El Gobierno nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Las tareas de estos organismos serán absorbidas por Secretaría de Transporte de la Nación.
La decisión se formalizará este martes mediante la publicación de un decreto del presidente, Javier Milei, en el Boletín Oficial.
La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.
Adorni confirmó que el gobierno no solicitará una prórroga de las facultades delegadas que vence el miércoles 9 de julio y posibilitó que se tomen estas medidas.
El portavoz precisó que mediante esta facultad el presidente dictó 65 decretos desregulatorios que le permiten al Estado un ahorro de U$S 2.000 millones al año.
Adorni explicó que las funciones de control de la ANSV pasará a Gendarmería nacional que según precisó inspecciona cerca de 2,5 millones de vehículos al año en 80.000 puntos de control. A su vez, indicó que las tareas de la CNRT pasan a manos de la nueva agencia.
Entre las funciones de este nuevo organismo se cuentan: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. También podrá fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.
A su vez, podrá fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.
