El fiscal general Carlos Casas Nóblega solicitó este martes al Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba nueve años y medio de prisión para secretario general de Luz y Fuerza local, Jorge Molina Herrera, y 10 años para su antecesor, Gabriel Suárez, acusados de haber liderado una banda criminal que defraudó y lavó fondos millonarios del sindicato en perjuicio de los afiliados.
La causa sobre presuntas defraudaciones en Luz y Fuerza
Los dos referentes sindicales están siendo juzgados junto a otros siete imputados por maniobras vinculadas a la presunta defraudación por administración fraudulenta de millones de pesos en fondos –a lo largo de unos ocho años- que habrían librado mediante cheques a favor de empleados sindicales, proveedores y terceros relacionados o no con los imputados.
El dinero luego habría retornado a Molina Herrera, Suárez y el entonces secretario de Finanzas del gremio (hoy, secretario de Vivienda y Obras), Fernando Navarro, también investigados por lavado de activos de grandes caudales de dinero con la compra de fichas en casinos, vehículos, propiedades y viajes por el mundo.
La mecánica defraudatoria se habría contado con las complicidades de Daniel Edgardo Lozano (subsecretario de Finanzas), Roque Daniel Tapia (actual secretario adjunto, exsecretario de Previsión Social), Yanina Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo (apoderado gremial), José Ramón Galván (apoderado sindical) y Martín López (empleado de limpieza), todos acusados en el debate.
Los imputados habían ofrecido, antes de iniciar el juicio, 198.433.940 de pesos como reparación del daño para evitar el proceso y ser el sobreseídos, lo que fue rechazado por el fiscal y el tribunal, integrado por Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y José Asís.
Alegatos de fiscales y querella
El Ministerio Público, a cargo de Casas Nóblega y su par Augusto Richter, completó este martes el extenso alegato de casi cuatro horas que comenzó la audiencia anterior y se focalizó en esta ocasión en las presuntas maniobras de lavado adjudicadas a Suárez, exnúmero 1 del gremio en Córdoba.
Primeramente, Casas Nóblega resaltó los elementos de cargo (en cuanto al lavado) por los que el sindicalista llegó a juicio vinculados a una propiedad en un housing, una camioneta y viajes.
Al respecto, sostuvo que Suárez no pudo justificar con sus ingresos declarados (salario como empleado de Epec y “viáticos”) la compra del inmueble en el housing (valuado en $ 3.126.001), una Toyota Hilux y un viaje a República Dominicana, todo al cabo de pocas semanas en 2018 (sin contar viajes a Chile y Brasil durante años anteriores). “No escatimó en vacaciones para nada”, dijo.
Sobre la propiedad, el acusador pidió al tribunal ordenar una urgente cautelar de no innovar para impedir que Suárez pueda eventualmente desprenderse de ella porque no está escriturada (sólo figura un boleto de compraventa), a pesar de los pedidos del fideicomiso para que lo hiciera.
“Nunca declaró ese bien y él era una persona políticamente expuesta. Desde 2023 el fideicomiso le viene pidiendo que lo escriture y, obviamente, no lo escrituró por motivos estratégicos. Tampoco sacó un préstamo y no tenía ahorros declarados para comprar el bien”, añadió y rechazó así la defensa del gremialista que negó haber ocultado su patrimonio.
Los fiscales ya habían abordado la modalidad delictiva achacada a la cúpula relacionada con el libramiento de una “monstruosa” cantidad de cheques que habrían retornado a los imputados, ocasionado una defraudación multimillonaria en perjuicio de los afiliados, pensionados y jubilados de Epec (beneficiarios del Fondo Compensador, intervenido por la Justicia).
Los cheques librados eran endosados y cobrados por los “coleros” (presuntos cómplices de sindicalistas que acordaron con los fiscales indemnizar al gremio a cambio de evitar el juicio) por habituales cifras “redondas” ($ 50 mil, para operar “bajo el radar” limitativo impuesto por el Banco Central como referencia de control) y vueltos a endosar para retornar, finalmente, a manos de la cúpula.
Es lo que, en la jerga investigativa, se conoce como el “pitufeo bancario” o fraccionamientos de altos montos en pequeños (“pitufeo”) para no llamar la atención de las autoridades de control.
Las maniobras igualmente fueron advertidas por los bancos Nación y de Córdoba, que emitieron reiterados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en contra de los movimientos dudosos de Luz y Fuerza.
