En un esfuerzo por abordar un esquema de corrupción y desvío de fondos, el Gobierno Nacional comenzó una exhaustiva auditoría de 400 mil pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Esta medida, implementada a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), busca esclarecer una serie de irregularidades detectadas en el otorgamiento de estos beneficios, que afectan a más de 1.250 millones beneficiarios en todo el país.
La investigación, que abarca pensiones otorgadas en la provincia de Buenos Aires y 27 mil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desveló graves problemas en el sistema. Según el director de la Andis, Diego Spagnuolo, solo el 7% de los casos auditados cumplen con los requisitos legales establecidos. La revelación de irregularidades llevaron a una denuncia penal, con el respaldo del fiscal Guillermo Marijuán.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, hizo pública una radiografía usada para tramitar una pensión por invalidez que, sorprendentemente, muestra una imagen de un perro. “Es un ejemplo del nivel de descontrol que existía”, afirmó Adorni. Este caso es uno entre muchos otros, donde se detectaron 150 expedientes con la misma radiografía de hombro y documentos médicos fraudulentos, como un poema en lugar de un informe clínico.
Los informes preliminares sugieren que de las 1.250 millones pensiones no contributivas en circulación, alrededor de 500 mil podrían haber sido otorgadas de manera irregular. “La auditoría reveló un sistema complejo, opaco y vulnerable al fraude. En muchos casos, las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos”, declaró Spagnuolo.
Desde el 4 de julio, la Andis, que ahora depende del Ministerio de Salud bajo la dirección de Mario Russo, comenzó a auditar el 100% de los casos. La investigación inicial sobre 2.559 pensiones mostró que solo el 7% cumplía con los requisitos, mientras que el resto presentaba diversas incompatibilidades.
“Encontramos personas con pensiones que poseen bienes de alto valor, como aviones y múltiples inmuebles, y que incluso están trabajando. El 30% de las pensiones presentan incompatibilidades médicas”, afirmó Spagnuolo. Además, se detectaron 100 mil niños cobrando pensiones, de los cuales 25 mil trabajan y 60 mil presentan incompatibilidades en los requisitos.
Spagnuolo enfatiza que el objetivo de la auditoría es asegurar que las pensiones lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, y no se eliminen beneficios a personas legítimamente habilitadas. “No se le va a quitar el beneficio a quien le corresponda. Queremos que el sistema sea transparente y justo”, afirmó.
La auditoría completa se llevará a cabo en etapas, comenzando con las pensiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continuando en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. Spagnuolo destacó que esta medida busca recuperar la integridad del sistema y garantizar que los fondos públicos se utilicen adecuadamente.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 80 mil en 2003 a 1.250 millones en 2023, un incremento notable que, según las autoridades actuales, está vinculado a la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento de estas pensiones.
“Con la flexibilización de los requisitos, se otorgaron pensiones a personas que no cumplían con los criterios médicos, y se aprovechó el sistema para beneficiar a ciertos grupos políticos”, explicaron las autoridades de salud.
El proceso de auditoría continúa con el objetivo de esclarecer la magnitud del problema y asegurar que solo quienes realmente necesitan el beneficio reciban el apoyo.
