“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento”, sentenció el comunicado firmado por el presidente Alberto Fernández para argumentar que no cumplirá el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de lo que significa institucionalmente el desacato a la Corte Suprema de Justicia y el repudio de un poder republicano sobre otro, ¿es así como sostiene el Gobierno nacional?
La respuesta de economistas, de técnicos y de especialistas varios es que no, es decir, no hay razones económicas que fundamenten la negativa de la Nación de cumplir con el fallo del máximo tribunal de Justicia.
FALLO DE LA CORTE: ALBERTO FERNÁNDEZ INCUMPLIÓ
Alberto Fernández junto con 18 gobernadores alegaron dos cosas: una, que no está esa partida prevista en el Presupuesto 2023. Y dos, que una eventual derivación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) afectaría al resto de las provincias.
La cuestión presupuestaria es anecdótica: el año 2023 ni siquiera empezó y casi a diario hay modificaciones de un presupuesto en curso en un país que viaja con una inflación al 90%.
“En ningún momento entran en conflicto las provincias: la bolsa que disputan Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene ningún punto de contacto con la bolsa de las provincias”, aseguró el economista Alfonso Prat Gay, primer ministro de Economía de la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Antes de repartir con los estados federales, de los recursos brutos, Nación se queda con el 15% de todo (que deriva a Anses) y 550 mil millones se destinan al Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales.
De la coparticipación neta que queda, el 40,24% va al Tesoro nacional; el 1,4% a la Ciudad de Buenos Aires, y el 1% integran los aportes del Tesoro nacional que se reparten a dedo a las provincias.
La “bolsa” que queda se distribuye de acuerdo con lo que determina la ley de coparticipación y que, en líneas generales, reparte el 57% de todos los impuestos que en el país se coparticipan.
La ciudad de Buenos Aires no está en esa bolsa porque la reforma constitucional de 1994 le dio autonomía, pero debía ser incluida en una nueva ley de coparticipación que se espera desde entonces.
“Mientras tanto, le exige al Estado nacional que toda transferencia de servicios debe estar atada a la correspondiente fuente de recursos. Esto es natural porque la transferencia de facultades es exclusivamente entre Nación y Caba”, reafirmó Prat Gay.
Macri le transfiere a la ciudad de Buenos Aires el servicio de seguridad y le lleva el índice al 3,75%: la diferencia de 2,35 puntos se restó de la cuenta del Tesoro y se pasó al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
Cuando se firma el Consenso Fiscal, se acuerda bajarlo al 3,5%. En el 2020, ante un motín de la policía bonaerense y por presión de Cristina Fernández, Alberto le reduce la coparticipación a Larreta al 2,32% y le asigna esa diferencia –que era de Nación– a la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
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Fue el fin de la paz política construida en la pandemia. “Larreta entonces tenía muy buena imagen y Cristina le buscaba quitar financiamiento para que la ciudad no se destacara ante la provincia, pero ahora esto le da protagonismo y lo ayuda a instalar su candidatura. Es una parábola típica del kirchnerismo, que busca algo y logra exactamente lo contrario”, evalúa el analista político Sergio Berensztein.
Lo que sigue es historia conocida: el jefe porteño fue a la Corte Suprema en reclamo de la quita y, el miércoles, la máxima autoridad judicial resolvió una medida cautelar a su favor.
No está saldada la cuestión de fondo, pero es una rareza que eso, cuando se haga, no coincida con lo dispuesto en la cautelar.
Tampoco está resuelto el quid de la cuestión: cuánto cuesta el servicio de seguridad porteño. De hecho, el 2,95% dispuesto por los cortesanos pareciera partir exactamente al medio la diferencia de 1,18 puntos quitada por Alberto Fernández, dado que le devuelven el 53% de lo que le había sacado.
¿Monedas?
La cuestión siguiente es: ¿se puede pagar? El cálculo de la Nación es que son 180 mil millones de pesos. “Claro que es cumplible, si son dos mangos, esto es un tema político, no económico”, dice el economista Andrés Borenstein, de Econviews.
