El gobierno no quiere perder la iniciativa política, después de haber logrado blindar la semana pasada el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, cuando impidió que la oposición consiguiera la mayoría especial de dos tercios. El Poder Ejecutivo arrancó la semana con el anuncio del envío al Congreso de una serie de proyectos, a los fines de pugnar por la agenda parlamentaria. Se trata de la llamada ley Hojarasca y otro proyecto que, entre otros puntos, simplifica los trámites de divorcio. En Casa Rosada hubo una cumbre de referentes de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y el MID, para discutir cómo fortalecer la alianza en el Congreso.
La cumbre en el Salón de los Escudos estuvo presidida por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien secundó el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger (acompañado por el economista radical, Lucas Llach). También estuvieron Martín, Menem, titular de la Cámara de Diputados, y los presidentes de los bloques de LLA y del PRO, Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo. Como delegados de los bloques asistieron por el oficialismo, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Carlos Zapata; por el PRO, Silvia Lospennato y Silvana Giudici, y Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez, del MID. La cita fue para el núcleo duro de la alianza legislativa, al que se le suman los radicales “libertarios” y diputados ligados a gobernadores.
Ya empezada la reunión, se sumó Santiago Caputo. La presencia del influyente asesor indicó la importancia asignada por el Presidente Milei a la cumbre de coordinación legislativa. Caputo y Ritondo, trascendió, continuaron luego una conversación en privado.
Sturzenegger, como autor principal de la Ley Hojarasca, presentó la iniciativa que, dijo, “busca eliminar leyes (unas 70) obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX”.
Además de la exposición hecha ante los legisladores, el ministro explicó en seis tuits publicados en la red social X de qué trata la “ley Hojarasca”. Dijo que se propone “eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica” y explicó que hay “seis motivos para eliminar leyes”.
Así, describió: a) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad. b) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido. c) Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes d) Leyes obsoletas por los cambios tecnológicos. e) Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen. f) Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”.
Entre las leyes que limitan la libertad individual o restringen el derecho de propiedad, Stuzenegger cita, entre otras, normativas dictadas por “el gobierno de facto de Onganía” que se proponía “controlar la disponibilidad de papel de diario”. O la “ley de Lanusse que obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar”. También se busca eliminar una ley de 1975, que “otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento”.
Se quiere derogar, además, el “padrinazgo presidencial” y la “declaración de interés nacional” de la “explotación del carbón mineral” o de “toda innovación en materia de sistemas de transmisión de imágenes televisivas”.
Otra ley que se quiere derogar es la que “obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares”. Según el ministro, “reduce los incentivos para instalar nuevos teatros. Al pulverizar el valor de una propiedad dedicada a una sala teatral hace mucho menos atractivo construir teatros nuevo”.
El proyecto impulsa la eliminación del sorteo del INCAA “entre asistentes al cine del que participa solo el 0,1 % de los espectadores”. Se argumenta que “los costos de organizar el sorteo, por burocracia, trámites, registros y escribanos, son superiores al premio que se sortea”.
La ley Hojarasca también propone eliminar leyes que adjudican fondos públicos a organismos “que deberían autofinanciarse” y cita el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. “Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo de manera voluntaria, con sus propios fondos”, dice el proyecto. Igual con la Federación Argentina de Municipios. Aquí se propone que sea financiado por los municipios que la integran y no por la Nación.
El anuncio de los nuevos proyectos de ley, más la ratificación de la alianza parlamentaria para sostener al oficialismo, tienen por delante un contexto desafiante: este martes ATE realizará un “plenario federal” para discutir medidas de fuerza entre los empleados estatales, con la exigencia al gobierno de “abrir la paritaria”. Tampoco, pese al veto presidencial, está cerrado el conflicto universitario. Este jueves habrá un nuevo paro nacional de la comunidad universitaria, mientras se discuten medidas de fuerza en las distintas sedes del país.
