El Gobierno nacional inició este jueves la ronda de diálogo con los gobernadores con una primera convocatoria con quienes tiene acuerdos electorales, al tiempo que aun no hubo comunicación formal para un encuentro con el mandatario cordobés, Martín Llaryora.
Así los primeros jefes provinciales en sentarse a la mesa fueron Leandro Zdero de Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.
Con los tres La Libertad Avanza cerró acuerdos políticos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo cual facilitó la reunión.
Del otro lado los recibieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el de Economía, Luis Caputo.
Se estima que Marcelo Orrego de San Juan y Claudio Poggi de San Luis serían los próximos y no muy lejos les tocará a Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Precisamente hasta Tucumán viajaron este jueves Karina Milei, Martín Menem y el propio Catalán para abrir la campaña de LLA en esa provincia, donde justamente enfrentarán a la lista que encabeza en forma testimonial el propio Jaldo.
“Lo estamos definiendo”, fue la escueta respuesta en la Casa Rosada acerca de cómo se articularán los encuentros con aquellos que expresaron su rechazo o se mostraron más escépticos a aceptar reunirse con el gobierno. Se especula que se intentará algún tipo de acercamiento previo para palpar la viabilidad de cada reunión para luego avanzar sobre seguro.
De allí que buena parte de la hoja de ruta de esta mesa de diálogo empiece a definirse de acuerdo al tono de confrontación que surja de la reunión de gobernadores que este viernes se realizará en Río Cuarto.
El dato político más saliente de esta primera ronda fue la activa participación de Eduardo “Lule” Menem, quien recibió a Zdero por la mañana en su despacho, lo cual demostró que el principal funcionario de Karina Milei mantiene su poder dentro de la estructura de gobierno, pese a las fuertes críticas que recibió tras la derrota electoral del último domingo.
La foto con gobernadores afines se da el día antes que el presidente, Javier Milei, formalice el veto a la ley de reparto de ATN, que justamente fue impulsada por los mandatarios provinciales.
Esa ley tiene un costo para el fisco de $ 1 billón de pesos, que implica un 0,11% del PBI.
Pese a que los gobernadores participantes esquivaron a la prensa, la principal preocupación sigue siendo el envío de fondos
De hecho este jueves Milei realizó una reasignación de partidas presupuestarias (dado la falta de presupuesto nacional) y recortó en cerca de $ 20.000 millones la asistencia a provincias. Se podaron unos $ 12.720 millones para gastos corrientes y $ 6.801 millones para financiar gastos de capital.
El FMI insiste con el ajuste
Para encarar la pulseada con los gobernadores, Milei consiguió una declaración clave del FMI. El organismo reclamó que el presupuesto para 2026 mantenga el equilibrio fiscal.
En una conferencia de prensa en Washington, la vocera del organismo Julio Kozack sostuvo que el FMI “apoya el cumplimiento del ancla fiscal continua por parte de las autoridades y su agenda de regulación integral, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de los efectos del marco cambiario y monetario del programa”.
“Celebramos los superávits primarios logrados en el lado fiscal en agosto y esto coincide con las metas del programa”, remarcó.
En ese sentido, la vocera indicó que el FMI espera la presentación del presupuesto “para que se continúe este progreso y también para sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar lo que se ha logrado hasta ahora”.
El presidente presentará el próximo lunes en cadena nacional el proyecto de presupuesto 2026 y para lograr el objetivo de equilibrio fiscal necesita el apoyo de los gobernadores.
Además, el FMI está esperando algún gesto superador como avances en las reformas laboral y fiscal.
El gobierno dice que Caputo ya tiene listo ambos capítulos para presentarlos tras las elecciones y cumplir con lo firmado en el acuerdo vigente.
Si bien no son metas que puedan hacer caer el acuerdo, su incumplimiento debilita la posición del gobierno ante vada nueva revisión.
