El Gobierno nacional generó controversia al autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles de forma transitoria en la frontera norte del país. Esta medida, enmarcada en el “Operativo Roca” que busca reforzar la vigilancia en la zona junto a la Gendarmería, se desprende de “órdenes reservadas” a las que tuvo acceso Clarín.
Estas directivas forman parte de las llamadas “reglas de empeñamiento” dispuestas por el ministro de Defensa, Luis Petri, las cuales también permiten a los militares portar armas de carga durante los patrullajes en situaciones de potencial peligro.
Según fuentes militares que revelaron información a Clarín, uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 del Ministerio de Defensa establece que las tropas podrán “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”.
Las “reglas de empeñamiento” son órdenes que se imparten a las tropas cuando se movilizan ante una amenaza, abarcando desde el comportamiento público de los efectivos hasta la detención de civiles, el uso de armas y la respuesta en enfrentamientos. La resolución ministerial busca “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida argumentando que “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”.
Sin embargo, esta decisión suscitó preocupación y críticas. Exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy señalaron que estas “reglas de empeñamiento” colisionan con las leyes vigentes. Mandos militares también manifestaron una “prudente preocupación”, no tanto por eventuales ataques de narcotraficantes o contrabandistas, sino por la posibilidad de juicios derivados de accidentes con vehículos en provincias como Salta y Jujuy.
Las fuentes militares también indicaron que el uso de la fuerza se regirá por los principios de “necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, que se desprende del artículo 34 del Código Penal de la Nación”, principios habitualmente aplicados a las fuerzas policiales. En este sentido, Petri ordena a los militares “evitar que se concreten acciones hostiles”, explicando que el principio de necesidad se basará en la “actitud de respeto, seguridad y disciplina que transmite el uniformado” y buscando “impedir a través de la disuasión, o neutralizar la agresión por la mera presencia física del personal militar”.
También se contempla el uso de “órdenes verbales de un modo firme e inequívoco” y el “control disuasivo” mediante técnicas físicas, químicas o mecánicas, incluyendo el despliegue de armamento y disparos de advertencia/neutralización.
El nivel de “apresto de las armas de fuego” se graduará en tres niveles según el riesgo potencial. No obstante, se prohíbe “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control”, incluso ante sospechas fundadas de un acto ilícito.
El “Operativo Roca” se inició la semana pasada en Salta con 1.300 hombres, y el ministro Petri prometió que se movilizarán “10 mil soldados en total” para fin de año. Sin embargo, fuentes militares confirmaron que se informó al ministro sobre “la imposibilidad material de enviar diez mil hombre del Ejército” simultáneamente a la frontera norte. Además, resaltaron que no existe un decreto específico del Poder Ejecutivo ni una ley que respalde el operativo, sólo una resolución ministerial y un anexo reservado con las “reglas de empeñamiento”.
Las fuentes advirtieron que, si bien el documento invoca la Constitución Nacional y las leyes vigentes, los militares quedan sometidos al Código Procesal Penal y al Código Penal. También señalaron que la resolución “no especifica claramente la responsabilidad de la cadena de mando” y que el rol de “complementar” la acción de la Gendarmería y la Prefectura resulta “poco preciso”. Otra cuestión relevante es la diferencia salarial entre los efectivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, lo que podría generar tensiones en el trabajo conjunto.
Este es el tercer operativo de despliegue militar en la frontera norte después de “Escudo Norte” durante los gobiernos kirchneristas y otro durante la gestión de Macri, ninguno de los cuales dio los resultados esperados. Las fuentes militares agregaron que la orden actual “no concuerda con el decreto del PEN 1112 de diciembre último y menos con el decreto 1691 vigente de organización y funcionamiento de las FF.AA.”.
En el ámbito legislativo, diputados del radicalismo coincidieron en la necesidad de actualizar las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Los militares también comparten la idea de utilizar todos los recursos disponibles para la seguridad, pero separando claramente los roles específicos y complementarios.
