En el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno argentino presentará un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país con críticas sobre la independencia de los jueces y fiscales, el control institucional de los partidos opositores y el rol de los medios de comunicación.
Si no hay cambios de último momento el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, leerá el documento de treinta fojas este lunes en Ginebra.
Bajo el título Cuestiones emergentes: principales desafíos, la Secretaría de Derechos Humanos con la asesoría de Cancillería, redactaron una radiografía de la democracia desde la mirada del kirchnerismo.
Pietragalla sostiene que en Argentina “hay discursos del odio que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
Además el secretario de Derechos Humanos introduce el concepto de Lawfare para atacar al Poder Judicial, a los partidos políticos y a las empresas.
“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del lawfare o guerra jurídica. Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, advierte el informe oficial.
Y agrega: “En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.
Finalmente el informe oficial sostiene: “Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión. Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”.
La oposición repudió el informe y dijo que es “absolutamente falso”.
En un comunicado de la Mesa Nacional, Juntos por el Cambio salió al cruce y desmintió el informe que presentará el Gobierno en la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
“Repudiamos la acción de los representantes del gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, sostiene el comunicado de la principal fuerza opositora.
Los referentes del PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical advirtieron que es “absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa”. En el comunicado aclararon que intervinieron en los procesos en todas las instancias judiciales correspondientes: dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente el comunicado sostiene que el Gobierno “miente” a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina “un criminal endeudamiento del gobierno anterior”, en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta también criticó al Gobierno por el informe que presentará Pietragalla. En el contexto de la agenda de encuentros bilaterales que tendrá Alberto Fernández por la Cumbre de la CELAC dijo:
“Una vez más, el Gobierno Nacional usa la política exterior para ser cómplice de dictaduras de la región. En vez de luchar por los derechos humanos y la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, los recibe de brazos abiertos y usa a la ONU para criticar el poder judicial de nuestro país”, escribió en sus redes sociales.
La Coalición Cívica, en una declaración propia, sostuvo que se trata de “un nuevo ataque al estado de derecho y otro papelón internacional”.
“El informe es una vergüenza y atenta contra nuestra historia en materia de derechos humanos”, reza la declaración.
“Hablar de ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’ es una excusa para violar la independencia judicial”, afirmaron desde la CC.
