El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ratificó que apelará la sentencia del Tribunal Oral Federal Nro.2 para insistir con la figura de asociación ilícita, por la cual la vicepresidenta fue absuelta. Mientras tanto, el Frente de Todos denunció una “mafia judicial” y pidió una audiencia con la Corte Suprema.
Luciani habló tras la condena a seis años de prisión contra Cristina por parte de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, quienes determinaron que la titular del Senado cometió fraude contra la administración pública, pero que no lideró una asociación ilícita, tal como argumentó el fiscal en su alegato.
“Para nosotros está comprobada la asociación ilícita. Y vamos a apelar”, confirmó Luciani al sitio Infobae. Para este delito, el máximo castigo establecido en el Código Penal es de diez años de prisión, cuatro más que los establecidos por el TOF 2.
“Queremos revertir esa mirada que se instaló en tribunales de que en las causas de corrupción no aplica la asociación ilícita”, precisó Luciani, quien consideró que “ese delito no sólo vale para las causas de secuestros, drogas o evasiones, sino también para los delitos de la administración pública”.
También adelantó que apelará la absolución del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. “¿Cómo puede ser que Cristina Kirchner formó parte, que José López, secretario de Obras Públicas, formó parte, y que De Vido no esté cuando el tribunal entiende que hubo una colosal maniobra?”, se preguntó, y agregó que “hubo una verticalidad a la hora de favorecer a Lázaro Báez”.
Los fundamentos del fallo serán dados a conocer en marzo del año próximo, aunque el tribunal difundió este miércoles una reseña, donde sostuvo que los hechos investigados “evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado” vinculadas a Báez.
Causa vialidad: la reacción del oficialismo
Los bloques legislativos del Frente de Todos repudiaron la condena a Cristina y profundizaron las críticas al Poder Judicial. Fue durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la bancada de diputados, Germán Martínez; la diputada Vanesa Siley; y sus pares del Senado Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) y Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular).
“Esto no es un fallo, es una decisión política de un tribunal político que es parte de la mafia judicial. El Poder Judicial no existe más; fue reemplazado por una verdadera mafia judicial, que es empleada de los poderes económicos más grandes del país”, lanzó Di Tullio en el Salón de Pasos Perdidos.
En defensa de la vicepresidenta, la senadora alertó: “Primero apedrearon su despacho, después intentaron matarla con un tiro que no salió, y ahora la inhabilitan para ejercer cargos públicos”. Y remató parafraseando un segmento del descargo final de Cristina: “El peronismo nunca va a ser mascota del poder”.
Los legisladores oficialistas pidieron una “audiencia urgente” con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por el episodio del viaje a Lago Escondido y para exigir que “arbitre los medios necesarios para la completa integración” del Consejo de la Magistratura (también presidido por Rosatti), ya que las designaciones de los legisladores están judicializadas.
Según denunció la diputada Siley, propuesta por el oficialismo como consejera, Rosatti desembarcó en ese organismo para “llevarlo a la parálisis absoluta”: dijo que en 2020, en plena pandemia, hubo 20 reuniones plenarias, mientras que en lo que va de 2022 solo hubo dos, cuando hay un alto nivel de vacancia en juzgados penales y civiles.
Sin embargo, el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, respondió a través de Twitter: “La mentira tiene patas cortas. Acusan a la Corte de trabar el Consejo, pero todo el país sabe que Cecilia Moreau y el Frente de Todos impiden que juren los cuatro representantes de Diputados y que Cristina ordenó dividir el bloque de senadores para robarse un cargo”.
Por el caso de Diputados, Negri presentó el martes un recurso de amparo para declarar la “nulidad, invalidez e inconstitucionalidad” de la resolución de Moreau que frenó la designación de los cuatro consejeros hasta que se resuelva el caso abierto con el fallo del juez Diego Martín Cormick.
En ese fallo, Cormick le impidió jurar a la diputada Roxana Reyes (UCR) por considerar que el partido centenario y el PRO (que postuló a Álvaro González) no podían ocupar bancas separadas en el Consejo, porque ambos espacios compitieron en las elecciones de 2019 y 2021 bajo un mismo frente electoral, Juntos por el Cambio.
Este miércoles, Cormick fue denunciado ante el Consejo por otros dos diputados radicales, el formoseño Fernando Carbajal y el entrerriano Pedro Galimberti, quienes consideraron que el fallo fue “arbitrario e ilegal” y que además fue en abstracto porque refería a los mandatos ya vencidos.