También aludieron a la supuesta complicidad que habrían prestado no sólo los “coleros” como cobradores de los cheques, sino de los apoderados Fidelbo, Galván y Guzmán (los dos primeros, juzgados aquí; el tercero fallecido), “’apéndices’ funcionales” a la cúpula, y también de aquellos “eslabones de menor jerarquía” que se habrían beneficiado de “ayudas” dinerarias que los jefes sindicales habrían dispuesto para lograr una “masa de resistencia” necesaria para “cuando hiciera falta”.
Los fiscales fueron enfáticos con las maniobras de lavado endilgadas a Molina Herrera por la “exorbitante” compra de más de $ 13,5 millones en fichas de casinos, cuando “paradójicamente” tuvo ingresos salariales como empleado de Epec por la mitad de ese monto.
Recalcaron que visitaba asiduamente varios casinos (emitieron reportes sospechosos), en los que el gremialista fue filmado junto a terceros cobrando las fichas de las apuestas, sin poder “justificar” su adquisición y su “elevado nivel de vida” por la compra de vehículos, una casa y viajes al exterior con su familia.
También apuntaron contra las supuestas maniobras de blanqueo de Navarro, ya que con su sueldo “no pudo probar” la adquisición de dos departamentos y vehículos, algunos adquiridos por sus hijos, y la realización de viajes.
Pedido de penas
Tras aludir a la gravedad de la naturaleza de los hechos, la extensión de los daños, los afectados (afiliados, pensionados y jubilados) y el gran caudal de fondos desviados, Casas Nóblega solicitó a los jueces condenar a 9 años y medio de prisión a Molina Herrera; 10 años años a Suárez; 9 años y seis meses a Navarro; como presuntos jefes de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo, y 5 años y seis meses a Lozano (defraudación por administración fraudulenta).
También pidió 5 años para Tapia (defraudación); 3 años condicional para Victoria Molina (defraudación); 5 años para Fidelbo (asociación ilícita como miembro defraudación); 5 años para Galván (asociación ilícita como miembro y defraudación); y un año para López (defraudación; 3 años en total al unificarse con una condena previa). Respecto a este último, el fiscal valoró a su favor su colaboración en la investigación y la admisión de los delitos por “necesidad” y por sus adicciones.
Sostuvo que los imputados tenían un trabajo lícito y ninguna necesidad de delinquir. Para Molina Herrera, Suárez y Navarro pidió ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargos sindicales (y menos años para el resto), multas millonarias ($ 67,5 millones para el actual secretario general, más de $ 15 millones para su antecesor y más de $ 12 millones para Navarro) e inhibición general de bienes.
El fiscal pidió al tribunal desafectar a los veedores del sindicato e interventores del Fondo Compensador (son los mismos) porque su tarea ya se cumplió. También consideró que los defensores Ernesto y Tristán Gavier se “excedieron en las adjetivaciones“ contra los representantes del Ministerio Público cuando éstos pidieron a los jueces incorporar informes sobre una propiedad de Suárez a los fines de solicitar la posterior inhibición para incautación en caso de condena.
A continuación expuso la querellante Mabel Sessa en representación de los empleados y jubilados de Epec. Repasó la importancia de Luz y Fuerza como el sindicato más importante de Córdoba y subrayó los graves cargos imputados a los sindicalistas. Detalló los millonarios fondos desviados supuestamente por los acusados.
Particularmente apuntó contra la cúpula por presuntamente haber ”criminalizado” a empleados, afiliados y jubilados querellantes por llamarlos “traidores”, “golpistas“ y “farsantes“. “Se los difama y persigue. Muchos no se animan a denunciar por aprietes, falta de recursos y salud”, añadió.
Y leyó una carta de los jubilados y pensionados contra la cúpula por haber “robado“ millones de pesos del Fondo Compensador. ”Hubo una desafiliación masiva por el asqueo. Será casi imposible reparar la confianza”, agregó.
Para Molina Herrera y Navarro solicitó seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos gremiales. A la salida del edificio del Tribunal Nº 2, hubo una breve discusión entre algunos querellantes e imputados.
En la próxima y última audiencia, el 28 de este mes, alegarán los Gavier (en representación de Suárez, Molina Herrera y su hija, Navarro, Tapia y Lozano) e Iván Mochkofsky (por Fidelbo, Galván y López). Luego los imputados tendrán posibilidad de emitir la última palabra y el tribunal pasará a un cuarto a intermedio antes de dar conocer el veredicto.
