A través del Decreto 149/2025 publicado el miércoles, el Gobierno puso fin a la obligatoriedad de los aportes económicos que las empresas debían realizar a las cámaras empresariales. Esta medida revierte una práctica incorporada en algunos convenios colectivos que generaba controversia entre los empleadores.
La decisión se fundamenta en la ausencia de sustento normativo para exigir contribuciones a empresas no afiliadas a dichas cámaras.
Hasta ahora las cámaras empresariales se basaban en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades.
Qué cambia con el decreto
El decreto establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer cargas económicas a quienes no sean asociados o afiliados, a menos que estos últimos lo acepten voluntariamente.
Además, el Gobierno no homologará nuevos acuerdos colectivos que incluyan este tipo de cláusulas, buscando alinear la normativa con el principio de libertad de asociación.
Sectores como el comercio, donde estos aportes se estiman en $ 6.000 millones mensuales, se verán significativamente afectados. El caso de Comercio es el más paradigmático: según estimaciones de la administración libertaria, mediante ese mecanismo se impone a los establecimientos del sector mercantil el pago de unos $ 6.000 millones por mes para “presuntas actividades de capacitación”.
Un ejemplo es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), que ascendía a $ 4.725,02 por empleado en marzo.
El sistema, que cubría a 1,2 millones de trabajadores, generaba alrededor de $ 70.000 millones anuales.
El reclamo de las pymes
Las pymes habían denunciado la falta de transparencia en la administración de estos fondos y el carácter coercitivo de las contribuciones.
Federico Sturzenegger explicó que el decreto termina con la posibilidad de establecer “impuestos privados” y que la imposición de estas cargas vulneraba la libertad de asociación. La medida aliviará la estructura de costos para muchas empresas, especialmente las más pequeñas.
Para las cámaras empresariales, esto implica un desafío para reconfigurar su financiamiento y depender más de los aportes voluntarios de sus afiliados.
La medida se enmarca en la política de desregulación del Gobierno.
CAC y Came recaudan esos aportes
La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) son las dos entidades que recaudan esos aportes, que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $ 5.000 millones mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1.200.000 trabajadores.
En cambio, según resolvió el flamante decreto del Gobierno, de ahora en más aquellos negocios o empresas que en forma voluntaria quieran seguir aportando a sus respectivas cámaras, podrán hacerlo, pero quedará sin efecto la obligatoriedad.
A la vez, el Gobierno anticipó que no homologará negociaciones colectivas en las que se obligue a las compañías a mantener estos aportes o contribuciones, ya que hasta ahora se hacía una interpretación incorrecta de la ley que regula estos convenios.
Pedido de Cadam
La eliminación del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país, según cuentan fuentes oficiales, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), entre otras.
Además de Comercio, el mismo mecanismo de cobro compulsivo de aportes por parte de cámaras o entidades empresarias a firmas afiliadas y no afiliadas se había extendido a otras actividades.
Otro de los casos que dio lugar a conflictos que incluso culminaron con demandas judiciales es el que involucra a la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), que también exige un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la cámara, contribución que equivale a 1% de la masa salarial. El sector aglutina a alrededor de 250.000 trabajadores, lo que implicaría para la entidad una recaudación mensual de $ 2.500 millones, de acuerdo a estimaciones del sector.
