Si la vicegobernadora Myrian Prunotto pensó que sus vacaciones en los Estados Unidos la iban a alejar del escándalo por los contratados en la Legislatura, se equivocó. El próximo martes, cuando se reincorpore a sus funciones, deberá decidir si hace público el largo listado de trabajadores temporarios en el Parlamento cordobés.
En su ausencia, en algunos sectores del PJ creció la idea de publicar el listado de los contratados. No pocos peronistas están convencidos de que no hay margen para seguir ocultando el tema.
El presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres, dijo a La Voz que está de acuerdo con hacer públicos los nombres de los contratados, pero que había una fuerte resistencia del gremio legislativo. Antes había dicho que era “estigmatizante” para los empleados, ya que en la calle podían tildarlos de “chantas”.
Torres no faltó a la verdad con lo primero. El gremio se opone a esa publicación. También es cierto que puede haber una decisión superior del poder político del oficialismo, que es más potente que cualquier traba que pueda plantear el sindicato.
No será un fin de semana largo más para el oficialismo. Habrá reuniones y, sobre todo, muchas comunicaciones cruzadas. El martes se conocerá la decisión.
Hay un dilema que deberá resolver la vicegobernadora con su firma, pero que involucra a todo el oficialismo: ¿pagar el costo político de seguir ocultando la lista de los contratados o, tal vez, generar otra polémica, cuando se conozcan los nombres de los contratados?
La decisión sería fácil de tomar si existiera la certeza de que el escándalo terminará con la publicación del listado. Lo que intuyen muchos peronistas es que se generará otro debate público cuando se conozcan los nombres.
En este contexto, surge la pregunta del millón: ¿qué hay oculto en ese listado de contratados que el oficialismo y el gremio de legislativos se niegan a develar?
Es probable que haya familiares directos de legisladores o dirigentes. Pero, sobre todo, quedará al descubierto que muchos de esos contratados son militantes que no cumplen ninguna función en el Parlamento cordobés. En realidad, hacen un “trabajo político” en sus territorios, y a través de la Unicameral reciben una paga. Para no andar con grises, “militantes rentados”. El PJ cordobés no quiere cargar esa mochila, y menos en un año electoral.
Quienes conocen los vericuetos de la Legislatura dejan entrever que hará mucho ruido que se conozca un supuesto largo listado de exintendentes y exjefes comunales peronistas que no pudieron ir por su reelección en 2023 y que fueron premiados con cargos en la Legislatura.
Esta es una versión que agitan desde la oposición y que admiten –a regañadientes– algunos pocos oficialistas. Se verá, si es que aparece el listado.
Diferencias
En el peronismo, hay urgencia para que se termine esta polémica. Es lo que se discutirá en estos días en el oficialismo: ¿se termina el debate con la publicación de la lista?
Como se dijo más arriba, es muy probable que no. Porque se abrirá otro debate sobre los contratados que cobran un salario para militar mayoritariamente –en este caso es una suposición– en el PJ, más allá de que también es probable que haya contratados-militantes de otros espacios políticos.
En el oficialismo están divididas las opiniones. Muchos creen que la vicegobernadora Prunotto hará público el listado. Otros apuestan que no será así.
Por ahora, el gobernador Martín Llaryora se mantuvo al margen de la polémica. ¿Intervendrá en la decisión de publicar los nombres? Desde su entorno dicen que no tendrá injerencia. Entonces, surge otro interrogante: ¿la vicegobernadora tomará una decisión que puede ser trascendente para el cordobesismo sin consultarlo con su jefe político?
En realidad, si Llaryora tiene alguna intervención, nadie se enterará. Será una decisión, y sus consecuencias las deberá afrontar el oficialismo en la Legislatura.
Secuelas políticas
Lo que está claro es que el escándalo de los contratados profundizó una grieta que siempre existió entre la radical Prunotto y buena parte del PJ. La estructura jamás le reconoció méritos políticos para ser la segunda autoridad de la provincia, en el marco del proyecto cordobesista que trata de alimentar Llaryora.
Prunotto tenía el razonable temor (porque hasta diciembre su nombre sonaba fuerte) de que el gobernador la incluyera en el segundo lugar de la lista oficialista de candidatos a diputados nacionales, para las elecciones de octubre.
La primera consecuencia política de este escándalo es que la vicegobernadora ya no debería tener esa preocupación: difícilmente integre la boleta del cordobesismo en octubre.
Por otro lado, en el Centro Cívico muestran encuestas –que paga el propio Gobierno– que aseguran que este escándalo no tuvo impacto negativo en la imagen de la gestión provincial.
“Es un tema que sólo se discute en algunos medios. La gente está pendiente de otras cosas”, argumentó un llaryorista.
Es probable que el ciudadano común no esté pendiente de esta cuestión que atraviesa el ámbito político. También es cierto que el gobernador Llaryora es el jefe político del oficialismo y esta polémica le pega de lleno al espacio que gobierna la provincia desde hace más de 25 años. El mismo tiempo que tiene la protagonista central de esta polémica de final incierto: la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, sancionada el 6 de octubre de 1999, en el arranque de la primera gestión de José Manuel de la Sota.