“Es el 0,2 del PIB al año, eso no quiebra a nadie, tendrás que reacomodar partidas, pero no sale del pool de las provincias, sino de la Nación”, agrega.
Lo lógico sería que, si fue a Buenos Aires esa diferencia, ahora se le quitara a Buenos Aires. Obvio que siendo esa provincia el reducto de poder de Cristina a Kicillof no le van a tocar un peso.
“Es cierto que esto encuentra al oficialismo en un momento de debilidad política y entonces se la juegan: tienen todo para ganar: instalan a ‘Coqui’ Capitanich como candidato oficialista, le generan quilombo a la oposición, galvanizan la opinión pública y ella (Cristina Kirchner) demuestra más centralidad política”, agrega el consultor Berensztein.
Una lectura extra sobre el comportamiento de los mandatarios provinciales. “La cantidad de gobernadores que acompañan a no acatar el fallo son la prueba fehaciente de que la coparticipación para estos distritos es absolutamente irrelevante, porque lo que les llega directo de Nación es mucho más que lo que reciben por el goteo de coparticipación”, remarca el ingeniero Gustavo Gaviglio, seguidor histórico de estas discusiones federales.
“Acá no importan los argumentos, esto hay que leerlo 101% en clave política: o me voy con los peronistas o voy con el interior por esto de estar en contra del centralismo porteño”, dice Borenstein.
Detrás del tironeo político e institucional entre las partes, lo que emerge es una gran cuenta pendiente en la Argentina, que es un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos.
“Hoy la coparticipación no ayuda a las provincias más pobres, y tampoco tiene incorporados incentivos que sirvan para promover el desarrollo. Se ha vuelto anacrónico”, dice el historiador Roy Hora.
“Que el conflicto tiene un componente político es evidente. Tierra del Fuego tiene un índice de desarrollo humano más alto que Caba y nadie en la constelación peronista está pensando en quitarle fondos para compensar a las provincias más pobres, pese a que es una provincia que, gracias a su régimen especial, recibe mucho más de lo que aporta”, argumentó el historiador.
En este sentido, Hora agregó: “Más que avanzar hacia un sistema más equilibrado, impera la idea de hacerle pagar al rival político”, concluye el historiador sobre el fondo de la discusión política de esta pulseada.
Entidades empresariales hablaron sobre el conflicto
La Mesa de la Producción de Córdoba emitió un comunicado en contra de la presentación de Alberto Fernández de un pedido de revocatoria contra la resolución cautelar dictada por la Corte Suprema que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.
Según el comunicado, las entidades empresariales que representan la actividad privada de la provincia “consideramos de una extrema gravedad institucional que el Poder Ejecutivo Nacional pretenda no cumplir un fallo judicial. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede ser desoída. Debe acatarse”, expresaron la entidad de empresarios cordobeses.
“La ruptura institucional que supondría un desacato transforma a nuestro país en una nación absolutamente inviable. De ser así, nadie estará seguro frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. En un momento en el que se necesita confianza, la pérdida de la seguridad jurídica y de credibilidad que esto significa suprime cualquier posibilidad de salida de la tremenda crisis que vivimos desde hace años”, agregó la Mesa de la Producción de Córdoba.
Por otro lado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los principales empresarios del país, consideró de “extrema gravedad” la intención del Gobierno nacional de no cumplir un fallo de la Corte. “La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”, advirtieron desde la entidad empresarial.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) también cuestionó al Gobierno nacional. “El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir sólo con aquellas decisiones de la Justicia que les son favorables. En democracia hay que cumplir los fallos de la Corte Suprema. Además, el país necesita de una nueva ley de coparticipación, que nos debemos desde 1994″, expresó Idea.
En tanto, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (Acde) expresó que la decisión de Alberto Fernández “trae incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que quienes invierten y dan trabajo cada vez tienen menos certezas y garantías”.
