
El Consejo de Mayo es el organismo coordinado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, el diputado Cristian Ritondo (PRO), la senadora Carolina Losada (UCR), el sindicalista Gerardo Martínez (Uocra) y el empresario Martín Rappallini (UIA).
Además de las reformas que surjan del Pacto de Mayo hay otras dos “patas” con las que el Gobierno quiere avanzar. Entre murmullos de reprobación del kirchnerismo, Cacace prometió que enviarán “una Ley Bases 2, recopilando cosas que quedaron en el tintero” de la versión sancionada, como el juicio por jurados, el divorcio exprés y cuestiones de defensa de la competencia.
La Ley Bases fue, junto con el DNU 70/23, la piedra basal del gobierno de Milei: le permitió en el inicio de su gestión, cuando buena parte de la oposición aún lo acompañaba, gozar de facultades delegadas para ejecutar el ajuste en el Estado, y avanzar con privatizaciones de empresas públicas.
El tercer eje del “combo” oficial es una segunda versión de la Ley Hojarasca, el proyecto insignia de Sturzenegger para depurar legislación y eliminar regulaciones obsoletas. Sin embargo, la primera entrega, enviada a mediados de octubre de 2024, nunca se sometió a discusión en Diputados, por lo que el debate debería comenzar desde cero.
En la reunión de este martes, tanto Cacace como Fariña defendieron el “plan motosierra” llevado adelante desde el Ministerio de Sturzenegger, quien además fue una figura clave de la primera Ley Bases cuando aún no era funcionario. De hecho, algunos diputados recordaron que fue quien “escondió” el dictamen en aquel momento para “corregirlo”.
“Cuando llegamos al gobierno, había dos pilares fundamentales: el superávit fiscal y la desregulación. En 30 años, el Estado argentino creció y para nosotros ese es el ajuste, que cada peso que le quitó a los consumidores y empresas, nos llevó a un país sin generación de empleo ni inversiones. Haber logrado el superávit fiscal en el primer mes de gobierno tuvo como contracara una transformación y una revisión del tamaño del Estado nacional”, sostuvo Fariña.
El funcionario aportó algunas cifras. Precisó que el gobierno de Alberto Fernández tenía, entre ministros, secretarios y subsecretarios, 307 autoridades superiores, y en un año redujeron esa estructura en un 40% hasta llegar hoy a 194 autoridades superiores, lo que “implicó un ahorro de $ 5.000 millones”.
También resaltó que “eliminaron 400 áreas del Estado” y “más de 25 fondos fiduciarios”, a la vez que “en un año y medio redujeron el empleo público en 54.000 personas”, entre otras medidas.
