El personal que trabaja en la Legislatura de Córdoba, unas 1.800 personas, equivale en volumen a lo que sería una gran empresa privada. El Concejo Deliberante de la Capital emplea a 703 personas, una cifra semejante a la dotación completa de la Gendarmería Nacional. Y el Tribunal de Cuentas de la Provincia suma 278 agentes, casi el mismo número que trabaja en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
Poner estos datos en perspectiva ayuda a dimensionar la magnitud –y la eficiencia– del aparato público provincial.
La Voz publicó recientemente un análisis sobre la Unicameral y su estructura de personal. Allí se detalló que, con más de mil sueldos mensuales, la Legislatura está a la par de firmas privadas como Arcor, Aceitera General Deheza, Renault, Stellantis (Fiat), Konecta, Evoltis, Mercado Libre, el Hospital Privado, el Sanatorio Allende o el Grupo Libertad, entre los más importantes.
A este número se suman los 670 empleados del Concejo y los 278 del Tribunal de Cuentas, lo que eleva la planta conjunta de estos tres organismos a 2.748 personas.
Esa cifra supera, en muchos casos, al total de empleados de las principales empresas privadas de Córdoba.
Y no se trata de una suma antojadiza, ya que a todos se les paga con el mismo dinero, que sale del mismo lugar: el bolsillo del contribuyente.
A nivel nacional
La comparación con estructuras nacionales, tomando al Indec como fuente, también aporta perspectiva. Por ejemplo, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) emplea a 1.721 personas en todo el país, un número similar al de la Legislatura cordobesa.
Como se dijo, la Gendarmería Nacional –institución de despliegue federal– tenía en febrero pasado 689 efectivos activos, 14 menos que el Concejo Deliberante cordobés.
Incluso si se toma como referencia un organismo público nacional como Arca (la Administración de Recursos Humanos del Estado), el contraste sigue siendo llamativo.
A nivel nacional, Arca emplea 20.166 personas, de las cuales 1.007 trabajan en Córdoba.
Esa dotación está pensada para gestionar todos los recursos humanos de la administración pública nacional en la provincia.
En ese contexto, los 278 empleados del Tribunal de Cuentas adquieren otra dimensión, por la demanda que requieren uno y otro trabajo (el control gubernamental de los gastos del Panal frente al cobro de impuestos nacionales a toda la provincia).
