El intrincado equilibrio que los cordobeses depositaron en las urnas llena de preguntas a la política provincial, acostumbrada por décadas a transacciones asimétricas para la construcción de poder.
Los datos definitivos dejaron ciertas respuestas, pero abrieron interrogantes en todas las direcciones. Birome en mano, los cordobeses eligieron al oficialista Martín Llaryora para que el peronismo siguiera en el gobierno después de 24 años. Pero dieron evidentes señales de cambio en muchos sentidos: en municipios de larga tradición peronista; en la Legislatura, donde la oposición duplicará su representación y estará en pie de igualdad con el oficialismo, al menos de arranque, y en un organismo de control como el Tribunal de Cuentas.
En política, como en historia, la ucronía (conjeturar hechos a partir de cosas que no ocurrieron) no está permitida, pero el repaso de los números finales bien permite inferir que había una decisión importante de cambiar de signo político, pero el candidato opositor, Luis Juez, no generó la suficiente confianza para hacer un viraje completo.
Juez es una rara especie en el ecosistema político cordobés, donde ha sobrevivido pese a tener una fuerza casi unipersonal, que ahora posee una mínima estructura y enfrenta una derrota mucho más digna que las anteriores. Lo mismo, el liderazgo del espacio opositor deberá esperar el resultado de las elecciones municipales (cómo le va el 23 de julio a Rodrigo de Loredo) e igualmente cómo se define la presidencial y cómo queda configurado Juntos por el Cambio.
Como surgió ya de los números provisorios del 25 de junio, Llaryora puede mostrar una paternidad del ajustado triunfo a partir de una diferencia bien marcada en las dos ciudades en las que gobernó: Córdoba capital y San Francisco.
No obstante, el contexto que rodea su llegada a la gobernación aparece con unos condicionamientos que recién podrán dimensionarse cuando termine el año electoral nacional, allá por finales de noviembre.
Está lejos de ser casual el malestar público que evidenció estos días el gobernador electo, así como sus nerviosas dedicatorias después de oficializarse el resultado.
Convivir con propios y extraños
Pese a esa cuota importante en la paternidad de la victoria, no tiene por el momento margen para avanzar de golpe en lo que anunció en aquella madrugada del lunes 26, respecto de que “hay una generación que se retira”.
Por ahora, tendrá que convivir con propios y extraños hasta que logre construir su propio mapa de poder.
Alrededor suyo sigue habiendo muchos apurados. Son los que vociferan que van a torcer tres o cuatro voluntades opositoras en la futura Legislatura para arrancar el 10 de diciembre con el cuórum propio que le negaron las urnas. En público, Llaryora habla de consensos dentro del marco democrático.
Otra mirada se posa en la novedad que representa para Córdoba que el Tribunal de Cuentas esté en manos de una mayoría de cuño juecista, con una minoría schiarettista. Es el organismo que debería supervisar todos los gastos del Gobierno, pero cuya importancia se ha ido diluyendo por la cantidad de erogaciones que saltean esa instancia de control, como empresas públicas, agencias y todos los gastos de Seguridad, entre otras cuestiones.
El Tribunal de Cuentas se limita a verificar que los recursos que se asignan estén de acuerdo con las leyes, pero no interviene sobre la oportunidad o las prioridades. Es decir, sólo debería ser un problema en el caso de intentarse erogaciones por fuera de los marcos legales.
Más allá de esto, es toda una novedad para esta Córdoba de pocos controles y cuya pregonada “calidad institucional” ha quedado en tela de juicio.
Memorias del ′95
Y viene ahí el gran interrogante de cómo será el Poder Judicial en la era Llaryora. Los cuestionamientos de la ciudadanía emergen con claridad desde hace rato en cualquier sondeo de opinión público y en el proceso electoral ha aumentado el desprestigio judicial.
Que los propios miembros del Tribunal Superior hayan admitido fuertes encontronazos después del papelón protagonizado por la empresa que contrataron para el escrutinio provisorio deja al descubierto una puja interna que viene desde hace tiempo, y que se agudizó cuando algunos vocales comenzaron a hacer llayrorismo antes de que Llaryora ganase la elección.
Los memoriosos que recorren los pasillos de Tribunales I no pueden dejar de recordar aquel diploma de gobernador electo mal confeccionado con el nombre de “Juan Bautista Mestre”, que le permitió a Ramón Bautista Mestre abrir una fuerte ofensiva contra el Poder Judicial, lo que derivó en la renovación de la mayoría del Tribunal Superior.
Estamos, otra vez, ante un gobernador electo del mismo signo que el que sigue en funciones hasta diciembre, pero que busca marcar diferencias con su antecesor. Es probable, no obstante, que Llaryora tenga ahora menos margen para avanzar en un cambio tan drástico en la Justicia cordobesa.
