Los caminos son distintos, pero terminan llegando al mismo lugar. Nos hemos quedado con la discusión de la diferencia importante que hay respecto de causas y motivaciones, sin reparar en la profunda tragedia que converge en el mismo sitio.
La política argentina debate por estas horas si los ataques a comercios en distintos puntos del país están más motivados en una cuestión de urgencias sociales o en el accionar de grupos delictivos. Podemos seguir analizando todo lo que queramos el origen, pero el destino será bastante parecido, más allá de que existan diferencias evidentes.
¿Es mejor tener bandas delictivas mayoritariamente formadas por jóvenes y adolescentes dispuestos a cualquier cosa en cualquier lugar que una buena parte de la sociedad que no logra satisfacer sus necesidades más elementales?
Lo penoso es que, en vez de ser una opción como para insinuarse en ciertos sectores, es una conjunción. O sea, tenemos ambas cosas.
Una profunda crisis social, de dimensiones históricas expresadas en inéditos indicadores, como las de trabajadores con empleo formal sumidos en la pobreza, sirve de contexto para la propagación de episodios delictivos.
Lo que estamos viendo es la exteriorización de la diversificación del delito, que ya había emergido en algunos lugares, en especial en Córdoba, pese a los esfuerzos por relativizarlos en los recientes tiempos electorales.
Bandas integradas mayoritariamente por jóvenes, que ya acumulan generaciones de estar condenados a la marginación y a la exclusión, que viven desde hace rato fuera de la ley y que, de tanto vivir al margen, la conocen como si hubiesen cursado Derecho.
Actúan en grupo, en forma rápida, sincronizada, violenta. No ponderan la relación entre esfuerzo o riesgo y bien sustraído, entre otras cosas porque están en una posición en la sociedad en la que nada tienen para perder. Su presente, transido por sustancias tóxicas, está atrapado entre un pasado para olvidar y un futuro que se parece bastante a una condena.
Lo que pasa y lo que queda
Por eso, mientras muchos funcionarios creen disminuir costos políticos diciendo que no son saqueos sino hechos delictivos (afirmación que está sustentada por datos reales), tal vez no dimensionen la magnitud de la tragedia de que sean bandas de delincuentes.
Un funcionario judicial de dilatada experiencia comentaba por estas horas que casi que sería mejor que fuesen saqueos por necesidad, dado que alguna acción del Estado o de organizaciones sociales o un cambio de signo político les podrían poner fin. “La experiencia en anteriores etapas, tanto en el país como en Córdoba, indica que los saqueos duran 72 horas, como mucho”, acotaba.
Esta modalidad delictiva puede que haya llegado para quedarse, más allá de que logre ser neutralizada o acotada.
Hasta acá, pensábamos que una posible incorporación al mercado laboral formal podría servir de dique de contención. Pero hay que asomarse apenas a lo que gana un trabajador iniciado poco calificado en cualquier actividad como para ver que eso no contiene nada de nada.
¿Cuánto tiempo y en qué dimensión debería crecer la economía para crear tantos puestos de trabajo con una distribución del ingreso que incluya a la mayoría de los asalariados dentro de ciertos parámetros de satisfacción de necesidades?
La respuesta parece exceder el simple análisis de una campaña electoral y un recambio de gobierno para fin de año.
Pero mientras hacemos cálculos electorales en el análisis político, hay enormes interrogantes de cómo evolucionará esta tensión socio-delictiva. Uno tiene que ver con cuánto tiempo podrán sostener el actual despliegue las fuerzas de seguridad; otro, con cómo se podrá sostener esta decisión de endurecer medidas de privación de libertad con la actual infraestructura carcelaria, y, tal vez el más delicado e importante, con qué pasará si hay una reacción violenta de los damnificados, que termine profundizando la espiral de terror.
Alguna vez el discurso político incorporó en Argentina el concepto de “estamos mal, pero vamos bien”. Hoy parece virar a un “estamos mal, pero podemos estar peor”.
