En línea con lo que venían pregonando durante la campaña, el Gobierno buscará reformular el esquema de los planes sociales. En ese marco, el Potenciar Trabajo, que cuenta con 1.200.000 beneficiarios, cambiaría y sería reformulado bajo un nuevo nombre, además de ser repartido en al menos tres áreas.
Serían las secretarías de Estado, Niñez y Familia y Trabajo y Educación. Todas dependen del superministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. El objetivo sería descentralizar el plan y restarle poder a las organizaciones sociales, según consignó Clarín.
Este proyecto demandaría al menos tres meses, tiempo en el que se llevaría a cabo una nueva auditoría sobre la totalidad de beneficiarios, los cuales el 50% reside en el Amba.
En la gestión anterior, Sergio Massa empujo el decreto presidencial 565/2023para trasladar el universo completo de planes desde el ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo a partir del 1 de enero. Hoy, ambas dependencias son secretarías y, mientras se da esta prórroga de 90 días, los planes quedarán bajo la órbita de la secretaría de Niñez y Familia que conduce Pablo de la Torre.
Luego, cuando la auditoría termine, la cartera laboral, a cargo de Omar Yasin, supervisará a los trabajadores de las cooperativas y particulares informales. Cuando se implemente la reestructuración, los beneficiarios que no terminaron sus estudios deberán privilegiar la finalización de los mismos para cobrar el beneficio. Esto será monitoreado por la secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell.
De este modo, el Gobierno pretende eliminar a las organizaciones sociales como intermediarias. Las mismas, a través de las cooperativas funcionan, como unidades de gestión donde los beneficiarios prestan sus contraprestaciones para percibir el beneficio.
Según estiman desde el Ejecutivo, aproximadamente el 80% de los planes son controlados por los movimientos sociales. El otro 20% está en manos de provincias y municipios.
Antes de llevar adelante esta reformulación, el Gobierno avanzaría en la auditoría para conocer los ingresos familiares de los hogares de los beneficiarios. Entonces, se idearía un entrecruzamiento de todas las bases de datos del Estado disponibles a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y de Anses.
Entonces, según indicó Clarín, la intención es replicar el Registro Social de Hogares que funciona en Chile. “De ese modo podríamos personalizar la ayuda y enviar lo necesario a esas casas, desde alimento a enfermeros. Incluso podríamos ayudar a más gente que la que hoy cobra el Potenciar”, dijeron al medio.
En ese marco, se profundizaría el relevamiento en los comedores y merenderos populares para que las compras del Estado no sean repartidas por referentes de organizaciones sociales.
Con información de Clarín
