Córdoba es, por lejos, la provincia en la que tiene menor impacto político la implosión que Alberto Fernández desencadenó en lo poco que quedaba en pie del kirchnerismo.
El expresidente que protagoniza el episodio más bochornoso de la era democrática al ser investigado en simultáneo por corrupción y por presuntamente desfigurar a golpes a su entonces pareja en la Quinta de Olivos, en Córdoba careció de respaldo aun en los momentos en que descollaba en las encuestas nacionales, durante los primeros meses de la pandemia.
Los cordobeses, más bien, ratifican por estos días lo que desde hace mucho piensan del kirchnerismo y corroboran la impostura que percibieron en Alberto Fernández desde el momento mismo en que Cristina Kirchner lo ungió candidato presidencial. La expresión de esa opinión mayoritaria sobre lo que fue su gestión presidencial es el 74% que después votó a Javier Milei: ese resultado se ve fuertemente ratificado en Córdoba con este escándalo.
Nada queda
El ciclo kirchnerista que ahora termina implosionando a nivel nacional, en la provincia de Córdoba ya había terminado hace 15 años, tras el conflicto con el campo por las retenciones. El kirchnerismo había rebautizado al peronismo como Frente para la Victoria cuando en Córdoba se convirtió en una fuerza minoritaria. Después vinieron otros nombres y un progresivo descenso de representación política: Unión Ciudadana, Frente de Todos, Unión por la Patria.
No obstante, la certeza de que este escándalo de violencia de género en la residencia presidencial precipita la reconfiguración del mapa político nacional es casi unánime en el sistema político y es compartida también por la dirigencia de Córdoba: el PJ nacional deberá transformarse.
Esa evidencia tampoco tiene mayor impacto en Córdoba. Al menos por ahora.
El peronismo cordobés se mantendrá ajeno al devenir del PJ que sigue girando en torno de Cristina. Ni Juan Schiaretti, ni Martín Llaryora, ni Daniel Passerini y ni siquiera la titular de la Secretaría de la Mujer, Claudia Martínez, se refirieron a la denuncia de Fabiola Yañez contra Fernández. Mucho menos hablarán del peronismo nacional.
Hay muchas miradas posadas sobre Schiaretti, quien reaparece en las encuestas y conserva lo que supo construir en los debates presidenciales de 2023. Todos los que buscan señales de Schiaretti se encuentran con lo mismo: obstinado silencio y trabajo permanente en busca de socios radicales y del PRO no mileístas, de socialistas y de fuerzas provinciales para fortalecer Hacemos Argentina. En su entorno, reiteran que serán recibidos todos los peronistas que hagan explícito su repudio al kirchnerismo y con esa construcción incipiente, que ya está formalizada en 14 provincias, buscarán sumar representación en el Congreso en 2025.
Schiaretti y Llaryora comparten la convicción de que la reestructuración del peronismo nacional no estará completa hasta 2027. Ninguno de los dos arriesga dónde estarán para entonces. Sí está claro que paulatinamente irán pasando del dialoguismo a una oposición más activa a Milei, aunque no tanto: los cordobeses todavía son mileístas.
En el poder cordobés, predomina también la lectura de que el escándalo en torno de Alberto Fernández, y en especial el montaje telenovelesco del caso, llegan al rescate de la gestión Milei justo en el momento en que la realidad empieza a imponerse al discurso libertario. Se acumulan reproches contra la Nación, al tiempo que crecen las restricciones en la Provincia y avanzan los planes judiciales conjuntos con Santa Fe y Entre Ríos por el estrangulamiento que representa para las tres provincias el corte de los envíos de Anses a las cajas previsionales. Sólo que este Milei exaltado por el inesperado éxito político que le ofrenda el kirchnerismo obliga a postergar los planes.
Incomodidad extrema
El peronismo cordobés tampoco salió en masa a cuestionar a Alberto Fernández, porque son numerosos los casos graves de violencia de género que se sucedieron en los últimos años en el gabinete y las fuerzas de seguridad, y porque en el Panal no están dispuestos a pedirle la renuncia al ministro Martín Gill, imputado en una causa de violencia de género contra una expareja desde antes de ser designado en el cargo.
La oposición vuelve a la carga con un reclamo que causa enorme incomodidad en la bancada oficialista de la Legislatura, pero es el propio Llaryora el que no cede: considera que si no hay una sentencia judicial el funcionario debe permanecer en el cargo, sobre todo si el delito que se le imputa es de instancia privada y no tiene que ver con la función pública. Defiende la presunción de inocencia y reitera que debe evitarse la demagogia. Buena parte del peronismo discrepa; nadie lo dice.
La semana que la historia le reservará al derrumbe moral de Alberto Fernández no sólo puso en tensión en Córdoba las banderas de la equidad y el combate a la violencia de género. También se sucedieron jornadas de tensión extrema en torno de otra causa sensible para el oficialismo: los derechos humanos y la defensa de una interpretación de la historia que está en las antípodas de lo que desde hace años promueve la vicepresidenta Victoria Villarruel y de lo que vocifera desde hace un año Milei.
El asesinato de Susana Montoya, viuda del subcomisario de la Policía de Córdoba vinculado al ERP que fue torturado y desaparecido durante el proceso, por algunas horas generó preocupación extrema en el Gobierno. La investigación judicial rápidamente descartó los motivos políticos para centrarse en su hijo, Fernando Albareda, quien finalmente fue detenido el jueves por la profusa cantidad de pruebas que señalan que mató a su madre para quedarse con la mayor parte de un resarcimiento de 76 millones de pesos que está por pagarle la Provincia.
El Gobierno controló el temor máximo, que era la posibilidad –alentada por el presunto asesino– de que se tratara de un crimen policial en venganza por la militancia de Albareda hijo. La Policía de Córdoba tiene muchos defectos, pero hace años que el D2 es un terrorífico recuerdo.
Sigue latente otro debate: si la ley que hace poco más de un año votó por unanimidad la Legislatura de Córdoba, por la que se ordena la reparación histórica del legajo de los trabajadores de los tres poderes que fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura representa la voluntad de todos.
Es esa ley la que generó el ascenso de Albareda, al otorgarle los mismos derechos que a los policías caídos en actos de servicio. Ahora se espera un dictamen jurídico para ver si corresponde el pago de esa indemnización millonaria a quien habría matado para quedarse con la mayor parte de ese dinero. Hay causas justas y hay sobreactuaciones que salen por unanimidad.
