El gobierno de Martín Llaryora está dispuesto a avanzar rápido para que Córdoba, ahora sí, tenga una ley de ficha limpia. Conocida la decisión de impulsar el tratamiento en la Unicameral, que anticipó La Voz el fin de semana, la próxima movida es coordinar con los legisladores autores de la iniciativa un proyecto conjunto.
Por eso, y por indicación de Llaryora, el ministro de Justicia, Julián López, convocó a las legisladoras Brenda Austin, y la oficialista María Victoria Busso a una reunión para “intentar compatibilizar” los proyectos presentados.
La cita es este martes a las 10.15.
Es más: la decisión es hacer lugar a una idea de Austin que, además de prohibir las candidaturas de los condenados en doble instancia, también se imposibilite ser funcionario público.
“No habría inconvenientes. Bancaríamos sumar a los funcionarios”, dijo este lunes una fuente del Centro Cívico con llegada a la oficina de Llaryora.
La decisión del Gobierno provincial de impulsar ficha limpia se conoció el fin de semana, días después del fallido intento para lograr el cuórum en Diputados para tratar el proyecto, impulsado por el PRO.
Vista la repercusión negativa que generó en la sociedad, el Gobierno de Córdoba cambió de postura (se había negado hasta ahora) y decidió ahora acelerar el debate. Por eso, buscará que la Legislatura provincial apruebe una normativa similar en alguna de las dos últimas sesiones programadas para diciembre o, a más tardar, en las primeras semanas de febrero.
Negativa
En los últimos tres años, el oficialismo provincial había evitado que el tema fuera debatido en el recinto de la Unicameral.
Hubo varios intentos, con pedidos sobre tablas por parte del exlegislador radical Marcelo Cossar, para que se aprobara un proyecto que limite el acceso a toda candidatura a cargos electivos de aquellas personas con condena en la Justicia.
Incluso, el justicialista Juan Manuel Cid también presentó un proyecto que impedía candidatearse solo a aquellos con condena firme. Sin embargo, en la última gestión de Juan Schiaretti ficha limpia no logró avanzar más allá de esos intentos.
La UCR insistió el año pasado, pero tampoco consiguió el apoyo del oficialismo. Este año, cuando en Diputados el debate parecía inminente, el tema se volvió a agitar en Córdoba, aunque sin avances.
En junio, la radical Austin había planteado nuevamente la incorporación del artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba (ley 9.571). Allí se detalla que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
También Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, presentó otro proyecto que apunta a limitar el acceso de candidaturas de cargos a quienes tengan condena y que pretendan ocupar puestos en instituciones sociales.
En octubre de este año, fue la oficialista Busso, con la firma de las legisladoras Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino quien presentó un proyecto que también establece que “la inhabilitación se extienda desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena”.
Y que fija que no podrán ser candidatas a cargos públicos “los que hayan solicitado la realización del procedimiento de juicio abreviado siempre que haya mediado conformidad del juez de Control y no se haya producido retractación por parte del imputado”.
Ambas propuestas avanzaron en comisión hasta octubre pasado con una clara intención de ser compatibilizadas, aunque siempre a la espera de una decisión política.
Si el PJ acelera y logra un acuerdo con la UCR, la intención de las espadas llaryoristas en la Legislatura es aprobarlo por unanimidad. Las fechas son aún tentativas, pero se barajan las últimas dos sesiones de diciembre o en las primeras de febrero.
Miguel Siciliano, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, confirmó la decisión: “Todo hace presumir que el tema será parte de las próximas sesiones. Entendemos que hay voluntad política de compatibilizar los dos proyectos nuestros con los de la UCR. Entendemos que el del oficialismo es más abarcativo en cuanto a contemplar los delitos, siempre pensando que sea impedir las candidaturas de quienes tengan sentencia en segunda instancia”.
