El conflicto dispar y anárquico que se vive en los hospitales de Córdoba cumple un mes, en una situación paradójica: el equipo de Salud provincial logró por primera vez en dos décadas un aumento sustancial por fuera del acuerdo general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), pero ayer decidió continuar la protesta, al igual que el SEP, que protestará por la suba al personal médico.
La suba por decreto al sector hospitalario, que la Provincia aplicará al sueldo de bolsillo de diciembre, llega casi al 90 por ciento para quienes hacen residencias médicas y oscila entre el 40 y el 60 por ciento para el resto de las categorías profesionales. Todos recibirán el adicional por recurso humano crítico –es decir, mantendrán a futuro el plus que desde diciembre los diferenciará del resto de los empleados públicos– y todos los aumentos serán remunerativos.
La Provincia asegura que los sueldos que pagará en diciembre al equipo de Salud son más altos que los de la ciudad y la provincia de Buenos Aires; que también estarán por encima de los de Mendoza y Santa Fe, y que serán muy superiores a los que paga el sector privado. Sin embargo, los hospitales provinciales ayer decidieron continuar la protesta en reclamo de “un 200% al básico”.
Para cumplir esa consigna, el Panal debería subirles el sueldo 200 por ciento a casi todos los empleados públicos. La viabilidad de ese planteo es nula, pero nadie en el Gobierno logró poner la discusión en un terreno razonable: es la principal evidencia de que la administración de Juan Schiaretti perdió la capacidad de conducir el frente gremial que el peronismo moldeó a su medida a lo largo de dos décadas.
Protesta contra el aumento
Hoy, pese a la suba salarial que dispuso por decreto, la Provincia no puede convencer a un sector mayormente no sindicalizado, inexperto en conflictos gremiales y castigado como pocos por el verdadero derrumbe que se vive en el mercado privado de la salud.
Para peor, el Gobierno se arriesgó a lesionar la más sólida alianza gremial que supo construir: el SEP del legislador oficialista José Pihen ya pidió la inmediata reapertura de la paritaria que firmó el 17 de noviembre y mañana marchará por el Centro contra la “deslealtad” del gobierno de Schiaretti. La UPS se plegó al reclamo, avalado por la CGT. Es el aumento a los médicos que siguen protestando el que generó esa conflictividad en cadena.
Nadie sabe cuánto le cuesta a la Provincia el incremento concedido al equipo de Salud. Mucho menos se puede calcular a esta altura cuánto hará falta ahora para calmar al resto de los estatales, que completarán en enero una suba anual cercana a 100% y en febrero volverán a sentarse en paritarias, pero mañana protestarán ante la mirada atónita de una inmensa mayoría de cordobeses con salarios que corren muy de atrás a la inflación, si es que tienen salario.
La irracionalidad de todo el cuadro es la que mejor representa la pérdida de dominio que vive el Gobierno, que en su confusión llega a imaginar la judicialización del conflicto médico.
El peronismo conoce mejor que nadie el riesgo político que representa ese nivel de conflictividad en el diciembre más crítico en muchos años. Es obvio que el Gobierno intenta cerrar el frente hospitalario y que no lo consigue. La capacidad de negociación también se pierde por falta de uso: hace mucho tiempo que el peronismo no necesitaba negociar.
Cada cual en su juego
Toda la dirigencia política mira a la distancia ese conflicto. No sólo el peronismo.
Martín Llaryora empieza a aceptar que la campaña electoral será en condiciones de adversidad permanente. Su lanzamiento como candidato a gobernador también cumplió un mes: cuatro semanas consumidas entre el escándalo político derivado del fatal siniestro protagonizado por el ahora suspendido legislador Oscar González, y el conflicto hospitalario.
Las diferencias empiezan a valer tanto como la continuidad en el discurso de Llaryora: avanza en el armado de la estructura –futuro gabinete incluido– que fortalezca su propuesta provincial; reactivará en breve su estrategia en fuera de la ciudad de Córdoba y puso a la gestión municipal capitalina en un ritmo febril de licitaciones y ejecución de obras.
Luis Juez y Rodrigo de Loredo –como toda la dirigencia opositora– se entusiasmaron primero con el impacto político de las dificultades del oficialismo en los hospitales. Pero no están detrás del conflicto ni alentando las protestas, y tampoco proponen soluciones; ni siquiera está claro que las tengan. Ese empieza a ser un problema para Juntos por el Cambio, que reitera una y otra vez la tesis del fin de ciclo y del agotamiento de Hacemos por Córdoba, pero sigue sin mostrar qué tipo de cambio es el que propone.
Frente a la magnitud de los problemas que muestra la provincia, la larga novela de las candidaturas paralelas, la desconfianza mutua y la permanente ausencia de reglas de juego ya se volvió redundante internamente y –lo que es más problemático– inentendible para quienes miran de afuera y ya ni siquiera están seguros de tener en Juez un candidato a gobernador y en De Loredo un candidato a intendente.
En busca de alguna certeza, los opositores se pusieron fecha de compromiso: antes del 20 de diciembre, radicales, juecistas y amarillos firmarán la alianza que todavía no existe.
