El Gobierno de Javier Milei disolvió otros tres fondos fiduciarios públicos en Argentina, cumpliendo así con su promesa de campaña de eliminar este tipo de instrumentos y alcanzando la cifra de 29 fideicomisos públicos eliminados desde el inicio de su gestión.
La medida se oficializó mediante el decreto 463, publicado este 8 de julio en el Boletín Oficial, justo antes de la finalización de las facultades delegadas.
Esta acción forma parte del compromiso asumido por la administración de Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo por el préstamo de US$20.000 millones que obtuvo Argentina.
Oficialización y compromiso con el FMI
Los fondos disueltos son el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Según un comunicado del Ministerio de Economía, estos fondos presentaban un “pésimo uso de los recursos de la sociedad, además de falta de controles y de resultados”. Las auditorías realizadas por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) detectaron irregularidades en su administración, lo que justificó su eliminación.
Financiamiento de infraestructura regional bajo escrutinio
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), creado en 1997 por la Ley 24.855, tenía como objetivo principal financiar obras viales, energéticas, hidráulicas, urbanísticas y de saneamiento tanto en las provincias como en el Estado Nacional, a través de la concesión de préstamos.
En 2024, el FFFIR registró ingresos por $135.594 millones provenientes de sus rentas. El año pasado, este fondo financió diversas obras importantes, incluyendo:
- $ 9.188 millones para el reacondicionamiento de la ruta 23 en la provincia de Neuquén.
- $ 1.750 millones para la construcción del Túnel de Zonda en San Juan.
- $ 1.236 millones para la obra de la Alcaidía Las Talitas en Tucumán.
- $ 1.200 millones para un nuevo hospital en la localidad riojana de Chilecito.
- $ 794 millones para un polo hospitalario en Formosa.
Impulso productivo con recortes
Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) fue constituido por la Ley 27.431.
Su finalidad era facilitar el acceso al crédito e impulsar inversiones en sectores estratégicos, especialmente aquellos proyectos con valor agregado, innovación o impacto regional.
En 2024, el Fondep registró ingresos por $160.816 millones, lo que significó una caída del 38% respecto al año anterior debido a la reducción de las transferencias del Tesoro nacional.
Fondo Nacional del Manejo del Fuego
La gestión de Javier Milei también disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
La auditoría realizada por la Sigen en este fideicomiso reveló “demoras en los procesos de contratación para la compra de autobombas y falta de respaldo documental de los oferentes”.
Además, se reportó la contratación de al menos 62 personas durante 2023, de las cuales “no pudo constatarse el cumplimiento de los entregables establecidos en las condiciones de contratación”.
Según el Ejecutivo, entre 2022 y 2023 se transfirieron $ 26.000 millones a este fideicomiso, mientras que los recursos efectivamente utilizados ascendieron a solo $ 70 millones, evidenciando una gran brecha entre los fondos asignados y los ejecutados.
El cierre de 29 fideicomisos: ¿qué queda?
Con estas últimas disoluciones, el Ejecutivo ha eliminado la totalidad de los 29 fondos fiduciarios que el presidente Javier Milei había prometido disolver al principio de su gestión.
De todos los fideicomisos públicos, el Gobierno solo mantendrá el que subsidia la tarifa de gas residencial de zonas frías.
Entre los fondos dados de baja anteriormente se encuentran el de Integración Socio Urbana (FISU), de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec), de Seguridad Aeroportuaria, de Transporte Eléctrico Federal, de Desarrollo Provincial, de Progresar, de Capital Social, de Inversiones Estratégicas, de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y de la Vivienda Social, entre otros.
Estas acciones se suman a otras reorganizaciones del Estado, como la disolución de Vialidad Nacional y la reorganización del control del transporte