Ante la angustia del abismo la sociedad argentina naturalizó que no dar el paso al frente debe ser destacado como un logro. De allí que cada “refinanciación exitosa” de vencimientos o aprobación de un crédito internacional se haya presentado como un triunfo, sin mensurar que a raíz de esas operaciones la deuda pública aumentó U$S 33.306 millones en 2022 para ubicarse cerca de los U$S 400.000 millones, pasivo que condicionará la vida de varias generaciones de argentinos.
La deuda que dejará la administración de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa
Para dar una dimensión de la cantidad de deuda emitida durante el año pasado, es equivalente a 3/4 parte de los U$S 44.000 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó en 2018 a Mauricio Macri y cuya refinanciación provocó un cisma en el Frente de Todos.
De esta forma, desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada el pasivo del Estado argentino se elevó en U$S 60.800 millones.
Con habilidad para el manejo de los discursos, cada licitación para renovar obligaciones del Tesoro Nacional durante el año pasado fue presentada como un hecho auspicioso porque se evitaba el “default”, pero a cambio la deuda en títulos públicos se elevó en U$S 9.162 millones hasta llegar a U$S 239.531 millones, equivalentes al 60,41% de la deuda total.
Un sendero similar se recorrió con los organismos internacionales y en especial con el FMI, cuya colaboración resulta denostada en público mientras despachos adentro se le continúa pidiendo dinero.
En 2022 el balance entre desembolsos realizados por la entidad y los pagos que se le realizaron dejaron un “financiamiento neto a favor del país” (lo que quiere decir más deuda) de U$S 5.138 millones.
Esas transferencias se produjeron a lo largo del año y permitieron lograr el objetivo de acumulación de reservas por U$S 6.000 millones que imponía el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) vigente con el organismo. También coadyuvaron préstamos que llegaron desde otras entidades multilaterales como el BID y el Banco Mundial. De acuerdo a los registros oficiales, al BID se le deben U$S 15.648 millones (+U$S 1.596 millones), equivalente a un tercio de la deuda con el FMI. En tanto, la exposición ante el Banco Mundial es de U$S 9.165 millones (+U$S 1.475 millones)
Traducido: los supuestos logros por créditos conseguidos que fueron ponderados como “gestión económica” representan más peso sobre los hombros de cada uno de los argentinos y nuevos problemas a solucionar por los próximos gobiernos.
Tanto “refinanciaciones” como nuevos préstamos engrosan el “debe” del balance contable.
La situación para 2023 luce más complicada aún porque las condiciones económicas y financieras empeoraron para el país. Por un lado la sequía puede restar ingresos por hasta U$S 7.000 millones y la ecuación con el FMI se invierte para quedar con un financiamiento neto negativo en U$S 3.500 millones. Las opciones de seguir pidiéndoles fondos al BID y al BM están prácticamente agotadas.
Según la Oficina de Crédito Público (OPC), Argentina debe hacer frente a vencimientos por U$S 118.734 millones, entre amortizaciones e intereses. De ese total, obviamente buena parte podrán refinanciarse, pero a costa de seguir incrementando la deuda pública.
El perfil de vencimientos es el siguiente: U$S 80.892 millones (68% del total), incluyendo deuda ajustable por CER (21%), U$S linked (4%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (22%), y en pesos sin ajuste (21%).
Los vencimientos pagaderos en moneda extranjera resultan el 32% restante.
La mayor concentración ocurre entre marzo y septiembre, período en el que se deberá hacer frente a U$S 80.000. En ese lapso se han comprimido los vencimientos de pesos del Tesoro Nacional, que encuentran un frontón en el mes de octubre dado que los inversores no quieren tomar riesgos más allá de la elección presidencial.
En ese contexto, este viernes la Secretaría de Finanzas licitará bonos por $ 103.000 millones, monto que no resulta significativo pero la operación se definirá por la tasa que deberá aceptar el Ministerio de Economía para cerrarla. Los títulos que se ofrecerán vencen en el segundo trimestre del año, sin tocar el calendario electoral.
Casi la totalidad de la deuda a refinanciar este viernes está en manos de bancos privados, quienes forzaron al Banco Central a dar marcha atrás con una suba de tasas que favorecía a los Fondo Comunes de Inversión (FCI).
Bajo la amenaza de quitar apoyo en esta operación, y en las subsiguientes, el BCRA habilitó a las entidades financieras a realizar operaciones de caución bursátil pasivas en pesos. Además, dispuso ubicar desde este 27 de enero en 85% de la tasa de pases pasivos para entidades financieras, la tasa de referencia para las operaciones de pases pasivos de los Fondos Comunes de Inversión.
