De no haber una nueva prórroga por parte del Gobierno de Javier Milei, las empresas propiedad del Estado cordobés y las agencias del Gobierno provincial deberán el próximo 22 de febrero tener formalizado su cambio de figura societaria, abandonando así el sello de “sociedad del Estado”.
Esta es una de las disposiciones que tomó Milei en el famoso decreto 70, apenas llegó a la Casa Rosada, cuya implementación se ha ido postergando. La última vez fue a través del decreto 1120, publicado el 24 de diciembre, cuando se estiro la fecha de caducidad de las sociedades estatales por 60 días.
Desde entonces, las empresas del Estado (y en el caso de Córdoba también las agencias) comenzarán a regirse por la ley general de sociedades, convirtiéndose en “sujetos de derecho privado”.
Pese al tiempo (el decreto 70 data del 20 de diciembre de 2023), aún hay inconsistencias en el Gobierno respecto de cómo se hará el cambio en la figura societaria de la Epec, la Lotería de Córdoba, la Terminal de Ómnibus, la Tamse y el ramillete de agencias que pueblan el Gobierno, siendo la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif) la que más dudas genera en este punto.
La primera definición en el Gobierno provincial es que la Epec, la Lotería y la Terminal de Ómnibus se regirán bajo la figura de sociedad anónima de accionista único. La misma figura se utilizará para la Tamse, confirmaron desde la Municipalidad. De esta manera, el Estado –provincial o municipal en el último caso– será el único accionista.
Las empresas del Estado cordobés ya están adecuando la documentación para formalizar el cambio de personería jurídica, a través de asambleas extraordinarias. Uno de los puntos es que estas sociedades deberán tener ahora tres síndicos titulares y tres suplentes, como ocurre en cualquier sociedad anónima.
Además, antes de inscribir la nueva empresa en la Inspección de Personería Jurídica, deben presentar el balance especial –”balance de corte”–.
En paralelo, la “unidad ministerial” a la cual reporta la empresa –puede ser un ministerio, la secretaría General o la Fiscalía de Estado– debe dar un visto bueno al cambio societario.
Con todos estos papeles en orden se abrirá el expediente en la Inspección de Sociedades Jurídicas y se notificará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (la exAfip), que deberá decidir si genera un nuevo Cuit para la nueva empresa, o si mediante algún mecanismo interno traspasa el Cuit que tenía la sociedad del Estado. No está claro qué ocurrirá.
Ocurre que la sociedad del Estado no es liquidada, lo que obligaría a cancelar las deudas, sino que cambia su figura social, pero como “continuadora” de los actos de la empresas estatal.
Una de las preguntas es qué pasará con los aportes del Estado. Tampoco hay definiciones, pero sí pistas que surgen de la propia aplicación de la ley de sociedades. En caso que una SA tenga tres ejercicios con pérdidas, los directores podrán definir su liquidación, con la necesaria cancelación de deudas. Como el Estado es el único socio, la lógica indica que primará el aumento de capital mediante el aporte público.
También hay dudas respecto de cómo contratarán estas empresas con nueva personaría. Se especula que, mediante adhesiones específicas, se mantendrán los mecanismos previstos en las leyes financieras, de contratación y de obra pública, mecanismos que rigen para cotizaciones de servicios y de obra de infraestructura, tal como ocurre con Caminos de las Sierras, sociedad anónima controlada por la Provincia que realiza sus licitaciones y compulsas a través del portal de compras del Estado. Todo indica que ése sería el modelo a seguir.
Una tercera duda es cómo intervendrá el Tribunal de Cuentas, hoy en manos de la oposición. Como el Estado tendrá participación en las empresas, se prevé que haya una revisión, aunque no está en claro qué pasará con el control preventivo del gasto. En otras palabras, es probable que el Tribunal de Cuentas sólo pueda revisar los balances, tras la finalización del ejercicio contable.
El esquema en el que están trabajando los técnicos de las empresas provinciales y la decisión política no incluye la participación de privados. En el caso que en el futuro éste u otro gobierno decidan ampliar el capital social a privados –ya sea para expandir la sociedad o sanearla– la asamblea de cada empresa podrá hacerlo mediante una asamblea.
Para el caso de los directores de estas empresas, éstos tendrán responsabilidades ilimitadas y solidarias con la sociedad, los accionistas y los terceros, por lo que pueden ser demandados por el mal desempeño de su cargo –”Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.”, dice la ley– y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.
Agencias, un sello del cordobesismo
Como se dijo más arriba, no hay pistas claras respecto de qué pasará con el esquema de agencias que implementó José Manuel de la Sota cuando llegó al gobierno en 1999 y que consolidó con las décadas Juan Schiaretti, en particular a través de la Acif, que resultó clave en el financiamiento de la obra pública.
Obras como el cierre de la Circunvalación, las escuelas PROA, la nueva Maternidad, el plan de acueductos (incluyendo el acueducto desde el río Paraná) tuvieron su génesis en la Acif. La agencia acapara el grueso de los recursos para la obra pública. Sin embargo, hasta ahora no trascendió cuál será su nueva figura legal.
El decreto 70 de Javier Milei no impone ninguna figura societaria, pero sí estableció la “desaparición” de figuras jurídicas Sociedades del Estado, Empresa del Estado y Sociedad de Economía Mixta. Las agencias creadas en los últimas décadas por el Gobierno provincial utilizan estas figuras societarias. Por ejemplo: la Acif es de economía mixta, pero la de Conectividad es una sociedad del Estado.
El ministro de Economía y Gestión, Guillermo Acosta, tiene el control operativo de dos de estas agencias, que resultan clave para el desarrollo de la obra pública.
Más difuso es qué pasará con otras, como la Agencia Joven, de escasa incidencia en la administración. A modo de ejemplo: el año pasado, la Agencia Joven sólo realizó una licitación: en diciembre, intentó comprar un vehículo SUV (siete asientos) por 70 millones de pesos. La compulsa quedó desierta.
En ninguno de los extremos hay definiciones de cómo se funcionarán desde el 22 de febrero la “marca registrada” del cordobesismo.
